El Comercio

Marcelino Oreja, consejero delegado de Enagás.
Marcelino Oreja, consejero delegado de Enagás. / JUAN CARLOS ROMÁN

Marcelino Oreja: «La planta regasificadora de El Musel tendrá tráficos y futuro»

  • El consejero delegado de Enagás asegura que estudiarán la sanción del Puerto «cuando nos llegue»

Los responsables de la gasista Enagás no han recibido todavía notificación alguna de la penalización que aprobó anteayer la Autoridad Portuaria de Gijón por falta de tráficos mínimos en la concesión de la planta regasificadora. Así lo aseguró ayer el consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja, quien explicó que había tenido conocimiento de la sanción por lo publicado ayer por EL COMERCIO. Es más, apuntó que si los responsables portuarios se apoyaron en un informe emitido por un gabinete de abogados, «nosotros responderemos con otro».

De todas formas, esperarán a analizar con detalle la penalización cuando les llegue. Oreja no quiso adelantar si la empresa recurrirá la sanción porque «a lo mejor el Puerto tiene razón». De todas formas, aseguró que la estimación de una sanción de 400.000 euros anual anunciada por la Autoridad Portuaria de Gijón «es mucho dinero, incluso para Enagás».

De lo que sí se mostró convencido el consejero delegado de la gasista es que la planta regasificadora de El Musel «tendrá tráficos y futuro». Es más, puso el acento en que cuando el Gobierno permita que esa instalación sea puesta en marcha también generará negocio para otras empresas del puerto y puso como ejemplo a aquellas encargadas de reparaciones de buques o, incluso, los restaurantes de la zona para atender a las tripulaciones de los gaseros.

De cualquier modo, la gasista prácticamente tiene las manos atadas, pues Marcelino Oreja aseguró que «hasta que no haya un nuevo Gobierno no se puede hacer nada». Ni tan siquiera seguir los pasos de la planta de Ferrol que sí consiguió que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no la incluyera en la moratoria para el funcionamiento de este tipo de instalaciones. Oreja explicó que para el caso de la regasificadora de El Musel «es muy difícil conseguir una justificación por razones de urgencia, como ocurrió con la planta de Ferrol, ya que cuando se publicó el real decreto que paralizaba estas instalaciones la de Ferrol ya estaba en marcha».

Ante toda esta situación, el consejero delegado de Enagás manifestó que «tráficos en El Musel los va a haber y se generará negocio. Lo que hace falta es que nos concedan la licencia», y se mostró convencido de que «habrá negocio a futuro». Por el momento, desde la empresa energética se está a la espera de recibir el escrito de la Autoridad Portuaria de Gijón en el que se comunique de manera oficial la penalización que se le aplica.

Tráfico mínimo

El informe jurídico en el que se apoya la decisión de la Autoridad Portuaria de Gijón fue elaborado por la firma GTA Villamagna Abogados y está firmado por los letrados Ernesto García-Trevijano y Marta Plaza. En él se explica que en los pliegos de la concesión se incorpora una cláusula de tráfico mínimo de obligada observancia por Enagás «a partir de la fecha de reconocimiento de las obras» y cuyo cumplimiento implicaría que la gasista tuviera que pagar al Puerto de Gijón, «con carácter de penalización, una cantidad aplicada sobre la diferencia entre el tráfico mínimo exigido y el tráfico real».

Los letrados advierten de que el hecho de que el Gobierno haya suspendido 'sine die' la entrada en funcionamiento de la regasificadora, no impediría que la Autoridad Portuaria de Gijón «exigiese a la concesionaria la citada penalización por incumplimiento del umbral de tráfico mínimo». Es más, ahondan en que se trata de garantizar para el puerto una «explotación razonable» y «la rentabilidad que justificó el otorgamiento de la concesión portuaria».

Otro aspecto que prevé el informe jurídico es que El Musel «no se encuentra legalmente obligado a soportar los perjuicios económicos derivados de la falta de actividad» y pone el acento en que en su momento se estableció que «la concesión se gestionaría a riesgo y ventura del concesionario».

Pero podrían no ser todo malas noticias para Enagás, ya que el propio trabajo de García-Trevijano y Plaza otorga a la gasista una posible salida. Habida cuenta de que la empresa recibe anualmente una retribución por los costes de operación y mantenimiento de las instalaciones de la regasificadora, «si la concesionaria entendiese que el importe de esta retribución no es suficiente para atender a las obligaciones derivadas de la concesión, podrá formular la correspondiente reclamación ante la Administración competente».

De cualquier modo, es preciso esperar a la contestación de Enagás a la penalización impuesta por el Puerto de Gijón ya que, incluso, es posible que la gasista la acepte si la considera ajustada a Derecho.