Nacional
El ministro Rubalcaba confía en que la Justicia «castigue
a quienes han cometido un acto que es puro vandalismo»
09.09.09 -
La Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales reforzarán la seguridad en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y en las localidades que celebren sus fiestas para evitar incidentes como los registrados la madrugada del domingo, mientras que desde las instituciones se pide que los implicados no queden impunes.
Tanto el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, como la delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, y el consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, aseguraron ayer que se reforzará la presencia policial para evitar que en las fiestas se repitan altercados como los de Pozuelo, que acabaron con 20 jóvenes detenidos y diez policías heridos.
Por su parte, el alcalde de Pozuelo, Gonzalo Aguado, avanzó que prohibirá el 'botellón' en las fiestas de la localidad y que el Ayuntamiento se personará como acusación en el proceso judicial derivado de los altercados.
El ministro Rubalcaba anunció que se reforzarán las medidas policiales para que los actos vandálicos de Pozuelo «no se vuelvan a repetir» y confió en que el juez encargado del caso «castigue a quienes han cometido un acto que es puro vandalismo». Insistió en que la Justicia debe emitir castigos tanto en el aspecto de las penas individuales como procurando que la responsabilidad civil de los daños «se pague».
Contra el 'botellón'
En la misma línea se pronunciaron el consejero madrileño y la delegada del Gobierno. Valcarce detalló que se reforzará la presencia policial, que ya se incrementó por la campaña de verano, tanto en las fiestas de Pozuelo, que no acaban hasta el día 12, como en el resto de las localidades.
Tras el verano, la Delegación de Gobierno convocará una comisión con la Federación de Municipios Madrileños (FMM) para analizar si la ley que regula el denominado 'botellón' es suficiente y para elaborar planes que ofrezcan una alternativa diferente de ocio para los más jóvenes.
Valcarce y Granados insistieron en que altercados como los registrados en Pozuelo no se pueden volver a repetir y aseguró que sus responsables no quedarán impunes, ya que si son menores tendrán que responder sus padres.
De hecho, la Delegación abrió un expediente administrativo para que se depuren las responsabilidades de este tipo, además de las que se determinen judicialmente. La Ley de Seguridad Ciudadana prevé multas de entre 300 y 30.000 euros para las personas que cometan actos vandálicos.
La presidenta Esperanza Aguirre deploró la imagen de impunidad tras los sucesos y manifestó su confianza en que los jueces «tomen las medidas oportunas» para castigar a los responsables.
La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, abogó por «no criminalizar» a los jóvenes ni a los padres ni al Ayuntamiento, mientras que la portavoz de IU, Inés Sabanés, recordó que faltan recursos para aplicar la 'ley antibotellón'.
