El servicio de intermediación municipal logra doce daciones en pago en dos años

200 expedientes iniciados, 192 cerrados y 170 con finalización positiva. Es el resultado de algo menos de dos años de trabajo del Servicio de Intermediación Hipotecaria que la Empresa Municipal de la Vivienda puso en marcha en colaboración con el Colegio de Abogados de Gijón. Dos años en los que se ha intervenido en situaciones dramáticas, algunas más que urgentes, familias con todos los miembros en paro, desempleados de larga duración y personas que hasta hace poco tenían una buena situación económica y ahora se enfrentan al drama de no poder hacer frente al pago de la hipoteca. En todos los casos la primera opción ha sido siempre tratar de renegociar la deuda con los bancos, para que las familias (algunas con todos sus miembros en paro) no perdieran sus viviendas. Parar los desahucios es siempre la prioridad.

Entre todos los resultados positivos destaca uno: las doce daciones en pago que se han logrado. Doce familias que tenían que hacer frente a ejecuciones hipotecarias y se habrían visto obligadas a seguir pagando sus cuotas al banco y gracias a este servicio municipal han podido entregar sus viviendas y liquidar así la deuda. En algunos casos se logró un alquiler social, otros dejaron ese piso e incluso hay algún afectado que ha abandonado el país. Sabían los abogados que lograr daciones en pago no sería fácil, que las entidades bancarias no están por la labor. Pero en esos doce casos se ha logrado.

Desde Emvisl se reconoce que ésta no siempre es la mejor solución, ya que para algunas familias la cantidad que les resta por pagar es muy inferior al valor del piso, «por lo que hay que intentar que lo conserven por todos los medios», asegura la gerente de la empresa, Elena Sevilla. Además, «hay que tener en cuenta que una vez que pierden su vivienda tienen que pagar un alquiler».

Los acuerdos positivos del servicio pasan también por 53 casos en los que se logró una reestructuración de la deuda, esto es, un cambio en alguna condición de la hipoteca, bien sea el periodo, las cuotas o la eliminación de la cláusula suelo. Para 42 familias, los abogados lograron un periodo de carencia. Esta es la opción que suelen preferir las entidades bancarias y que supone que durante algunos meses la familia afectada solo paga intereses y no capital. Este acuerdo da un respiro a los afectados, aunque hay que tener en cuenta que cuando se reanude la amortización de la deuda las cuotas serán aún más elevadas.

Desde septiembre de 2011 se han registrado 1.008 consultas y se han dado 606 citas. Hay casos, 29 en concreto, en los que no se logró un acuerdo o que la familia no aceptó las condiciones pactadas. Dice Elena Sevilla que este dato no tiene por qué ser negativo, ya que algunos afectados no lo aceptaron porque empezaron a trabajar y pudieron hacer frente al pago o lograron apoyo económico de la familia, por ejemplo. Otros expedientes (63) se cerraron sin llegar a intervenir. Esta cifra incluye los casos que han tenido que ser derivados a otros servicios jurídicos porque la ejecución hipotecaria ya estaba en marcha, entre otras situaciones. Por eso, Francisco José González, coordinador del servicio, recomienda a los afectados que acudan cuanto antes.

Primer trimestre

Esta es una de las líneas de ayudas puestas en marcha en los últimos dos años en Gijón, visto el drama de los desahucios. En el primer trimestre de este año se registraron 320 ejecuciones hipotecarias. Aunque alta, la cifra es un 3% inferior al primer trimestre del año pasado, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. En los próximos meses se sumará una nueva ayuda para estas familias: eximirles del pago de la plusvalía. Existe ya un principio de acuerdo entre el equipo de gobierno y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Asturias. Su propuesta fue elevada hasta el Pleno por el grupo municipal socialista y aprobada en el mes de marzo. Hace solo unos días el concejal socialista Francisco Blanco acusaba a Foro de obstaculizar estas ayudas. Por ese motivo miembros de la plataforma se manifestaron el viernes ante el Ayuntamiento. Ese mismo día, la Empresa Municipal de la Vivienda les citó para un encuentro que tuvo lugar ayer y en el que participaron Elena Sevilla, de Emvisl (que se mostró molesta por la protesta del viernes, ya que «la negociación estaba abierta»), y el director económico financiero del Ayuntamiento, Ignacio Sanz.

La voluntad es eximir del pago de la plusvalía a las familias afectadas por una ejecución hipotecaria, dación en pago o alguna situación similar y hacerlo con carácter retroactivo a 1 de enero de 2011. La plataforma solicitaba devolver a las familias el importe que hubieran pagado ya, mientras que el Ayuntamiento se muestra más dispuesto a 'perdonar' las cuotas aún no abonadas (de familias que hubieran aplazado o fraccionado el pago) pero no reintegrar las cantidades ya pagadas. En los casos de retroactividad se comprobará que la situación económica de la familia no haya mejorado desde la ejecución hipotecaria. Para beneficiarse de la ayuda se exigirá estar empadronado en Gijón y que los ingresos familiares no superen dos veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Los trámites que restan alargarán aún algunos meses la puesta en marcha de la ayuda, que arranca con el compromiso municipal de hacer frente a la partida económica necesaria, que el PSOE cifró en 200.000 euros.