El Comercio

Cinco empresarios afrontan diez años de prisión por defraudar medio millón al fisco

  • La Fiscalía señala que los acusados utilizaron empresas pantalla de Liechtenstein, paraíso fiscal, para evadir en el impuesto de sociedades

Cinco empresarios se enfrentan a diez años de prisión acusados de defraudar medio millón de euros al fisco a través de supuestas empresas pantalla en paraísos fiscales. El juicio se celebrará hoy en el Penal 2. La Fiscalía de Gijón sostiene que los procesados, «movidos por la intención de obtener beneficio con cargo al erario público ingresando menos cantidades de las debidas en la declaración del impuesto de sociedades correspondiente al año 2006, consignaron en concepto de base imponible una cantidad inferior a la real».

Para lograrlo, añade el Ministerio Público, utilizaron una empresa domiciliada en Vaduz (Principado de Liechtenstein), que supuestamente actuaba como pantalla y era empleada con la única finalidad de descargar en ella parte del beneficio de la compraventa de lingotes de hierro.

La función de uno de los procesados era, según la Fiscalía, «la refacturación, emitiendo facturas a otro de los acusados por una supuesta compraventa de lingotes de hierro con unos importes inflados, que no se correspondían ni con el valor de las mercancías ni con los servicios y gestiones realizados por ella a otro de los procesados, descargando parte del beneficio que obtenía por la compraventa de esos lingotes en el Principado de Liechtenstein que, según Real Decreto 1080/1991, tiene la consideración de paraíso fiscal».

La cuota defraudada en el ejercicio de 2006 ascendió, tal y como se refleja en el escrito de la acusación pública, a 493.809,19 euros.

Los hechos fueron considerados como constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 del Código Penal (derivado del incumplimiento de la obligación de abonar la cuota debida en concepto del impuesto de sociedades del ejercicio de 2006), en la redacción anterior a la Ley Orgánica 5/2010, vigente en la fecha de los hechos.

Multa de 500.000 euros

La Fiscalía solicita que se condene a cada uno de los cinco acusados a dos años de prisión, a lo que se suma la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 500.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 1.500 euros no satisfechos.

Además, los procesados afrontan, de forma conjunta y solidaria, el pago de una indemnización a la Hacienda Pública de 493.803 euros -la misma cantidad que supuestamente defraudaron-, a lo que se añaden los intereses legales de los última década.

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