El Comercio

Retiran los cargos para cuatro de los empresarios acusados de fraude

Los empresarios, a la salida del Palacio de Justicia, acompañados de sus abogados.
Los empresarios, a la salida del Palacio de Justicia, acompañados de sus abogados. / DAMIÁN ARIENZA
  • El quinto procesado asumió la culpabilidad y aceptó seis meses de cárcel, 320.000 euros de multa y devolver a Hacienda 493.809

Cuatro de los cinco empresarios acusados de utilizar una empresa en paraísos fiscales para evadir al fisco salieron ayer del Palacio de Justicia sin cargo alguno. El quinto se hizo responsable de los hechos y aceptó una condena de seis meses por un delito contra la Hacienda Pública. La fiscalía retiró la acusación para cuatro de los procesados y con el quinto llegó a un acuerdo mediante el cual evitó la celebración del juicio, previsto para el juzgado de lo Penal número 1.

El condenado, responsable de la empresa Funsider, podrá sustituir la pena de seis meses de cárcel por una multa de 3.600 euros (10 euros de cuota diaria). Además, deberá hacer frente al pago de otra multa de 320.000 euros por el delito cometido y devolver las cuotas que defraudó a Hacienda, 493.809 euros en el Impuesto de Sociedades del ejercicio de 2006.

Según apuntaba el representante del ministerio fiscal -que inicialmente solicitaba diez años de cárcel para los cinco procesados-, el ahora condenado era directivo de una empresa con domicilio fiscal en Gijón dedicada a la importación de lingotes de hierro para venderlos entre acerías y fundiciones españolas.

«En la declaración del Impuesto de Sociedades correspondiente al año 2006 en dicha empresa se consignó en concepto de base imponible una cantidad inferior a la real. Para ello, se utilizó una empresa domiciliada en Vaduz (Principado de Liechtenstein), que actuaba como empresa pantalla», señala la acusación pública, la cual añade que «era utilizada con la única finalidad de descargar en ella parte del beneficio de la compraventa de lingotes de hierro».

La función del acusado era, según la fiscalía, «la refacturación, emitiendo facturas a otro de los acusados por una supuesta compraventa de lingotes de hierro con unos importes inflados, que no se correspondían ni con el valor de las mercancías ni con los servicios y gestiones realizados por ella a otro de los procesados, descargando parte del beneficio que obtenía por la compraventa de esos lingotes en el Principado de Liechtenstein que, según Real Decreto 1080/1991, tiene la consideración de paraíso fiscal».

La cuota defraudada en el ejercicio de 2006 ascendió, tal y como se refleja en el escrito de la acusación pública, a 493.809 euros. Los hechos fueron considerados como constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 del Código Penal (derivado del incumplimiento de la obligación de abonar la cuota debida en concepto del impuesto de sociedades).

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