El Comercio

Bruselas instruye un procedimiento para multar a España por los vertidos de la zona Este

Vista general del entorno donde se encuentra la caseta de arranque del emisario de Peñarrubia.
Vista general del entorno donde se encuentra la caseta de arranque del emisario de Peñarrubia. / D. Arienza
  • El Gobierno ha retrasado la ejecución de una sentencia de 2011, que afectaba a otros 42 núcleos, con el compromiso de poner a funcionar la depuradora

Bruselas instruye un procedimiento para multar a España por los vertidos sin depurar de la zona Este de Gijón. Así se lo ha notificado por carta el jefe de unidad de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Ion Codescu, en respuesta al colectivo Ecologistas en Acción. Los conservacionistas elevaron una queja para denunciar el empeoramiento de la calidad ambiental de los residuos contaminantes que se evacúan a través del emisario de Peñarrubia desde el pasado mes de abril, momento en que la paralización judicial de la depuradora del Este supuso la pérdida del desarenado y desengrasado de los efluentes.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó a España en 2011 por el tratamiento inadecuado de aguas residuales urbanas que desembocan en el litoral en 43 núcleos de población, incluida la aglomeración Gijón-Este. En 2013, la Comisión Europea remitió una carta de emplazamiento al Gobierno español al considerar que las autoridades no habían tomado las medidas necesarias para ejecutar dicha sentencia, volviendo a referirse al caso gijonés.

El Ejecutivo actualmente en funciones ha ido capeando la situación desde entonces con la promesa de someter las aguas residuales de los 43 núcleos de población a los tratamientos prescritos por las instituciones comunitarias. La Comisión Europea ha ido concediendo plazos a España en forma de ultimátums, con sucesivas prórrogas, para corregir la situación de los vertidos de aguas residuales al litoral y en el caso de la aglomeración Gijón-Este el compromiso era haber puesto a funcionar la depuradora del Este la pasada primavera. Sin embargo, la judicialización de la planta de El Pisón, una instalación ya concluida sobre la que pesa una orden de la Audiencia Nacional que la mantiene paralizada, ha frustrado que España pueda adoptar las medidas necesarias para cumplir con la sentencia de 2011 del Tribunal de Justicia Europeo. Y ello podría hacer que el procedimiento de infracción que se sigue entre en una fase ejecutiva, porque el Gobierno ya no puede garantizar que la estación depuradora (EDAR), construida además con fondos europeos, pueda activarse.

Según explica la Comisión Europea en su carta de respuesta al grupo Ecologistas en Acción, fechada el 7 de septiembre, «la Comisión está al corriente de la situación objeto de su denuncia, que se ventila en el marco de ejecución de la sentencia antedicha para todas las aglomeraciones urbanas aún en incumplimiento, incluida la de Gijón-Este». En el escrito también se anuncia que se archivará la queja del colectivo con sede en Vega encabezado por Francisco Ramos, al estar ya instruyendo un procedimiento sancionador sobre este asunto.

Las posibles multas de la Unión Europea por la ausencia de tratamiento de los vertidos de la zona Este han vuelto a ser actualidad tras la reunión celebrada el jueves en la sede ovetense de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) entre Ministerio de Medio Ambiente, Principado y Ayuntamiento. El edil de Xixón Sí Puede, David Alonso, que asistió como invitado a la última reunión de la comisión técnica de la depuradora, afirma que escuchó a los representantes del Ejecutivo central hablar de que ya hay una multa comunitaria solicitada contra España por la contaminación de la bahía gijonesa. Sin embargo, este dato fue posteriormente desmentido por un portavoz del Ministerio de Medio Ambiente.

La oficina de la Comisión Europea en Madrid explicó ayer a EL COMERCIO que la Unión Europea ya ha aplicado multas por incumplimiento en materia de vertidos a otros países miembros, pero no a España. Las multas no las aplica la Comisión Europea, sino el tribunal de justicia europeo en un proceso que es largo y complicado. El efecto que se busca ante todo disuasorio y en todo momento se trabaja con la administración nacional para fomentar el cumplimiento. Primero se tiene que constatar la infracción. Si el Estado no cumple la Comisión Europea denuncia al Gobierno en cuestión ante el tribunal comunitario. Si el tribunal europeo confirma el incumplimiento abre la posibilidad a la Comisión Europea de pedir que se fuerce el cumplimiento mediante una multa que tiene que ser determinada por la instancia judicial con sede en Luxemburgo.

La Comisión Europea ha lanzado varios procedimientos horizontales (cubriendo los casos de una misma categoría) como el que concierne a la zona Este de Gijón con el objetivo de intentar solucionar estos problemas. Cabe mencionar que España ha tenido -y aún tiene- acceso a la financiación de la infraestructura necesaria (como por ejemplo depuradoras y sistemas colectores) a través de fondos europeos, de especial relevancia para su construcción. Como los procedimientos de infracción suelen ser largos, los estados miembros disponen de bastante tiempo para construir la infraestructura necesaria desde que son advertidos al respecto.

Recientemente, en marzo de 2016, el tribunal de justicia europeo ha condenado a España por cuatro aglomeraciones urbanas que no depuraban correctamente en zonas declaradas como sensibles.