El Comercio

Díaz Rato asegura que el abogado del Estado defendió en Bruselas la gestión de la obra de El Musel

José Luis Díaz Rato, a la derecha, con su abogado, Viliulfo Díaz.
José Luis Díaz Rato, a la derecha, con su abogado, Viliulfo Díaz. / NewsPhotpress
  • El exdirector de la Autoridad Portuaria de Gijón rechazó cualquier tipo de connivencia con la UTE Dique Torres, que llevó a cabo las obras de ampliación del puerto

José Luis Díaz Rato, exdirector de la Autoridad Portuaria de Gijón, compareció ayer a petición propia ante la jueza Carmen Lamela, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, para rebatir las acusaciones vertidas por los técnicos de la Oficina Europea Antifraude (Olaf) por la gestión de la obra de ampliación del puerto de El Musel y su sobrecoste final. Díaz Rato aseguró que tanto él como el entonces secretario de Estado de Transportes, Fernando Palao; el presidente de Puertos del Estado, Mariano Navas; el presidente del Puerto de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, y el abogado del Estado defendieron en Bruselas que no se habían producido esas presuntas irregularidades. Es más, Díaz Rato añadió que el abogado del Estado portó informes “en nombre del Reino de España, que tenían las bendiciones de la Abogacía Central del Estado”.

También rechazó cualquier tipo de connivencia con la UTE Dique Torres, que llevó a cabo las obras de ampliación del puerto, y explicó que el anuncio de Hidroeléctrica del Cantábrico de construir una planta de desulfuración en la central térmica de Aboño no impedía la utilización de la cantera de la eléctrica, al contrario de lo que habían asegurado hasta ahora los representantes de las constructoras. Díaz Rato apuntó que “había distancia suficiente”, según reveló su abogado, Viliulfo Díaz.

Por otro lado, también ayer se celebró la comparecencia de Menéndez Rexach, Díaz Rato, Miguel Vallina –responsable de Planificación Estratética- y Carmen Fernández Pico –responsable de la Asociación Cultural Aeropuerto, por la pieza separada abierta por la jueza Lamela por el programa de ocio ‘A ver la ballena’. La Fiscalía Anticorrupción ve la posibilidad de que se pudiera haber cometido fraude, cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos, pues el gasto de casi un millón de euros que supuso celebrar ese programa entre 2004 y 2011 lo considera un posible “encubrimiento de pagos o comisiones originados en la adjudicación del contrato” para construir la ampliación.

También considera irregular que el Puerto adjudicara directamente ese programa de ocio a la asociación cultural y no pidiera tres ofertas. Los investigados rechazaron de forma tajante las acusaciones. Carmen Fernández Pico apuntó que se trataba de un patrocinio de la UTE, mientras que Miguel Vallina aseguró haber tenido relación con la UTE solo por haber firmado las certificaciones exigidas por la constructora de que se habían realizado las actividades programadas, más de 350 en esos años. Por su lado, Rexach y Rato dejaron claro que ese programa se debió a una forma de la UTE de compensar las molestias que estaba causando a la ciudad por el intenso tránsito de camiones y la suciedad generada.