Tudela Veguín, investigada por la ampliación de El Musel

El consejero delegado o apoderado de Tudela Veguín -actualmente Corporación Masaveu- entre los años 2005 y 2010 ha sido incluido como investigado por un presunto delito contra la Hacienda Pública en el asunto que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en las obras de ampliación del puerto de El Musel. Así lo acaba de decidir la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al resolver un recurso de apelación interpuesto en tal sentido por la Abogacía del Estado y la Asociación de Vecinos del Alto Aboño.

Junto a los responsables de la empresa, también se investigará por idéntico motivo a José Antonio Muñiz, firmante de los contratos en representación de la compañía; Juan Miguel Pérez, gerente de la UTE Dique Torres, y Juan Miguel Pérez, gerente de la UTE tras el cese del anterior.

El ponente del auto, el magistrado José Ricardo de Prada, basó su decisión en la declaración prestada el 6 de julio de 2015 por Juan Miguel Pérez en la que manifestaba que «al importe de 7.703.456,10 euros efectivamente facturados por Tudela Veguín a la UTE Dique Torres habría que añadir otros 150 millones de euros abonados a la entidad Tudela Veguín por diversas contraprestaciones complementarias parcialmente no facturadas». Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía valoran esas prestaciones en «80 millones de euros» y habrían consistido en «la ejecución de diversas obras en beneficio de Tudela Veguín a las cuales se hace referencia de una forma muy genérica en un contrato de 11 de enero de 2006 suscrito entre la UTE y Tudela Veguín, donde la UTE Dique Torres asume la obligación de ejecutar una serie de labores, 'le sea útil o no para la realización de la obra descrita en el expositivo I'» -la ampliación portuaria-.

La Abogacía del Estado apunta que la empresa recibió los 80 millones de euros «de forma opaca sin mediar factura y sin que aparezcan declarados en el modelo tributario 347». Es más, el auto apunta que ya la UTE ocultó esa prestación de servicios y ejecuciones de obra a Hacienda, con lo que Tudela Veguín «podría de este modo omitir la contabilización de los ingresos de estas prestaciones en especie ocultándolas luego en su declaración en el Impuesto de Sociedades del año 2009».

En el mismo juzgado

Otro asunto que resuelve el auto es que este asunto sea investigado por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, junto con el resto del caso. Eso parece dar carpetazo a la posibilidad de que el asunto sea derivado a un juzgado de Gijón. El magistrado cree que tanto las irregularidades en la ampliación como este posible delito contra la Hacienda Pública están «mutuamente condicionados». Es más, cree que, de corroborarse las actuales investigaciones, «se abriría la puerta a que se concretase no solo una imputación por posible delito fiscal, sino una acusación efectiva». Además, apunta que no se puede descartar que la investigación judicial «permitiera efectuar la imputación por la totalidad de los delitos (6), incluido el fiscal, a los investigados».