El Comercio

Ana Braña, en las dependencias de la Concejalía de Hacienda.
Ana Braña, en las dependencias de la Concejalía de Hacienda. / PURIFICACIÓN CITOULA

«Confiamos en la flexibilidad de todos para no repetir la prórroga»

  • «Las señas de identidad de las cuentas de 2017 son los presupuestos participativos y los compromisos con el acuerdo de concertación»

  • Ana Braña Concejala de Hacienda, Organización Municipal y Empleo

Tras presentar esta semana la propuesta presupuestaria con la que Foro iniciará con el resto de grupos un debate encaminado a evitar que Gijón entre por segundo año consecutivo en prórroga, la concejala de Hacienda analiza en esta entrevista los principales aspectos de las cuentas municipales para 2017.

¿Cuáles considera que son las claves principales del borrador de presupuestos presentado el jueves?

Tiene dos señas de identidad. Por un lado, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y consensuados en la concertación social, con 18,7 millones de euros para desarrollo económico y empleo frente a los 12,1 millones de la prórroga de este año. Y por el otro, los presupuestos participativos, de donde han salido 34 proyectos de inversión por seis millones de euros. Respetaremos el orden de las propuestas más votadas por la ciudadanía.

Aseguran que el documento entregado a los grupos es una base sobre la que ahora empezarán a negociar con todos. ¿Están abiertos a cualquier cambio?

Buscaremos un acuerdo mayoritario. De todos, sin mirar a ningún lado concreto de las bancadas. Creo que el año pasado ya lo demostramos con la aceptación de la mayoría de las enmiendas. Nuestra voluntad será la misma. La ciudad necesita un presupuesto y eso es lo que tenemos en la cabeza. No nos planteamos un escenario de prórroga.

Pero hay determinados gastos que no se podrán tocar...

En los capítulos de personal y gasto corriente hay poco margen. En el primero prevemos que, como el año pasado, la Ley de Presupuestos Generales del Estado recoja una subida salarial del 1%. También está ahí el dinero de las sentencias derivadas de los planes de empleo, que supondrá 900.000 euros adicionales. Respecto al gasto corriente, ya está muy limitado. Por otra parte, en el capítulo 9 (amortización de préstamos) tenemos obligaciones contraídas por 21 millones de euros. Al no haber podido aligerar ese capítulo, como proponíamos con los 9,6 millones del remanente, tenemos que incluir esa cantidad en los presupuestos. Es una obligación legal y los grupos lo saben, porque es lo que está previsto en nuestros contratos con los bancos. También habrá que respetar las inversiones de los presupuestos participativos.

¿Qué supondría para Gijón una nueva prórroga?

Un marco más complicado para trabajar. Por el buen funcionamiento de todos los servicios, para que el 1 de enero el Ayuntamiento esté en marcha, para agilizar todos los trámites y que no sea necesario ir avanzando a base de modificaciones presupuestarias, necesitamos un presupuesto. Confiamos en que los grupos tengan la responsabilidad para aprobarlo y la flexibilidad para poder llegar a un acuerdo en las dos fases de negociación que tendremos ahora, primero de modo informal y después por la vía de las enmiendas.

El PSOE ya ha criticado una «llamativa reducción» del dinero para inversiones...

¿Y con qué lo comparan? No se puede comparar un presupuesto inicial con otro final. Para 2017 en ese capítulo llevamos 14,5 millones de euros, frente a los 11,5 que había en el presupuesto prorrogado. Luego a lo largo del año siempre se va inyectando dinero. Para fachadas, por ejemplo, tenemos 6,5 millones pero acaban alcanzándose los 10 millones. Hay 1,5 millones para la rehabilitación de Portuarios que no consta en los presupuestos porque su financiación ya está vinculada a un préstamo y es una obra que se va a hacer. Incluimos la finalización de la Escuela de Comercio, la consolidación de Tabacalera... El pulso inversor no se reduce.

Participación exitosa

Por primera vez casi la mitad de las inversiones se han decidido por votación popular. ¿Cómo valoran la respuesta de la ciudadanía a ese proceso?

Creemos que ha sido un éxito. Era algo nuevo, una experiencia piloto. Y comparándola con las que ha habido en otras ciudades consideramos que ha sido muy positiva. En ningún otro lugar se permitió una participación telemática y luego también presencial. Para ser la primera vez ha salido muy bien. Ahora tocará sentarse y ver qué podemos mejorar para el año que viene.

En total votaron 2.534 personas, que no llegan a representar más del 1% de la población...

En otros ayuntamientos con procesos comparables no se llegó al 0,5%. Aparentemente, puede parecer un dato reducido, pero expertos en este ámbito nos dicen que ni nos imaginamos lo que representa que en un proceso así participe el 1% de la población. Y en la plataforma de participación ciudadana abierta en internet, donde también hemos hecho consultas sobre borradores de ordenanzas o sobre el plan estratégicos, ya hay más de 4.500 personas registradas. Voten luego o no, es una buena cifra.

¿Está garantizada la ejecución en 2017 de las 34 obras aprobadas?

Tenemos que trabajar para que se hagan. Nuestro compromiso es ejecutar esas inversiones y por eso están en el presupuesto. Lo que hay que hacer es empezar a licitarlas en cuanto el presupuesto esté aprobado, ponerse a trabajar ya desde principios de año y sin tener que depender de modificaciones como con la prórroga.

Son habituales las quejas de la oposición de que las inversiones no se ejecutan, que todo está paralizado...

Nadie está parado. Los servicios municipales trabajan a destajo y tenemos 30 millones de euros en inversiones en marcha, tanto los correspondientes al préstamo para inversiones como a los seis millones de remanente que se incorporaron en mayo.

El Pleno aprobó esta semana las ordenanzas fiscales para 2017. ¿Cuáles son sus principales novedades?

Creo que lo más importante es que se han ampliado tanto las cuantías como los plazos para autorizar aplazamientos y fraccionamientos de las deudas tributarias, que es algo que va a favor del contribuyente. En el impuesto de construcciones las obras relacionadas con la mejora de la accesibilidad tendrán una bonificación del 90% y las de aprovechamiento térmico, eficiencia energética y uso de energía solar en viviendas del 95%. En la plusvalía habrá un cambio de procedimiento que creo que es muy importante, que es que la carga de la liquidación pasa a la administración. Además el contribuyente ya no tendrá la obligación de trabajar con una determinada entidad financiera, como hasta ahora. Las enmiendas presentadas por otros grupos a este impuesto no se aceptaron por la pérdida de capacidad económica que supondrían para el Ayuntamiento. La presentada por el PP supondría una reducción de los ingresos de 4,5 millones de euros.

Se seguirá cobrando la plusvalía a los pisos que no hayan registrado un incremento de su valor.

Eso será cuestión de los tribunales. El margen del Ayuntamiento es pequeño. No podemos actuar sobre la base impositiva, que depende del valor catastral. Solo podemos variar los porcentajes que se aplican para calcular la plusvalía, pero cualquier cambio se aplicaría a todos los inmuebles. Si por vía judicial, como ha habido en varias sentencias, se establece que en algún caso no ha habido incremento patrimonial, no habrá hecho imponible y, por tanto, no corresponderá el cobro de la plusvalía. Pero eso no podemos establecerlo vía ordenanza.

El PP continuará cuatro años más en el Gobierno. ¿Confían en que reduzca su presión sobre la gestión económica de los ayuntamientos?

Los ajustes de Montoro nos han hecho mucho daño y es algo que sí deberían cambiar. Necesitamos más flexibilidad sobre la regla de gasto. Han aplicado unas normas sin discriminar entre los ayuntamientos que hicieron mal las cosas y los que han sido buenos gestores. Un consistorio saneado financieramente, como el de Gijón, no debería estar tan limitado como ahora en el uso que puede hacer de su remanente. Sobre todo, cuando se trata de prestar servicios públicos y no de derrochar.

¿Ha habido alguna novedad sobre la carta de Montoro respecto a la liquidación de empresas municipales desde que el Ayuntamiento presentó sus alegaciones?

No. Hemos preguntado dos veces por este asunto y no hemos tenido respuesta.

¿En qué punto se encuentra el plan para modificar la estructura del Ayuntamiento?

Dimos de plazo hasta el 31 de octubre (mañana) a todos los grupos municipales y los agentes sociales para que nos digan si ven bien el organigrama que hemos planteado. El siguiente paso, fundamental, será elaborar el inventario de puestos de trabajo, que dirá qué necesita el Ayuntamiento para dar un mejor servicio al ciudadano. Luego esperamos que Montoro flexibilice las tasas de reposición de personal, porque necesitaremos gente y nuevos perfiles para responder a las nuevas demandas ciudadanas.