El Comercio

Los carteles de 'Se vende' en las viviendas no podrán ocupar más del 10% del ventanal, según el proyecto de regulación.
Los carteles de 'Se vende' en las viviendas no podrán ocupar más del 10% del ventanal, según el proyecto de regulación. / E. C.

El Ayuntamiento permitirá el patrocinio de edificios municipales

  • El proyecto de ordenanza de publicidad exterior abre la vía a que marcas privadas den su nombre a instalaciones públicas mediante una concesión

El Ayuntamiento dejará abierta una puerta a posibilidades como dar un segundo apellido al Teatro Jovellanos o cambiar el nombre de El Molinón por el de cualquier marca comercial. Ha ocurrido en otras ciudades. En Madrid, por ejemplo, la estación de metro de Sol tuvo durante tres años la denominación oficial de Sol-Vodafone. Y el estadio del Mallorca, propiedad del Ayuntamiento de Palma, cambió su nombre original, Son Moix, primero por Ono Estadi y después por Iberostar Estadi. Hace un mes el presidente y máximo accionista del Sporting, Javier Fernández, anunció que el club negociaba con un patrocinador para hacer algo similar en Gijón. Y aunque tanto la alcaldesa como la oposición se manifestaron inequívocamente en contra de esta posibilidad, lo cierto es que el proyecto de ordenanza aprobado esta semana para regular la publicidad exterior en el municipio prevé un cauce para hacer posible una actuación de esas características, ya sea en El Molinón, el Jardín Botánico, el Parque Científico y Tecnológico o los centros municipales de los barrios.

La junta de gobierno ha dado su visto bueno a un texto que, en su artículo 5, señala que se podrán autorizar «actividades publicitarias sobre edificios, instalaciones u otras propiedades municipales», si bien especifica que para ello será necesaria «una concesión de uso sometida a los pliegos de condiciones que la rijan». Además en el 2.8, tras indicar la prohibición de instalar publicidad en los jardines catalogados, indica que «la Alcaldía puede excepcionalmente autorizar la publicidad en espacios tanto de titularidad pública como privada».

Una tramitación fallida

El texto aprobado el martes -que ahora deberá someterse a la tramitación propia de cualquier ordenanza: enmiendas de la oposición, aprobación inicial en Pleno, exposición pública, alegaciones y aprobación definitiva- es casi idéntico al que quedó sobre la mesa al final del pasado mandato. En diciembre de 2014 aquella propuesta logró el apoyo unánime de la Corporación para su aprobación inicial, pero durante el periodo de información pública tuvo una fuerte contestación por parte de la Unión de Comerciantes. La organización empresarial presentó once enmiendas, de las que solo fueron admitidas dos de carácter menor. Ninguna de sus reclamaciones de fondo fue atendida.

Tras rehacer el texto con los dos cambios aceptados a los comerciantes -y otros cuatro también de poca entidad planteados por una empresa de publicidad-, se inició la fase final de la tramitación. La idea era llevar la aprobación definitiva de la ordenanza al último Pleno del mandato, en mayo de 2015. Pero la oposición, con el visto bueno del secretario municipal, pidió poder presentar antes enmiendas referentes a las alegaciones ciudadanas que habían sido rechazadas, entre ellas las de la Unión de Comerciantes. El gobierno se negó y optó por retirar el asunto del debate plenario.

Ahora, con una Corporación muy diferente, Foro recupera el documento prácticamente con la misma redacción con la que lo dejó entonces, pero con una tramitación que deberá iniciar de nuevo desde cero. Al margen de los apoyos políticos que pueda lograr en el seno del Pleno, todo apunta a un nuevo choque con los comerciantes al mantener los puntos más contestados. De ellos, el que centró las críticas del sector fue el artículo 5 que, además de las referencias ya mencionadas sobre los edificios municipales, indica que «se admitirá que los elementos de mobiliario urbano destinados a prestar servicios públicos en las vías o espacios públicos de la ciudad puedan servir de apoyo o soporte publicitario».

En la práctica esto significa que bancos o papeleras, entre otros, queden a disposición de cualquier empresa para la exhibición de anuncios siempre que sigan el trámite administrativo que se establezca. En sus alegaciones a la anterior propuesta la Unión de Comerciantes consideraba «excesiva e inaceptable la privatización en cuanto al uso de los elementos públicos con fines publicitarios» al entender que «en nada mejorará la vida de los ciudadanos» más allá de «la posible recaudación económica» para las arcas municipales. El Ayuntamiento basó su rechazo a esa alegación en que «la publicidad no resulta incompatible con el uso adecuado del mobiliario urbano».

Carteles de 'Se vende'

La única diferencia del proyecto de ordenanza con respecto al texto de mayo de 2015 se da en el artículo 2.11. Este apartado indica que «se limitarán los carteles publicitarios que se instalen en los locales y viviendas para anunciar su venta o alquiler».

En este sentido, según recoge el documento, se evitará que estos anuncios de 'Se vende' cubran más «del 10% de la superficie del escaparate o ventanal» en el que se coloquen. La redacción de hace un año permitía tapar hasta el 50%.