El Comercio

El juez respalda a un policía que hurtó un móvil de la oficina de objetos perdidos

  • «No se puede considerar que apoderarse de un teléfono sea incumplir sus deberes y tampoco que desacredite a la institución», dice el fallo

La Justicia, tanto por la vía administrativa como por la penal, le ha dado la razón a un agente de la Policía Local que sustrajo un teléfono móvil depositado en objetos perdidos. Las cámaras de seguridad de la Jefatura grabaron cómo el funcionario se apoderaba del terminal, un iPhone 5, y lo ocultaba en el pantalón del uniforme. Sin embargo, no solo no ha sido condenado por el delito de hurto por el que fue detenido, sino que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 obliga ahora al Ayuntamiento a devolverle los sueldos que dejó de percibir por el expediente sancionador de 17 días de suspensión de empleo y sueldo. Para el juez Jorge Rubiera Álvarez, el agente ni faltó a sus deberes profesionales ni dañó la imagen de la institución policial. El móvil en cuestión nunca llegó a aparecer.

Los hechos se remontan a julio de 2015. «El agente recibió un móvil que Iphone 5 que quedó guardado en la caja de objetos perdidos; a continuación llamó el propietario, al que se le informó de que el dispositivo estaba allí. En la grabaciones se observa al agente expedientado sentarse en la silla destinada al agente de puerta y tomar un sobre de la caja de objetos perdidos. El funcionario que entra de servicio queda avisado de que en la caja hay un móvil y que su propietario pasará a recogerlo, si bien cuando esto se produce, dicho móvil no fue encontrado en el lugar», señala la demanda.

Después de que el intendente visionase las imágenes, el agente fue detenido por un delito de hurto, lo que dio inicio a un procedimiento penal en el Juzgado de Instrucción número 5. Se acordó meses después el sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias después de que el dueño del móvil manifestase que no reclamaba nada y no se personaba con parte denunciante.

Ese sobreseimiento motivó que el agente reclamase al Ayuntamiento una indemnización por la suspensión de sueldo y empleo. En su recurso, el gobierno municipal argumentaba que los hechos incurrían «en una grave desconsideración con sus compañeros y ciudadanos, con descrédito de la institución policial», a lo que el juez contesta que «no ha existido una actuación irrespetuosa del acto (mediante insultos, ofendas o mofas) ni se aprecia el necesario 'animus injuriandi' en su actuación hacia aquellas personas».

En el segundo punto del recurso, el Ayuntamiento señala que, «a la vista de las pruebas y del visionado de la cámara, se permite evidenciar un comportamiento absolutamente irregular del agente, entre cuyas funciones están las del auxilio al ciudadano, protección a las personas y los bienes». Para el juez, según la resolución, «no puede considerarse que una actuación como el apoderamiento de un teléfono depositado en las dependencias pueda incardinarse como incumplimiento de sus deberes». No aclara cuáles considera que deben ser.