El Comercio

Condenan a un abogado a pagar 4.860 euros por calumniar a dos policías

  • Presentó ante el juez un escrito criticando la actuación del grupo de Delincuencia Económica con el cliente que representaba por estafa

Representaba legalmente a un cliente detenido y juzgado por supuestas prácticas ilegales en la concesión de préstamos a particulares y él mismo acabó procesado y condenado por un delito de calumnias a los agentes del grupo de Delincuencia Económica que llevaron a cabo la investigación de su cliente. La Sección Octava de la Audiencia Provincial ha ratificado la sentencia del Penal número 1 de Gijón que imponía a un abogado el pago de una multa de 4.860 euros (con 135 días de arresto en caso de impago) y la indemnización de 2.000 euros a los policías a los que calumnió. El letrado ha recurrido la resolución de la Audiencia Provincial ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

«El acusado, en su condición de abogado y guiado con el propósito de desacreditar personalmente y desprestigiar profesionalmente a los policías, presentó el 5 de julio de 2012 un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 4 en el que mostró a los anteriormente referidos, de forma deliberada e inveraz, como hostigadores de una campaña de denuncias infundadas hacia su cliente, movidos por motivos personales, ajenos a su deber profesional, al tiempo que les atribuía la falsedad del informe policial, así como un delito de detención ilegal presuntamente cometido hacia su cliente», recoge la sentencia de la Audiencia Provincial. En ella se añade que «claramente atribuye a los policías un delito de falsedad y un delito de detención ilegal por una supuesta prolongación indebida de la privación de libertad».

«No es libertad de expresión»

En el recurso presentado por la resolución judicial en primera instancia, el letrado alegaba un error de apreciación de la prueba «efectuada por el juzgador». El magistrado de la Audiencia rechaza ahora este extremo y considera, además, que «las afirmaciones del escrito redactado por el letrado no están amparadas por la libertad de expresión en el ejercicio de su función, pues es bien sabido que en la libertad de expresión en el ejercicio del derecho de defensa quedan excluidos el insulto, la descalificación y las falsas imputaciones».

Respecto a la detención ilegal de los que el abogado los acusa, el juez señala que «el apelante concurre en un animus calumniandi por haber actuado con temerario desprecio a la verdad» y que «no existió tal detención ilegal». «El abogado, ahora condenado, presentó la solicitud del habeas corpus, que fue informada negativamente por el ministerio fiscal y finalmente denegada por incoación por el juzgado, siendo puesto en libertad», señala. «Si el ministerio fiscal o el juez que conocieron de las circunstancias de dicha detención hubieran apreciado indicios de delito habrían iniciado de oficio las correspondientes diligencias penales, y no consta que lo hicieran», recoge la resolución del pasado mes de julio de la Sección Octava de la Audiencia Provincial por la cual se desestima el recurso presentado por el letrado condenado.

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