Aza: «Tal parece que no se ejecutó la obra, pero está ahí»

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Rosa Aza, defendió ayer con convicción, en una comparecencia ante los medios informativos tras la reunión del Consejo de Administración que convocó para informar de las alegaciones presentadas contra la retirada de fondos europeos, que ninguno de los documentos que contiene el expediente de la obra de ampliación de El Musel permite pensar que se produjo irregularidad alguna. Aza señaló también que no aprecia nerviosismo en el Consejo ante la entrada del caso en vía judicial, que la Unión Europea y la OLAF negaron a España el acceso a parte del expediente sancionador y que la Fiscalía Anticorrupción «nunca» se puso en contacto con la Autoridad Portuaria para realizar comprobación alguna sobre las acusaciones de la OLAF.

Fue, según Aza, una reunión «tranquila» y rápida, en la que no apreció cambio alguno de actitud en el representante de la Abogacía del Estado. De hecho, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón evitó cualquier opinión sobre la situación creada que pueda interpretarse en clave política y sobre la investigación emprendida por el juez Gómez Bermúdez se limitó a decir, que «está en fase de diligencias previas. No hay causa todavía y puede que no la haya nunca. Ahora es decisión del juez si abre causa o no».

En ese contexto, Rosa Aza dedicó prácticamente toda su intervención a desmontar las acusaciones de la OLAF que hizo suyas la Comisión Europea, tanto desde un punto de vista del procedimiento, al insistir en que todo lo tratado en la audiencia de 2010 es improcedente porque se agotó el plazo para rectificar lo defendido entonces por el puerto, como desde un punto de vista del fondo, al asegurar que muchos datos sobre el control de los trabajos son simplemente falsos. El objetivo principal de El Musel es «evitar perjuicios económicos» y dejó claro que no sólo se trata de evitar la devolución de lo ya recibido, sino de cobrar también los 50 millones que no fueron abonados.

En ese sentido, Rosa Aza aseguró que los pliegos de contratación de la obra dejan claro que el puerto no pagó ni tenía que pagar por el peso de los materiales utilizados ni por los transportes -de forma que algunos errores en la anotación de los camiones serían irrelevantes-, sino por material puesto en obra, que excluye incluso lo que la mar se pudo llevar.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón se mostró medio sorprendida y medio indignada por la circunstancia de que, saltándose el principio de proporcionalidad que debería tener cualquier sanción, la Comisión Europea, al proponer la retirada de toda la subvención, «viene a declarar todo el gasto irregular. Parece que no se ejecutó la obra, pero está ahí».

Uno de los errores que Rosa Aza achacó al expediente de la OLAF es que transforma toneladas en metros cúbicos sin tener en cuenta la diferente densidad de los distintos materiales, ni siquiera que durante el transporte, especialmente de las piedras mayores, se producen huecos que no existen ni en las canteras ni bajo la mar, una vez colocados.

Multicontabilización

Sobre las supuestas irregularidades en la contabilización de los camiones y su pesaje, la presidenta de El Musel aseguró que la Autoridad Portuaria comprobó que los listados de la OLAF son erróneos no sólo por detectarse anomalías en una cantidad mucho menor de la señalada, sino también porque no se tuvo en cuenta que la corta distancia entre las canteras y El Musel posibilitaba que cada camión hiciera varios viajes al día, y en algunos casos bien podía coincidir el pesaje, sin que eso signifique que se contabilizaran varias veces de forma irregular.

En cualquier caso, la conclusión de los responsables portuarios es que no sólo no hay ningún documento en el puerto que despierte sospechas, sino que tampoco hay prueba alguna de que se hayan cometido irregularidades ni en el informe de la OLAF, ni en la propuesta de la Dirección General de Política Regional de la Unión Europea, ni en lo que ha trascendido de la actuación de la Fiscalía.

Antes bien, Rosa Aza explicó que el informe de la Abogacía que encargó Puertos del Estado alude a posibles delitos «si se demuestra que las acusaciones de la OLAF son ciertas», condicional en el que la presidenta de la Autoridad Portuaria se apoyó para defender que, a su juicio, la Abogacía del Estado no ha cambiado su conformidad con las decisiones tomadas durante las obras de ampliación.