La noticia apareció reflejada en las páginas de EL COMERCIO.
La noticia apareció reflejada en las páginas de EL COMERCIO. / PAÑEDA

30 años del primer caso de corrupción en Asturias

  • Hubo puerta giratoria y el edil acabó trabajando como gerente en una empresa filial de la compañía semafórica

  • El PSOE expulsó en 1986 al vicealcalde de Gijón, José Luis Ortiz Hornazábal, tras ser invitado por la empresa Sainco y cobrar dietas dobles por importe de 117 euros

En 1986, el entonces vicealcalde de Gijón y concejal delegado de Cultura y de Tráfico y Cultura, José Luis Ortiz Hornazábal, fue expulsado del PSOE por cobrar dietas dobles en un viaje al que había sido invitado por la empresa Sociedad Anónima de Instalaciones de Control (Sainco), que llevaba tiempo sembrando la ciudad de semáforos. Sin que mediara intervención judicial alguna, el PSOE abrió una investigación y lo suspendió de militancia. Ya entonces funcionaron las puertas giratorias, porque Ortiz Hornazábal, tras ser expulsado del partido pasó a trabajar como gerente de la empresa Arce Ibérica, una compañía filial de Sainco. Otro concejal, Luis Aurelio Sánchez, también fue expedientado por filtrar las irregularidades. Recurrió a la justicia y el asunto llegó hasta el Tribunal Constitucional, que le dio la razón. Finalmente, el PSOE tuvo que indemnizarle con un millón de pesetas (seis mil euros).

José Luis Ortiz Hornazábal (Santander, 1946) se convirtió en el primer cargo político del país obligado a dejar su puesto por un caso de corrupción. La Comisión Ejecutiva Federal socialista así lo entendió al castigarle con la suspensión de militancia por dos años, lo que llevó aparejada su salida del Ayuntamiento. La sanción fue «por mantener relaciones comerciales inaceptables con proveedores», según explicó entonces la vocal de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y miembro de la Comisión Federal de Conflictos, Carmen García Bloise.

El edil afectado lo negó, dijo que se consideraba inocente de las acusaciones formuladas y que las conclusiones eran ambiguas y sin pruebas. También acusó a militantes de la agrupación socialista de Gijón, encabezada entonces por el que luego fuera concejal de Urbanismo con Vicente Álvarez Areces, Jesús Morales, de ser los causantes de la difamación de que era objeto. En el asunto no hubo intervención judicial alguna pero el PSOE tomó cartas en el asunto tras publicar EL COMERCIO las presuntas irregularidades. Había sido invitado por Sainco, que era la empresa encargada de la conservación de la red semafórica de Gijón, y además, por esos mismos días de la invitación, había cobrado dietas del Ayuntamiento por importe de 10.500 pesetas (117 euros).

El expediente abierto a José Luis Ortiz Hornazábal tuvo su origen en los rumores que cada cierto tiempo surgían en la ciudad sobre presuntas irregularidades en la contratación de proyectos semafóricos. La abundancia y, en muchas ocasiones, desproporción de este tipo de instalaciones de tráfico abonaban esa idea. Se acusaba a la empresa de propiciar la instalación de estas señalizaciones que, en algunos casos, parecían innecesarias y a los responsables municipales, entre ellos el jefe de la Oficina Municipal de Tráfico, Eduardo Vigil, de aceptarlo de buen grado. En medio de aquel runrún, el Ministerio del Interior del primer Gobierno de Felipe González, dirigido por José Barrionuevo, aprobó un importante proyecto de control de tráfico para Gijón. Todo parecía indicar que Sainco se haría con el contrato, pero empresas de su competencia empezaron a mover papeles.

Uno de ellos llegó a EL COMERCIO. En el mismo se reproducía el contenido de un télex que Sainco había enviado al hotel Meliá Castilla, de Madrid, en el que se aludía a la invitación de la empresa a responsables del Ayuntamiento de Gijón. «Nos hacemos cargo de los gastos que suponga la estancia en ese hotel de los señores Ortiz Hornazábal y Vigil Díaz, con reserva de habitación», decía el texto. Tanto Sainco como Ortiz Hornazábal reconocieron la invitación y explicaron que la empresa convocaba habitualmente a concejales y responsables de ayuntamientos para darles a conocer las novedades del sector.

Tras la primera tormenta, el vicealcalde tuvo que lidiar un toro más complicado, ya que pocos días después se supo que Ortiz Hornazábal había cobrado del Ayuntamiento dietas por traslado y estancia en Madrid en las mismas fechas de la invitación. Esos expedientes pasaban entonces a aprobación de la denominada Comisión Municipal Permanente (comisión de gobierno) en la que estaban representados todos los grupos municipales y cuyas sesiones, que se celebraban los martes por la tarde, eran abiertas a la prensa y al público. Tras conocerse por EL COMERCIO el nuevo giro del asunto, el vicealcalde fue acusado también del cobro de dietas dobles y el PSOE procedió a la apertura del expediente disciplinario que acabó en su expulsión.

Los expedientes

Además de a José Luis Ortiz Hornazábal, el PSOE expedientó también al concejal Luis Aurelio Sánchez, que formaba parte del equipo de José Manuel Palacio y que en aquel momento pasaba por sus horas más bajas en la Corporación. Tras distanciarse del alcalde, había quedado relegado de los proyectos más importantes del regidor. Sánchez fue acusado entonces por la Agrupación Socialista de Gijón de filtrar los documentos que comprometían a Hornazábal y el PSOE le abrió un expediente paralelo al del vicealcalde.

A mediados de agosto de 1986, seis meses después de ponerse en marcha el expediente, la Comisión Federal de Conflictos del PSOE decidió suspender de militancia por dos años a los dos concejales.

Durante una visita a Avilés para participar en los cursos de La Granda, Carmen García Bloise explicó que la causa de las sanciones a los ediles gijoneses se debía a que habían mantenido «relaciones inaceptables con proveedores» y metió en el mismo saco de las acusaciones a los dos. Luis Aurelio Sánchez presentó entonces una querella en el juzgado de primera instancia número uno de Avilés contra la dirigente socialista y el juez le dio la razón al entender que se había producido una «intromisión ilegítima en su honor». La sentencia condenó a García Bloise a pagarle un millón de pesetas. Hubo recurso ante la Audiencia Provincial de Oviedo, que se saldó con la absolución de la vocal de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y el asunto acabó en el Tribunal Supremo. Como Carmen García Bloise era diputada y estaba aforada fue necesaria la solicitud de suplicatorio, que el pleno del Congreso de los Diputados rechazó el 23 de abril de 1987 en una sesión secreta. Luis Aurelio Sánchez solicitó entonces el amparo del Tribunal Constitucional, que desautorizó al Congreso por obstruir la demanda y ordenó que prosiguieran las actuaciones contra García Bloise. El asunto acabó de nuevo en el juzgado de Avilés, que obligó al pago de la indemnización de un millón de pesetas.

Luis Aurelio Sánchez denunció que nunca le habían comunicado las causas de la sanción, que no fue llamado a declarar por la Comisión Federal de Conflictos, por lo que no pudo defenderse de las acusaciones que pesaban contra él, y que en el escrito donde se le comunicaba la sanción, firmado por Carmen García Bloise, le recordaban que «los trapos sucios se lavan en casa». Tras ser suspendido de militancia, no dimitió como concejal y finalizó el mandato en el grupo mixto.

La puerta giratoria

José Luis Ortiz, que trabajaba en la el grupo Enfersa, en Avilés, anunció su dimisión tras conocer la sanción y dejó el Ayuntamiento gijonés. Salió del consistorio en agosto de 1986 y, posteriormente, fue nombrado gerente de la empresa Arce Ibérica, filial de Sainco y el principal causante de sus problemas.

Unos años antes de estos sucesos había saltado a los periódicos la primera denuncia por corrupción en un ayuntamiento español. El asturiano Alonso Puerta, teniente de alcalde y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, denunció un caso de corrupción relacionado con la adjudicación del servicio de limpieza. A diferencia de lo que después sucedió en Gijón, el alcalde madrileño, Enrique Tierno Galván, optó por mirar para otro lado y planteó la expulsión del denunciante. El edil, que había sido el primer secretario de la Federación Socialista Madrileña, pasó entonces al grupo mixto y acabó en el Partido de Acción Socialista (PASOC) con el que participó en la fundación de Izquierda Unida y en 1987 fue elegido eurodiputado.