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Intervención del Estado constata «mala gestión y falta de control» del Puerto en la obra de El Musel

Intervención del Estado constata «mala gestión y falta de control» del Puerto en la obra de El Musel

Asegura que el modificado del proyecto aprobado evidencia que la Autoridad Portuaria «incumplió su responsabilidad de dirección e inspección»

Marcos Moro

Martes, 23 de junio 2015, 01:48

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La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) no sólo pone en tela de juicio la adjudicación de la obra de la ampliación de El Musel a la UTE Dique Torres, sino que constata «mala gestión y falta de control» por parte de la Autoridad Portuaria de Gijón desde prácticamente el inicio de los trabajos. El informe elaborado por dos interventoras que han revisado todo el expediente del proyecto, y que forma parte de las diligencias penales ordenadas por el juzgado central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, es demoledor en ese sentido.

Asegura que se dan una serie de circunstancias que ponen en evidencia «dudas acerca de la operatividad en relación con el objeto de contrato de ampliación del Puerto de Gijón». Y se remonta, para ello, a la reunión de 16 de junio de 2006 en la que la UTE manifiesta a los responsables de la Autoridad Portuaria que se ha incurrido en un sobrecoste de más de 200 millones de euros por lo que es necesario tramitar un modificado de la obra. En este importe, indica el informe de la Intervención General del Estado, no están incluidos los sobrecostes por obtención de material de la cantera de Aboño en vez de la de Peña María (de Tudela Veguín) valorados en 35 millones ni las pérdidas de materiales que la UTE achaca a los métodos de ejecución elegidos por la Autoridad Portuaria para avanzar en la ejecución de los plazos de la obra y que también ascienden a 35 millones de euros. Sobre este punto, las interventoras aseguran que «no consta en la documentación aportada documentación que permita valorar el alcance de esta afirmación y su cuantificación, no obstante, ambas circunstancias se configuran como índices de una mala gestión y un mal control de la ejecución por parte de la Autoridad Portuaria de Gijón que incumple su responsabilidad de dirección e inspección de la obra».

Ocultación de los sobrecostes

Otra grave irregularidad en la que incide el informe de las interventoras estatales Fátima Blasco e Imilce Navarro es que el Puerto y la UTEacordaron en una reunión en junio de 2006 ocultar los sobrecostes hasta después de las elecciones de 2007 y demorar sus tramitación administrativa: «La tramitación del modificado queda condicionada, en cuanto al momento, a cuestiones políticas de oportunidad debido a la celebración de las elecciones autonómicas y en cuantía por la financiación con fondos comunitarios. Circunstancias que, como en el caso del proyecto origen, condicionan las características técnicas del mismo y su ejecución».

Los sobrecostes se comenzaron a pagar en abril de 2006, pero fueron aprobados por el Consejo de Administración del Puerto en diciembre de 2007, con una cuantía de 216 millones de euros. A la conclusión de la obra la Autoridad Portuaria solo se avino a pagar 124 millones (y otros 85,67 millones por actualización de precios, tras alargar el plazo de ejecución de 46 a 68 meses), mientras Dique Torres reclama en un contencioso otros 350.

«La OLAF se quedó corta»

Para Javier Villa, miembro del Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción (Ocan), entidad afín a Podemos y que ejerce la acusación popular en la causa abierta sobre los sobrecostes de El Musel, el informe de la Intervención del Estado «no deja títere con cabeza» y demuestra que la denuncia de irregularidades por parte de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) «se quedó corta». «Ante todas estas nuevas revelaciones la instrucción penal del caso debería dilucidar hasta dónde llega la responsabilidad es del órgano político que sustenta las decisiones de la Autoridad Portuaria», indicó.

El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González tomará declaración mañana al expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach y al gerente de la UTE Dique Torres, Juan Miguel Pérez, al que imputó el pasado jueves a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras escuchar la declaración como testigos de los responsables de las constructoras que realizaron las obras. El jueves será el turno del exdirector del puerto gijonés José Luis Díaz Rato.

El juez Javier Gómez Bermúdez admitió a trámite el pasado 8 de agosto una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción a fin de investigar «las actuaciones de representantes y administradores» de la unión temporal de empresas (UTE) Dique Torres, que llevó a cabo el proyecto entre los años 2005 y 2011, y de los integrantes de la Autoridad Portuaria de Gijón, gestora de las instalaciones.

Según Anticorrupción, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un total de seis delitos: fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude a la Hacienda Pública y prevaricación. La Fiscalía justificó la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos, al considerar que podrían tener «una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y un grave perjuicio patrimonial en la economía nacional».

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