El fiscal expedienta a dos compañeras de la alumna del Santo Ángel que se suicidó

Un delito contra la integridad moral, vejaciones e insultos reiterados. Son los hechos de los que se acusa a dos compañeras de la alumna del colegio Santo Ángel que se quitó la vida el 11 de abril de 2013 después de sufrir un supuesto acoso escolar. La Fiscalía de Menores del Principado de Asturias ha decidido abrir expediente a otras dos alumnas del centro al considerar que existen pruebas que dejan constancia del presunto hostigamiento a la que tenían sometida a la víctima.

La decisión de reabrir el caso que había sido archivado hace un año ha sido recibida con «enorme satisfacción» por la madre de la adolescente de 14 años que se precipitó de forma voluntaria desde el parque de La Providencia. «Llegaremos hasta el final, pero ya es un primer paso que se reconozca que la niña sufrió acoso por parte de sus compañeras durante tiempo», explicó su abogada, Leticia de la Hoz.

La denuncia inicial fue archivada, ya que se había tramitado por un delito de inducción al suicidio, un extremo que no tuvo base jurídica para su imputación. «Las diligencias fueron reiniciadas en abril de este año tras una nueva denuncia interpuesta por la representación legal de la madre de la menor. Tras la realización de las investigaciones para intentar acreditar quiénes de sus compañeras de clase pudieran haber participado activamente en los hechos, se llegó a la identificación de cuatro menores, aunque una de ellas en ese fecha aún no había cumplido 14 años -por lo que no tiene responsabilidad penal-», explicó ayer la fiscalía mediante un comunicado.

«Respecto a otra de las denunciadas, se consideró que únicamente había tenido una pelea con la víctima unos seis meses antes de su muerte, sin que esté acreditado que interviniese en los insultos y las vejaciones posteriores», añade.

«Otros factores»

La Fiscalía de Menores no considera, sin embargo, «que estos hechos sean constitutivos de un delito de inducción al suicidio, pues no existe ninguna base para creer que las menores expedientadas actuaban con la intención de lograr que la víctima se quitase la vida, hecho que pudo venir determinado por la conjunción de muy diversos factores, cuyo esclarecimiento no compete a esta jurisdicción».

Una vez concluidas las diligencias de la investigación, se abre ahora el periodo del proceso judicial en sí. De confirmarse su responsabilidad, las dos expedientadas (una figura jurídica similar a la imputación en mayores de edad) podrían ser condenadas a un periodo de libertad vigilada, al pago de una sanción económica o incluso al internamiento en un centro de menores.

La abogada que representa a la familia de la víctima pretende que se haga extensible a la dirección del centro escolar la responsabilidad subsidiaria por el acoso escolar que supuestamente sufrió la alumna «sin que los responsables del colegio hiciesen nada pese a conocer la situación porque se la había comunicado la propia madre». Además, se reservan el derecho a iniciar acciones civiles contra el colegio Santo Ángel una vez que concluya el procedimiento por la vía penal. «No queremos dinero, lo que queremos es que se haga Justicia por la niña», concluye.