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La Abogacía del Estado cifró en 200 millones el perjuicio de paralizar la EDAR

Alertó de que la actual carga de contaminación de los residuos puede generar diarreas y urticarias en la piel y hacer proliferar ratas en el entorno fluvial

M. M.

Miércoles, 25 de mayo 2016, 02:48

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La Abogacía del Estado cifró el año pasado en 200 millones de euros el perjuicio económico derivado de la paralización de las obras de la depuradora del Este. Una planta de saneamiento de última generación ya construida que ha costado más de 36 millones de euros y que, tras el fallo del Supremo a favor de los vecinos de El Pisón, se ha sumado a la nómina de las infraestructuras sin uso que tiene Gijón en la que ya ocupaban un lugar destacado la regasificadora de El Musel y el túnel del metrotrén.

El Ministerio de Medio Ambiente se empleó a fondo para impedir que se atendiera a la petición de los propietarios de Somió cuando el TSJA de Madrid , en marzo de 2015, ordenó detener las obras con una ejecución provisional de sentencia. El Gobierno ahora en funciones encomendó la defensa de su recurso a la abogada del Estado María del Mar Sebastián, con 24 años de experiencia defendiendo a la Administración central, y ésta describió la realidad de los vertidos de la zona Este de Gijón con toda su crudeza.

En aquel momento aún estaba en funcionamiento la 'Plantona', una instalación que la Confederación Hidrográfica asegura que llevaba tiempo haciendo un trabajo ineficiente, y la abogada del Estado exponía lo siguiente: «En la actualidad en la citada zona de Gijón existe un pretratamiento de las aguas residuales que no se ajusta a la normativa vigente, por ser claramente insuficiente para garantizar la salud de los ciudadanos y la protección del medio ambiente urbano y litoral, debido a la existencia de vertidos incontrolados de sólidos en suspensión contaminados y, especialmente, de la materia orgánica y microorganismos fecales».

En su exposición de motivos, la abogada del Estado admitía que estos problemas con el saneamiento traen consecuencias negativas para la salud (diarreas, urticarias en la piel) y también para el medio marino. Así, se refiere en concreto a «la degradación de los ecosistemas con pérdida de la biodiversidad de la zona, pérdida de la riqueza pesquera y proliferación de especies marinas no deseadas, así como ratas y otros animales transmisores de enfermedades en el entorno fluvial, a lo que se añade la pérdida de valor paisajístico y estético de la zona».

Sanciones en suspenso

La situación de los vertidos de la zona Este (actualmente sin más filtro que un desbaste al quedar inutilizado el desarenado y desengrasado de la 'Plantona') atenta contra la directiva comunitaria de aguas residuales urbanas. La norma data de 1991 y otorgaba a los estados miembros un margen de nueve años para que las aglomeraciones urbanas del tamaño de Gijón sometiera a tratamiento las aguas de sus colectores. El margen venció ampliamente sin que el Ministerio de Medio Ambiente hubiera hecho sus deberes en lo tocante a 43 núcleos de población, uno de ellos Gijón.

El Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por este motivo. En 2013 Bruselas remitió una carta de emplazamiento al Gobierno por seguir sin acatar la sentencia. Las sanciones económicas quedaron en suspenso por el compromiso de poner en marcha la depuradora del Este. Con la paralización judicial, pueden volver las multas y la pérdida de fondos europeos asignados. La Abogacía del Estado juzga que si se demuele no es posible levantar otra instalación alternativa en un plazo inferior a 5 años.

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