Alegaciones gijonesas a la OLAF

El informe de la OLAF que pide la retirada de toda ayuda europea a la obra de ampliación de El Musel es la culminación de un largo proceso que tuvo el año pasado el más reciente rifirrafe. Le tocó a Rosa Aza, en respuesta a la invitación de la OLAF a contestar a sus acusaciones, defender la posición de la Autoridad Portuaria de Gijón. La presidenta de El Musel ya utilizó entonces varios de los argumentos que ha reiterado en los últimos días, así como los defendidos por el Gobierno del Principado.

Rosa Aza, ante las sospechas de que el contrato inicial ya contuvo irregularidades, por lo previsto sobre contratación de las canteras, asegura que «el régimen establecido» por la CE al aprobar la subvención a El Musel «ha sido cumplido», y dice que «en modo alguno la regulación del contrato de obra de la ampliación del Puerto de Gijón permitía ni posibilitó realmente el incremento a posteriori para la Autoridad Portuaria del 'precio unitario' fijado en el proyecto».

También señala la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón que «resulta inequívoco que, después de la adjudicación del contrato, el precio del material por toneladas suministrada quedaba prefijado de modo invariable, operando como precio máximo, que se aplicaría en cada una de las certificaciones que sucesivamente fueran expedidas a la adjudicataria por unidades de obra ejecutadas».

En ese sentido, la respuesta de Rosa Aza a la OLAF señala que «no deben confundirse los gastos subvencionados, derivados del proyecto principal, con los gastos no subvencionados», que son los relacionados con el modificado «aprobado por circunstancias sobrevenidas e imprevisibles de acuerdo con la legislación comunitaria y nacional».

El dato de que «únicamente han sido considerados como gastos subvencionables los pagos realizados según el proyecto principal adjudicado» es fundamental para defender que la subvención europea «no ha sido aplicada a los gastos adicionales del proyecto», es decir, al modificado que ha rechazado la Comisión Europea.

Responsabilidad penal

También alega Rosa Aza que los acuerdos entre la UTE y sus proveedores no siempre fueron conocidos por la Autoridad Portuaria, aunque posteriormente hayan trascendido, de forma que no cabe pedirle responsabilidades por ello. Además, «esta Autoridad Portuaria trasladará a las autoridades competentes, a través de los procedimientos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, las conclusiones de esa oficina acerca de posibles conductas y pactos no transparentes que fueran eventualmente imputables a la UTE Dique Torres y que hubieran podido perjudicar los intereses económicos del Puerto de Gijón. Al efecto, no cabe descartar la promoción de acciones legales ante la jurisdicción penal, si hubiera causa para ello».

Rosa Aza rechaza tajantemente las irregularidades señaladas por la OLAF en lo referido al control de camiones y materiales de cantera, hasta el punto de que afirma que «revisados los datos en nuestro poder, debe concluirse que los manejados en su carta son inexactos en unos casos, irrelevantes o no significativos en otros y en lo restante encuentran su explicación en la pertinente justificación técnica». También es tajante Rosa Aza al afirmar que en las acusaciones de la OLAF «se mencionan datos económicos y se realizan consideraciones sobre el resultado final o 'liquidación' del contrato que no son correctos», porque «debe quedar claro que no ha existido reducción alguna en los trabajos contemplados en el proyecto original ni abonos por exceso a la UTE adjudicataria que le hubieran sido reclamados. El proyecto fue ejecutado en su integridad» y la no utilización de todo el presupuesto previsto en el modificado, por importe de 92,5 millones de euros, «nunca abonado a la contratista, se debió, precisamente, a que fue posible suministrar mayor volumen de materiales a la obra desde las canteras previstas inicialmente, es decir, reduciéndose significativamente los aportes desde canteras comerciales, más onerosas, con la consiguiente minoración importante de los costes adicionales».

Reproche

Si la OLAF acusa a la Autoridad Portuaria de Gijón de cometer presuntas irregularidades, Rosa Aza llega a dudar también del respeto de la OLAF por los reglamentos. Así, la presidenta de El Musel indica que la OLAF comunicó el 24 de junio de 2011 un expediente de investigación abierto el dos de diciembre de 2010 por una denuncia que se remonta a 2008 y que no fue notificada.

«Estas circunstancias nos parecen relevantes, a los efectos de lo dispuesto en los reglamentos comunitarios aplicables ... en cuanto a los plazos máximos y las reglas de tramitación y garantías que rigen en los procedimientos de investigación de esta naturaleza y en la legislación nacional».

Además, el pliego de alegaciones de la Autoridad Portuaria de Gijón pide que se tenga en cuenta que la Comisión Europea centró el procedimiento abierto en las cuestiones relacionadas con el contrato inicial, que archivó en 2010, y dejó «al margen» todo lo relacionado con el modificado, por no ser subvencionado con los fondos europeos. También pide atención al resultado de las auditorías y controles realizados por España y «agentes de la Comisión».