El Comercio

El Musel penalizará con 400.000 euros a la regasificadora por falta de tráficos

Estado actual de la planta regasificadora de El Musel.
Estado actual de la planta regasificadora de El Musel. / DANIEL MORA
  • Un informe encargado por la Autoridad Portuaria indica que Enagás debía garantizar al año unos movimientos mínimos

La falta de actividad en la planta regasificadora que Enagás tiene en la ampliación de El Musel puede contribuir a mejorar la actual situación financiera de la Autoridad Portuaria de Gijón. Y ello se debe a que ayer se aprobó, en el consejo de administración de la entidad portuaria, la incoación de un procedimiento para la liquidación de la penalización en concepto de tráficos mínimos y que, según los primeros cálculos, se elevaría a unos 400.000 euros anuales.

Para incoar este procedimiento, los responsables portuarios encargaron un informe jurídico a un gabinete madrileño que dio como resultado que se puede exigir a la compañía gasista una penalización por haber incumplido los tráficos mínimos previstos en el contrato de concesión, a partir de la fecha de reconocimiento de las obras. El objetivo no sería otro que garantizar una explotación razonable del dominio público portuario, por lo que Enagás debería abonar una penalización resultante de la diferencia entre el tráfico mínimo exigido y el real, que fue nulo. El informe apunta que esa explotación razonable fue una de las cuestiones por las que la Autoridad Portuaria de Gijón otorgó la concesión a Enagás. Es más, los expertos aseguran que la liquidación por esos tráficos mínimos no perdería fuerza por la falta de explotación de la regasificadora, resaltando que el Puerto de Gijón no está legalmente obligado a soportar los perjuicios económicos derivados de esa falta de actividad pues en la concesión se estableció que «se gestionaría a riesgo y ventura del concesionario».

Otra cuestión es cómo repercutiría esta penalización en la gasista, pues el propio informe legal recuerda que Enagás recibe anualmente una retribución por costes de operación y mantenimiento de las instalaciones y, si entendiese que esa retribución no es suficiente para atender las obligaciones de la concesión, «podrá formular la correspondiente reclamación ante la Administración competente».

En la actualidad, la Autoridad Portuaria de Gijón está cobrando a Enagás las correspondientes tasas por ocupación privativa del dominio público portuario, pero no así las de actividad. Se consultó al gabinete jurídico si ese proceder era el correcto, habida cuenta de la obligación que tiene la Autoridad Portuaria de Gijón de defender los intereses portuarios. La respuesta de los juristas fue que la operativa de los responsables de El Musel está ajustada a Derecho. En caso contrario, podrían incurrir en responsabilidades.

Consecuencias

El informe legal apunta que corresponde al consejo de administración acordar la exigencia a Enagás de las penalidades por incumplimiento de los umbrales de tráfico mínimo, cosa que se hizo ayer. Pero es que, de no proceder así, los integrantes de ese órgano directivo podrían sufrir consecuencias, pues están obligados a atender al principio de responsabilidad profesional, personal y directa por la gestión desarrollada. Eso no quiere decir otra cosa que los miembros del consejo asumen directa y personalmente la gestión derivada de su gestión, ejercicio u omisión de sus funciones.

Además, se prevé la posibilidad de que exista un riesgo de que la Autoridad Portuaria se viera perjudicada económicamente por la forma de actuar de los consejeros, caso en el que la Administración podría acudir frente a los consejeros responsables con el objetivo de resarcirse. Esa responsabilidad sería personal patrimonial si se actuara mediando dolo, culpa o negligencia graves.