El Comercio

Díaz Rato (derecha), junto a Viliulfo Díaz.
Díaz Rato (derecha), junto a Viliulfo Díaz. / NEWSPHOTOPRESS

Técnicos de la UE ratifican irregularidades en las obras de ampliación de El Musel

  • La defensa de Díaz Rato sostiene en la Audiencia Nacional que sus sospechas no están justificadas y que El Musel pagó conforme a contrato por obra realizada

Ni un paso atrás. Los autores del informe de la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea (Olaf) no sólo ratificaron ayer el contenido de su informe sobre irregularidades en la ampliación de El Musel al declarar en la Audiencia Nacional sino que, además, consideraron que las actas posteriormente desveladas de las reuniones de la gerencia de la constructora que ejecutó las obras avalan sus tesis. Unas tesis que crisparon al abogado del exdirector Díaz Rato, Viliulfo Díaz, quien sostuvo que las sospechas no están justificadas y que la Autoridad Portuaria de Gijón pagó, conforme a contrato, por obra realizada.

Distintas fuentes consultadas por este periódico coincidieron en señalar que la declaración fue tensa y que la magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3, Carmen Lamela, intervino en más de una ocasión para recordar que el procedimiento se encuentra en fase de instrucción, es decir, de toma de declaraciones, y no es todavía el momento de argumentar a favor o en contra de lo que exponen los testigos. Esa misma circunstancia propició que los investigados Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, tuvieran que abandonar la sala donde declaraban los técnicos de la Olaf, donde se encontraban para advertir a sus respectivas defensas sobre los errores técnicos en los que pudieran incurrir los representantes de la Olaf: «un titulado en Derecho y dos en Ciencias Empresariales», según destacó Viliulfo Díaz.

900 millones

El abogado de Díaz Rato insistió en que los declarantes señalaran qué párrafos concretos de las actas de la UTE Dique Torres inculpan a su defendido y se preguntó por qué la Olaf eleva hasta 900 millones el coste de la ampliación de El Musel cuando la liquidación aprobada y abonada cifra en 623 millones el precio aceptado.

Conocidos son y volvieron a salir a relucir en sede judicial los argumentos de que los técnicos de la Olaf incluyen en el concepto de 'piedra' materiales de distinto valor; o de que correspondía al contratista el pesaje de los camiones, ya que «El Musel pagó conforme a contrato por obra realizada y no a tanto alzado».

La defensa de Díaz Rato sostuvo también que no está justificado sospechar que la Autoridad Portuaria «aparentó» que se podría utilizar la cantera de Aboño, ya que no se había precisado la ubicación exacta de la planta desulfuradora que retrasó su utilización, y desmintió que la empresa encargada de la asistencia técnica tenga vínculo accionarial con la constructora, aunque fuese ésta quien le pagara, puesto que así estaba especificado en las bases de licitación.

Algunas fuentes consultadas informaron de que los técnicos de la Olaf señalaron que les fue imposible lograr documentación contable de Dique Torres y que la mejor colaboración de Tudela Veguín confirmó sus sospechas acerca del descontrol.