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Edificio principal, rodeado por jardines.
Edificio principal, rodeado por jardines. / CITOULA

Puertos del Estado pide un informe jurídico de la venta de Quinta la Vega

  • Consulta la motivación de adjudicársela al Ayuntamiento sin subasta previa, como prevé hacer la Autoridad Portuaria de Gijón

La Autoridad Portuaria de Gijón prevé utilizar el procedimiento de adjudicación directa, cuya legalidad defiende al tratarse de una operación entre dos administraciones públicas, para la venta de la Quinta de la Vega al Ayuntamiento de Gijón. Pero el Organismo Público Puertos del Estado no las tiene todas consigo, aún no ha dado el visto bueno a la operación y espera un informe jurídico que ha solicitado antes de definir su postura en el consejo de administración que trate esa enajenación.

El objetivo de vender la Quinta de la Vega, en Jove, fue declarado ya en marzo de 2012, por el entonces presidente Emilio Menéndez, sin que desde entonces haya trascendido más interés que, recientemente, el del Ayuntamiento de Gijón.

Tres años después, en marzo de 2015, el consejo de administración presidido por Rosa Aza estableció las bases para sacar ese patrimonio a subasta, con un precio mínimo de 1.089.978 euros.

Pero la subasta nunca llegó a ser convocada por los cauces oficiales y probablemente no lo sea nunca, ya que la Autoridad Portuaria entiende que la ley permite efectuar, en este caso, una adjudicación directa por ser una administración pública la interesada y asumir la tasación que en junio de este año cuantificaba en 1.313.691 euros el valor de mercado.

Los responsables de El Musel pretenden que el consejo de administración autorice la operación antes del final de año, dado que el Pleno municipal ya hizo lo propio. Pero Puertos del Estado, de momento, no lo tiene tan claro, de forma que no es descartable un nuevo caso de conflicto entre Gijón y Madrid. De hecho, el organismo que preside José Llorca esperaba no hace mucho todavía que se llevase a cabo la subasta, a la que el Ayuntamiento de Gijón podría acudir en las mismas condiciones que cualquier otra persona física o jurídica.

Se da la circunstancia de que cuando en 2004 la Autoridad Portuaria informó sobre la inversión realizada en Jove, una vez concluidas las obras de rehabilitación de la finca, entre julio de 2002 y febrero de 2004, dijo que el viejo caserón había costado el equivalente a unos 300.000 euros (cuando se efectuó la compra aún se pagaba en pesetas) y evaluaba la rehabilitación en un millón de euros, es decir, casi la misma cantidad que ahora espera recibir del Ayuntamiento.

Con las cosas así, la enajenación de la Quinta de la Vega podría encontrar la oposición de Puertos del Estado y convertirse en nueva causa de conflicto no ya entre la Autoridad Portuaria de Gijón y su 'casa matriz', sino también entre el Ayuntamiento y Puertos del Estado, que últimamente no se han tratado precisamente con mucho cariño.

El equipo de Carmen Moriyón no ha entrado en la discrepancia sobre privatización de la terminal de graneles EBHI, pero sí se pronunció inequívocamente, en contra de las posiciones defendidas por Puertos del Estado, a favor de una cesión de patrimonio que apuntale la rula y al alquiler de la antigua sede portuaria para convertirla en hotel de lujo.

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