El Comercio

La Fiscalía pide imputar a un abogado del Estado por el sobrecoste de El Musel

Mariano Navas, a su llegada a la Audiencia.
Mariano Navas, a su llegada a la Audiencia. / NEWSPHOTOPRESS
  • José María Alcoba no declaró ayer como testigo a la espera de que la jueza decida sobre la petición del fiscal

A todas las partes cogió ayer por sorpresa que el abogado del Estado José María Alcoba no acudiera a declarar como testigo en la causa que se sigue ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional por los sobrecostes de El Musel. La de Alcoba era una declaración esperada, ya que fue quien avaló la ampliación del puerto dentro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón. Letrados de las defensas y las acusaciones preguntaron a la jueza Carmen Lamela por la causa de la ausencia del abogado del Estado y se quedaron sorprendidos con la respuesta: «Su declaración ha quedado suspendida. La Fiscalía ha solicitado que se le cite para declarar como investigado». Ahora, la jueza tendrá que decidir si finalmente José María Alcoba es convocado como investigado.

Entre tanto, ayer sí declararon Fernando Palao, exsecretario de Estado de Transportes; Mariano Navas, expresidente de Puertos del Estado; Gonzalo Gómez Barquín, jefe de Área de Análisis Técnico e Infraestructuras, y Alejandro García Campuzano, inspector de Fomento. Los cuatro comparecieron a petición de la defensa de José Luis Díaz Rato, exdirector del puerto, ejercida por el letrado Viliulfo Díaz, quien indicó que tanto Palao como Navas ratificaron la reunión celebrada en marzo de 2006 en la sede de la Secretaría de Estado y que, según había declarado ante en el juzgado el propio Díaz Rato, habría servido para 'ordenar' al Puerto de Gijón que hiciera lo necesario para que las obras de ampliación no se paralizaran por la petición de la UTE Dique Torres de más dinero. Viliulfo Díaz indicó que «antes habían negado que se hubieran celebrado esas reuniones. Hoy ya dijeron que sí, pero que eran reuniones informativas. Si era así, ¿qué pintaba el secretario de Estado de Transportes con las empresas?», apuntó el letrado.

Lo mismo opinaba el defensor del expresidente del puerto, Fernando Menéndez Rexach, el letrado Agustín Azparren, quien añadió que en las declaraciones de ayer «nadie se acordaba de quién había representado a las empresas en esas reuniones». Eso sí, en sus declaraciones tanto Navas como Palao rechazaron que en esos encuentros se hablara del sobrecoste de las obras, sino «de la tensión que había entre el director del puerto, José Luis Díaz Rato, y las empresas de la UTE», explicó Azparren. Pero, es más, Palao añadió que «no tenía competencias para hablar del sobrecoste», explicó Viliulfo Díaz.

También satisfecha salió de la sesión de ayer la abogada Gemma Arbesú, que ejerce la acusación en representación del Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción (Ocán), cercano a Podemos. La letrada explicó que «Palao no recordaba mucho sobre esa reunión, pero sí que se había celebrado en su despacho». Arbesú apuntó que «Mariano Navas dijo que había perdido la confianza en la Autoridad Portuaria de Gijón porque el acuerdo con la UTE pivotaba sobre la base del que se había cerrado con HC para usar la cantera. Navas fue muy claro sobre este tema y dijo que se condicionó todo sobre el acuerdo con HC y que no debería ser así».

Asimismo, hubo comparecencias de técnicos. Uno fue el inspector Alejandro García, quien calificó la obra de «perfecta» y puso el acento en que se liquidó en negativo; es decir, de los 715 millones de euros presupuestados tras el modificado, se liquidó en 623, unos 92 millones menos de lo previsto. Añadió que el 30% de ese sobrecoste se debió al precio de los áridos. Otro dato que el inspector de Fomento puso encima de la mesa fue que tras la liquidación de la ampliación de El Musel, el sobrecoste fue del 24%, similar al del puerto de La Coruña, con la diferencia que esa obra costó 1.000 millones de euros.

El otro técnico convocado ayer, Gómez Barquín, sacó a relucir que al firmarse el acuerdo de intenciones entre el puerto y la UTE en junio de 2004, ya había salido publicado en el BOE seis meses antes que Hidrocantábrico iniciaba la obra de la planta de desulfuración en el térmica de Aboño, lo que impediría el uso de su cantera. Gemma Arbesú indicó que «la Autoridad Portuaria no trasladó a las empresas toda la información que tenía».

Hoy habrá una nueva sesión sobre El Musel en la Audiencia Nacional. Por un lado, José Luis Díaz Rato volverá a declarar a petición propia por los sobrecostes de la obras, mientras, por otro, dentro de la pieza separada abierta por el programa de ocio 'A ver la ballena' y que habría costado un millón de euros a la UTE, declararán tanto Díaz Rato como Fernando Menéndez Rexach, además de Miguel Vallina, responsable de Planificación Estratégica y Relaciones Corporativas del Puerto de Gijón, y Carmen Fernández Pico, como responsable de la Asociación Cultural Aeropuerto y que fue la firma encargada de llevar a cabo el programa de ocio de 'A ver la ballena'.