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La OLAF no entiende el sobrecoste de El Musel cuando tuvo gratis la piedra

Pone en duda la necesidad del modificado de 250 millones para la ampliación al contar con el 75% de los áridos sin contraprestación directa

Marco Menéndez

Sábado, 17 de mayo 2014, 18:11

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El informe de recomendaciones redactado por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), de la Comisión Europea, sobre las presuntas irregularidades o, «incluso, fraude», que se hayan podido producir en la gestión y ejecución de las obras de ampliación del puerto de El Musel, duda de que fuera cierta la necesidad de realizar un modificado del proyecto portuario por 250 millones de euros cuando, según sus investigaciones, no existía contraprestación económica directa por la extracción de materiales de las canteras de Tudela Veguín. Es más, apunta que la realidad y las informaciones transmitidas por la Autoridad Portuaria de Gijón al respecto, son contradictorias.

El documento refleja que, «contrariamente a las informaciones transmitidas por el beneficiario (Autoridad Portuaria de Gijón) de la ayuda (Fondos de Cohesión) a la OLAF, el precio de los materiales suministrados por las canteras de Tudela Veguín no se correspondía con el precio inicialmente aprobado en el proyecto. De hecho, no existía ninguna contraprestación económica directa por la extracción de los materiales en estas canteras». Hay que recordar que se trata de las de Perecil I, La Hoya y Peña María.

Consecuencia de esto, los investigadores concluyen que el sobrecoste facturado habría dado lugar a «un aumento del beneficio industrial más gastos generales». Además, en opinión de la OLAF, la Autoridad Portuaria de Gijón estaría al corriente de esta situación, ya que uno de sus representantes «firmó el contrato acordado entre Tudela Veguín y la UTE Dique Torres el 11 de enero de 2006». Ese contrato permitía la extracción de casi 18 millones de toneladas, que fueron aumentadas en otros 6,1 millones en virtud de otro contrato firmado el 17 de marzo de 2009.

Varios contratos

La cronología de todos estos contratos con Tudela Veguín, según las autoridades de Bruselas, arranca en 2004, para la extracción de seis millones de toneladas de la cantera de La Hoya. En 2005 se rubrica otro acuerdo para la obtención de 17.720.000 toneladas de La Hoya y Peña María, aunque «no existía ninguna contraprestación económica directa». Ese mismo año se firmó la venta de terrenos en Peña María para extraer piedra, así como a firmar un contrato por el que la UTE Dique Torres procedía «de forma gratuita, a la instalación temporal de una fábrica de machaqueo y de clasificación de agregados en la cantera de La Hoya». El 2006 se acuerda la extracción de materiales en Peña María de forma gratuita y tres años más tarde se amplía el acuerdo en otros 6,1 millones de toneladas.

La OLAF asegura en su informe que Tudela Veguín «facturó únicamente a la UTE los importes relativos a los costes soportados por la empresa relacionados con la explotación de las canteras y que, según los contratos firmados, corresponden a la UTE Dique Torres (voladuras, excavaciones, tasas e impuestos diversos, seguridad, grúas, servicios de máquinas, etcétera). El importe total facturado entre el 31 de agosto de 2005 y el 28 de febrero de 2011 se elevaba a 7.703.456,10 euros».

De La Hoya, según los investigadores, se extrajeron 19.714.343 toneladas de pedraplén, escollera, rellenos y áridos, mientras que de Peña María fueron 4.143.352 toneladas de material, aunque la cementera cifra esta cantidad en poco más de 3,5 millones de toneladas.

Todo esto hace concluir a los investigadores de la OLAF que «resulta incomprensible que el beneficiario haya aceptado un aumento de 250 millones de euros invocando o basado principalmente en el aumento del precio de los materiales mientras que la empresa adjudicataria había firmado un contrato para extraer, sin ninguna contraprestación directa, unos 24 millones de toneladas de piedras, representando alrededor del 75% de la totalidad de las piedras utilizadas».

La defensa de la Autoridad Portuaria de Gijón se fundamenta en que la subvención europea solo se refiere al contrato original de la obra, que la revisión de la misma se aprobó «por razones técnicas» y que lo pagado a la UTE por el suministro de todo en uno y de escolleras desde canteras diferentes a las previstas en un principio «ha representado 91.589.663,97 euros». Además, recuerda que el Puerto de Gijón ha denegado pagos adicionales a la UTE, por lo que el asunto aún está en los tribunales.

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