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El acuerdo para salvar la autopista del mar está pendiente del visto bueno de Bruselas

Puertos del Estado, Francia y la naviera pactan un modelo para prorrogar las ayudas al menos un año; la Comisión debe validarlo

RAMÓN MUÑIZ

Viernes, 19 de septiembre 2014, 00:42

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España y Francia han alcanzado un principio de acuerdo con la empresa que opera la autopista del mar entre Gijón y Saint Nazaire. Debido al interés estratégico de la conexión, las administraciones estatales acceden a continuar subvencionando el servicio al menos un año, esquema que deberá contar con el visto bueno de la Comisión Europea. «La comisión intergubernamental y la naviera han presentado ya una propuesta conjunta y ahora estamos a la espera de que Bruselas se pronuncie en algún sentido», informaron ayer desde Puertos del Estado.

El papel de la Comisión Europea dentro de este nuevo esquema no reside en su participación financiera. A Bruselas sólo se le pide que se haga cargo de la situación y no juzgue ilegales las ayudas que los estados aportarán a la naviera.

Hasta ahora la intervención comunitaria se ha manifestado por dos vías. De un lado autorizó la concesión de una ayuda máxima dentro del programa Marco Polo, por importe de 4,1 millones. De esta cantidad Bruselas ya liquidó el 70%, quedando la cuantía restante condicionada a una evaluación -todavía pendiente- sobre el resultado de la conexión.

Esta subvención estaba sujeta a un programa cuyo sentido era dar un impulso a la apertura de la línea, pero una vez venció este mes el plazo fijado en la convocatoria, las fuentes comunitarias consultadas consideran improrrogable su apoyo. Los portavoces de la Dirección de Transportes aclaran también que la falta de rentabilidad de la línea esgrimida por la naviera tampoco es motivo suficiente para exigirle la devolución de los fondos.

La relevancia de la Comisión no reside tanto en el dinero que aporta, como en su obligación de impedir que los Estados adulteren la libre competencia beneficiando a una empresa en contra de sus competidores. Así lo evidenció la decisión adoptada por el Ejecutivo comunitario en enero de 2010 y que posibilitó el nacimiento de la conexión.

El documento es todo un ejercicio de equilibrio realizado por los juristas de la Comisión. España y Francia anunciaban su intención de apoyar la autopista del mar con una aportación máxima de 15 millones cada uno, sin embargo hubo un privado que denunció ante las autoridades comunitarias semejante proyecto. Se trata de la holandesa Transfennica, que explota un servicio de cabotaje entre Bilbao y Brujas. La entonces eurodiputada holandesa Corien Wortmann-Kool se alineó con los intereses de la compañía y maniobró contra el proyecto francoespañol.

Transfennica ya denunció

Al analizar el conflicto, la Comisión confirmó que las ayudas a la línea Gijón-Saint Nazaire son «una subvención directa» que en efecto «confieren una ventaja económica a la empresa beneficiaria». Los juristas comunitarios estimaron sin embargo que había suficientes camiones para que ambas líneas operasen y que Transfennica apenas sufriría «pérdidas marginales» por debajo del 6%.

Pero el punto clave que llevó a Bruselas a desestimar los argumentos del denunciante fue, precisamente, los límites y condiciones que España y Francia daban a sus ayudas. Es decir, los acotamientos que ahora pretende ampliar.

Los países se comprometían a minorar año a año sus aportaciones según un plan comercial que preveía que al quinto año de explotación (esto es, 2015) el servicio «será económicamente viable y dará beneficios». El importe de la ayudas «no rebasará en ningún caso el 35% de los costes subvencionables» así designados según las bases del programa Marco Polo. La cuantía del canon iría además condicionada a la captación de un determinado volumen de camiones. La duración de la financiación pública «es de cuatro años, lo cual es inferior a la duración máxima de cinco años» prevista en las Directrices marítimas.

La naviera y los Estados han negociado dentro de este marco. El principio de acuerdo recuerda que la empresa no agotó los 30 millones de ayuda máxima concedida; por eso proponen ampliar en un año la vigencia de la subvención conforme al tope fijado en las directrices.

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