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Parte de los vecinos que interpusieron la demanda contra la depuradora y su abogado, Marcelino Abraira, segundo por la derecha.
Las obras de la depuradora del Este de Gijón, paradas

Las obras de la depuradora del Este de Gijón, paradas

Los trabajadores de la UTE acudieron al tajo solo para recoger su material y a partir de ahora las labores se limitarán a la custodia de las instalaciones

IVÁN VILLAR

Viernes, 29 de abril 2016, 02:55

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Todo queda parado. El mandato se emitió el miércoles, a las ocho de la tarde. «Les ordeno, en cumplimiento de las instrucciones del órgano de contratación, el CESE de forma inmediata de TODAS las actividades que estén desarrollando en las instalaciones de depuración de la EDAR Este de Gijón», indicaba, mayúsculas incluidas, la nota manuscrita remitida por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), ente responsable de la dirección de la obra, al gerente de la UTE que forman FCC, Aqualia y Degrémont. Solo se mantendrán activos «los estrictos medios de guarda y custodia» de las instalaciones, que según recuerda la CHC seguían «pendientes de recepción administrativa» pese a estar casi finalizadas. «Da igual que esté concluida o no. La obra se cierra, y punto», remarcaban ayer desde el organismo estatal. La orden de paralización inmediata de todos los trabajos partía de la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y tenía como objeto dar cumplimiento al auto emitido la semana pasada por la Audiencia Nacional.

Ayer los empleados de la UTE acudieron al tajo a primera de la mañana, pero ya no encendieron ni las hormigoneras ni ninguna otra máquina. Se limitaron a recoger material, guardar algún que otro palé dentro de un pequeño almacén que tienen en la obra, se quitaron los monos de trabajo y se fueron. «Haber parado la obra es un gran éxito», celebraban los vecinos, que en la víspera vieron con preocupación cómo pese al auto de la Audiencia Nacional los obreros estuvieron hasta las nueve de la noche «trabajando como locos». La comunidad de El Pisón, de hecho, tenía previsto acudir ayer mismo a la zona de obras con un notario para, en el caso de que siguieran realizándose tareas de construcción o remate del equipamiento, comunicárselo al órgano judicial que ordenó su paralización para que adoptara las medidas oportunas. No fue necesario.

Demolición

Ahora los vecinos confían en que «en dos o tres meses» la Audiencia Nacional emita un nuevo auto ordenando la demolición de la planta. «Es lo que corresponde, porque la sentencia tiene efectos retroactivos y es como si nunca se hubieran autorizado los trabajos», remarcan. Aunque la Administración ha iniciado un proceso de consultas con las partes afectadas en un intento de lograr la legalización de este equipamiento, la comunidad de propietarios cree que no es lo mismo que ese debate se inicie con la obra parada que con ella en marcha. Y en caso de que las pretensiones del ministerio prosperaran, algo que ponen en duda, «esa hipotética reanudación de los trabajos no sería hasta dentro de dos, tres o cuatro años. Para entonces toda la obra hecha hasta ahora estaría perdida, porque el paso del tiempo la habrá estropeado».

En cualquier caso, creen que «si son honrados» un nuevo estudio de alternativas que considere los mismos emplazamientos analizados hace nueve años -El Pisón, La Cagonera, Peñarrubia y El Rinconín- determinaría que el actual «es el peor». Recuerdan que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo han dejado claro que esa elección fue «arbitraria», y no conciben que en un futuro los mismos tribunales pudieran decidir otra cosa. En sus fallos advertían de que el estudio de las cuatro opciones ofrecía conclusiones «inconsecuentes», otras «sorprendentes» y otras que «suscitaban contrariedad».

Por ejemplo, a la hora de evaluar el impacto en el entorno de distintos factores se daba la misma importancia a los relacionados con la calidad de vida de los vecinos, como la emisión de ruidos u olores, que a otros «de escasa significación» como la micología, la geología o el clima. Además existían puntuaciones «injustificadas», como la que valoraba que las molestias por olores de El Pisón eran menores a las de otras alternativas, pese a que en Peñarrubia y La Cagonera «no hay viviendas cercanas». También extrañó a los jueces que en el apartado de hidrología el impacto de desviar el río Pisón se considerara simplemente «moderado» y recibiera casi la misma puntuación que el mero enturbiamiento de un arroyo de Peñarrubia.

Salud por dinero

Por otra parte, el abogado de los vecinos, Marcelino Abraira, cree «prácticamente imposible» que el conflicto se pueda solucionar mediante un acuerdo económico entre el ministerio y los vecinos. En este sentido recuerda que en una asamblea en la que participaron recientemente un centenar de propietarios todos se negaron por unanimidad «a cambiar salud por dinero». El Ayuntamiento, que tenía previsto asumir la gestión del equipamiento en mayo, a través de la EMA, se limita a decir que «cumplirá con la ley» y acatará lo que digan los jueces.

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