El Comercio

Los expropiados por el PERI del Arbeyal serán desalojados en nueve meses

De izquierda a derecha, Eleuterio García, Violeta Suárez, Estrella Candado, Estefanía García, María Luisa Menéndez, Natalia Sánchez, Sandra y Ovidio Busto, delante de la nave de Mármoles Santa Olaya.
De izquierda a derecha, Eleuterio García, Violeta Suárez, Estrella Candado, Estefanía García, María Luisa Menéndez, Natalia Sánchez, Sandra y Ovidio Busto, delante de la nave de Mármoles Santa Olaya. / D. ARIENZA
  • La junta de compensación liderada por Solvia pagó ayer las indemnizaciones fijadas por la CUOTA y cerró acuerdos con cuatro de los diez afectados

Entre seis y nueve meses. Es es el plazo que ha dado la junta de compensación del plan residencial de El Arbeyal, liderado por la filial inmobiliaria del Banco Sabadell, a los propietarios no adheridos a ella para que abandonen las naves industriales y viviendas afectadas por el proceso expropiatorio en el denominado PERI (Plan Especial de Reforma Interior) del Santa Olaya.

Tal y como adelantó EL COMERCIO, los promotores del proyecto residencial en primera línea de playa en La Calzada procedieron ayer al levantamiento de las actas de ocupación y pago a los propietarios que se resisten al desalojo y cuyas indemnizaciones llevaban aprobadas por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) por un montante de 2,3 millones de euros desde 2014.

Según informaron fuentes de Solvia, de los diez titulares de derechos afectados por la expropiación, la junta de compensación (formada por Banco Sabadell, Club Natación Santa Olaya, Hermanos Castro y Ayuntamiento) ha cerrado acuerdos satisfactorios con cuatro de los afectados. Del resto, dos de ellos han comparecido pero no han aceptado los acuerdos propuestos por los promotores y los otros cuatro no han comparecido. En todos estos casos se procedió a consignar las cantidades acordadas por la CUOTA en el Ayuntamiento.

En su reunión de ayer la junta de compensación adjudicó el proyecto de reparcelación para que, previsiblemente en el segundo trimestre de 2017, se inscriban las fincas de resultado en el Registro de la Propiedad.

Desde Solvia también explicaron que una vez que la junta de compensación tiene ya el 100% de la propiedad del sector, se determinará qué naves son susceptibles de derribo y en la medida de lo posible se iniciarán las acciones para proceder a ello.

La inmobiliaria del Banco Sabadell también reconoció que ha contratado a Sogepsa para que le preste servicio de asesoramiento urbanístico en el procedimiento expropiatorio, del mismo modo que se ha contratado a un despacho de abogados para llevar la secretaría de la junta de compensación, la redacción del proyecto de compensación, etc. Lo que sí desmiente Solvia es que la sociedad mixta de promoción y gestión del suelo vaya a sustituir como agente urbanizador del PERI a la empresa Proyectos Integrales Asturianos (PIASA) que de ser el principal impulsor del proyecto tras la salida de Bruesa ha acabado por quedar fuera del mismo. De hecho, Solvia culpa a esta empresa de reiterados incumplimientos que han sido la causa del retraso en el desarrollo de cuatro edificios barco (250 viviendas) de cara al mar en El Arbeyal.

La mayoría de los propietarios que no se han adherido a la junta de compensación del PERI están representados por el abogado Guillermo Fernández Blanco. Son entre otros Eleuterio García y su hija Estefanía, propietarios de Mármoles Santa Olaya, la única nave industrial que sigue en activo en esa zona con cuatro empleados, alguno de ellos con más de 30 años de antigüedad. También se encuentran en la misma tesitura de afectados Sandra y Ovidio Busto, Violeta Suárez, María Luisa Menéndez y Natalia Sánchez. Aseguran que «vamos a plantar batalla hasta el final y aguantar en los terrenos que nos pertenecen el máximo tiempo posible». Ninguno de ellos está de acuerdo con las cantidades que les han ofrecido para abandonar sus fincas. Consideran que las cantidades aprobadas por la CUOTA como justiprecio son «ridículas y propias de poblados marginales». No obstante, también son plenamente conscientes de que con el levantamiento de las actas de ocupación y pago ejecutado ayer por la junta de compensación la entrada de la piqueta en sus posesiones se puede producir en cualquier momento.

Estrategia del abogado

Los propietarios de la marmolería aseguran que con 381.000 euros no les llega para trasladarse y mantener la actividad industrial en otro enclave. «Solo tendríamos para liquidar a los empleados y poco más», sostiene Eleuterio García. Violeta Suárez, que recientemente ha enviudado y es una de las propietarias de vivienda afectadas, afirma que con 162.000 euros no encuentra una casa de segunda mano que se ajuste a sus necesidades.

Su abogado agotará la vía administrativa en este procedimiento a la espera de una resolución del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias que está al caer y que Martínez Blanco da por hecho que elevará la cuantía de las indemnizaciones. A partir de ahí se irá a la vía contenciosa ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), cuyas sentencias están deparando sorpresas en litigios por expropiaciones al elevar de forma considerable el precio final como en un caso reciente en Oviedo.