El Comercio

Fernando Menéndez Rexach.
Fernando Menéndez Rexach. / NEWSPHOTOPRESS

Díaz Rato rechaza la «connivencia» con la UTE en la obra de El Musel

  • El exdirector del puerto declara en la Audiencia Nacional que se podría haber utilizado la cantera de Aboño

La jueza Carmen Lamela, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, escuchó ayer la declaración voluntaria que durante tres horas y media realizó el exdirector de la Autoridad Portuaria de Gijón, José Luis Díaz Rato, para rebatir todas las acusaciones sobre la gestión de la obra de ampliación de El Musel que realizaron los técnicos de la Oficina Europea Antifraude (Olaf), quienes declararon el pasado martes, y anteriores testigos.

Díaz Rato, según explicó su abogado, Viliulfo Díaz, rechazó cualquier tipo de «connivencia» con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dique Torres, encargada de ejecutar la ampliación. Es más, quiso aclarar que la cantera de Aboño propiedad de Hidroeléctrica del Cantábrico «se pudo haber explotado, porque había distancia suficiente» a la planta de desulfuración que estaba construyendo la central térmica y a un gasómetro instalado en las inmediaciones desde hacía varios años.

Díaz Rato se valió de numerosa documentación para refrendar su postura y aseguró que «no era partidario de buscar sin más un modificado, del que también estuvieron de acuerdo el ministerio y Puertos del Estado». También quiso dejar clara su versión de las dos reuniones celebradas en el despacho del entonces secretario de Estado de Transportes, Fernando Palao, y a la que también acudió quien era presidente de Puertos del Estado, Mariano Navas.

Ante la magistrada y el fiscal anticorrupción, Díaz Rato aseguró que ambos mandatarios «dijeron que si la obra se paraba se perdía mucho dinero y que era una ampliación muy importante para Gijón», apuntó el abogado del expresidente de El Musel, conminando al Puerto de Gijón a que aceptara el sobrecoste solicitado por las constructoras. Es más, abundó que tanto Navas como el abogado del Estado, el presidente del Puerto, Fernando Menéndez Rechax, y él mismo acudieron en varias ocasiones a Bruselas para defender la gestión de la obra y mostró ante la jueza los «escritos del abogado del Estado en nombre del Reino de España y que aseguraba tenían las bendiciones de la Abogacía Central del Estado», explicó el letrado, quien hizo valer ante la magistrada que «prueba de ello es que Fernando Palao ya había dicho ante los periodistas que había un modificado de más de cien millones de euros, días antes de que fuera aprobardo».

La utilización de las canteras y el uso de los áridos extraídos también fueron objeto de aclaración por José Luis Díaz Rato, así como su control, para lo que se contó con más de 40 personas de asistencia técnica.

'A ver la ballena' bajo sospecha

En la sesión de ayer también se celebraron las primeras comparecencias de los investigados por el programa de ocio 'A ver la ballena', que durante los veranos de 2004 a 2011 se desarrolló en el Puerto Deportivo por la Asociación Cultural Aeropuerto y que le supuso a la UTE el desembolso de casi un millón de euros. En este asunto, la Fiscalía Anticorrupción investiga por la posible comisión de los delitos de fraude, prevaricación, malversación de fondos públicos y cohecho a Fernando Menéndez Rexach, José Luis Díaz Rato y Miguel Vallina, jefe de la División de Control de Gestión y Planificación Estratégica, así como a Carmen Fernández Pico, responsable de la mencionada asociación cultural, a quien acusa de presunto fraude y cohecho.

Los cuatro rechazaron ayer las acusaciones. Miguel Vallina explicó que sólo tenía relación con la UTE y que su cometido había sido el de certificar que cada temporada se habían realizado las actividades programadas, tal y como exigía la UTE para realizar los correspondientes pagos. Menéndez Rexach y Díaz Rato apuntaron, por su lado, que durante esos años se realizaron en Gijón más de 350 actuaciones de todo tipo y que el objetivo de la empresa era el de corresponder con la ciudad debido a las molestias que se causaban con las obras, expecialmente por la abundante circulación de camiones y levantamiento de polvo. Además, Carmen Fernández Pico quiso dejar claro que este programa de ocio se trataba de un patrocinio de la UTE. Igualmente, los responsables del puerto explicaron que la contratación de la Asociación Cultural Aeropuerto se debió a que «trabajaba barato», según apuntó el abogado Viliulfo Díaz.

Por las molestias causadas

En la sesión de ayer, los investigados por el programa 'A ver la ballena' trataron de rebatir los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción que cree que se realizó la adjudicación del proyecto de esas actividades de ocio «bien sin un previo expediente de contratación» o bien vulnerando la Ley de Contratos del Estado «que exige para la contratación por el procedimiento negociado la solicitud de un mínimo de tres ofertas a empresas capacitadas para la realización del contrato, sin que concurran circunstancias objetivas limitativas que justifiquen que se hubiera prescindido de este requisito».

La Fiscalía Anticorrupción apunta que ese casi millón de euros que costó 'A ver la ballena' «pudiera constituir un medio de encubrimiento de pagos o comisiones originados en la adjudicación del contrato» con la UTE, lo que considera una «hipótesis plausible a la vista de las graves irregularidades ya detectadas en el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato» para acometer la obra de ampliación de El Musel.