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Raimundo Abando, ayer, en su comparecencia.
El expresidente del puerto de Avilés denuncia la obra de El Musel en el juzgado

El expresidente del puerto de Avilés denuncia la obra de El Musel en el juzgado

Raimundo Abando acusa a la UTE, a la anterior dirección y al consejo de «corrupción y fraude» en la obra

NACHO PRIETO

Viernes, 7 de noviembre 2014, 00:25

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Las supuestas irregularidades en la contratación y ejecución de las obras de ampliación del puerto de El Musel de Gijón, que han llevado a la Comisión Europea a anular la subvención de 245,7 millones de euros que tenía comprometida y a pedir al Gobierno de España la devolución de los 198 millones ya aportados, llegó el día 3 a los juzgados de la mano del presidente de la Asociación Ciudadanos por Asturias y expresidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Raimundo Abando.

La denuncia, presentada al Juzgado Decano y que todavía está pendiente de admisión, hace hincapié en la circunstancia de que el puerto pudo favorecer a determinadas empresas o personas durante el procedimiento de adjudicación y pudo, también, admitir un incremento de precios respecto al contrato inicial en circunstancias ilegales.

Abando señala en su denuncia a los responsables de las empresas que conformaron la UTE Dique Torres; al presidente y director de El Musel durante la ejecución de los trabajos, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, respectivamente, y a los miembros del consejo de administración que, «conociendo los hechos, hubiesen dado su conformidad o no hubiesen votado en contra de la aplicación de los nuevos precios».

La denuncia añade también que «en los hechos podría haber participado el entonces presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, quien, no siendo consejero, deberá justificar su asistencia al consejo de administración de la Autoridad Portuaria el día de la aprobación de la modificación del proyecto y todos aquellos que a resultas de las actuaciones judiciales hayan podido tener, por acción u omisión, implicación en los hechos denunciados».

Según la denuncia, «lo cierto y real es que contraviniéndose todas las normas sobre contratación pública, se variaron sustancialmente las condiciones de contratación hasta el punto de viciar de modo obsceno todo el procedimiento seguido, vulnerando los derechos de los demás licitadores en beneficio de la empresa adjudicataria y se intentó engañar a la Comisión Europea para abonar los gastos ocasionados, con claro perjuicio, en todo caso, a los ciudadanos españoles que se ven abocados a soportar con sus impuestos los desmanes producidos».

Sobre la tipificación de los hechos que describen, el documento presentado en el Juzgado cita que «podrían constituir ilícitos penales» de corrupción entre particulares, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

La particularidad de los hechos denunciados por Ciudadanos por Asturias es que Abando no se limita a recoger y reproducir las presuntas irregularidades detectadas por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), «que se centra en las vulneración de las normas europeas», sino que fundamenta sus sospechas en el Derecho español.

«El fondo de nuestra denuncia es la corrección de precios en la cantera de Aboño con posterioridad a la adjudicación de las obras», indicó. Y esto, por varios motivos, entre los que cita que fue firmada, el 30 de octubre de 2006, por José Luis Díaz Rato, cuando «el director de obra no puede alterar, en este caso aumentar, unos precios sin tramitar un expediente de modificación del contrato y sin que lo apruebe el órgano de contratación, es decir, el consejo de administración». La modificación fue sustancial, al pasar de 7,3 a 17,23 euros el metro cúbico de todo-uno y de 8,25 a 18,22 euros la piedra de escollera. Además, Abando se pregunta por qué se redacta el modificado dos años más tarde de conocerse que no podría ser utilizada desde el principio la cantera de Aboño, es decir, que se iba a producir un sobrecoste; por qué durante todo el 2005 y 2006 se niega el sobrecoste; por qué y cómo se empiezan a pagar los sobrecostes sin abrir expediente del modificado y sin autorizarlo el consejo de administración; cómo se abre un expediente de modificación del proyecto sin que haya nuevas unidades de obra, sino solo aumento de precios, y cómo se puede tramitar el modificado si el aumento de la obra superaba el 20% del precio de adjudicación.

Derroche

Raimundo Abando enmarcó ayer los problemas de El Musel en el contexto de una administración caracterizada por el derroche y la falta de control del gasto, una obra en la que quienes la ejecutan son quienes pagan a quienes la vigilan y una tendencia a justificar obras en función de unas previsiones de negocio que quienes las realizan saben que están engañando y quienes las atienden saben que están siendo engañados, en referencia a los planes de empresa de las autoridades portuarias y al papel fiscalizador de Puertos del Estado.

El líder de Ciudadanos por Asturias destacó que intentar engañar también a la Comisión Europea para financiar el sobrecoste como si fuera una segunda fase de las obras salió caro y dijo que tanta corrupción es que las anomalías de pesaje afecten al 5% de los camiones como que el porcentaje sea mayor.

Es más, Abando defendió ayer que «si hay que devolver el dinero es porque lo hemos hecho mal y hay que pedir responsabilidades». En este sentido, se negó a ocultar lo sucedido con el objetivo de cobrar la subvención y anunció que enviará su denuncia a la Comisión Europea y al Tribunal de Luxemburgo, donde previsiblemente acabará el conflicto.

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