El Comercio

Xosé Nel Riesgo pide la palabra para intervenir.
Xosé Nel Riesgo pide la palabra para intervenir. / JORGE PETEIRO

Afectados por el ERA presentarán una demanda colectiva contra el Principado

  • Exigirán la anulación de todos los contratos de sus familiares «por falta de información, carencia de precios y ser firmados por personas enfermas»

El Principado recibirá una demanda colectiva en los próximos días. La firmará el letrado Martín Julio Ferrero en nombre de 300 familias. La reclamación, ya redactada, exige la anulación «de todos los contratos» de exusuarios de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), el organismo que gestiona la red pública geriátrica asturiana. Una anulación basada «en que esos contratos carecen de la información necesaria, no figuran los precios de la plaza y han sido firmados, en muchas ocasiones, por personas sin capacidad para hacerlo, ya que, aunque no tenían una incapacitación oficial, sí estaban enfermas o carecían de formación básica».

Esa fue la primera decisión tomada por la Plataforma de Afectados por el ERA, que ayer celebró en Gijón su asamblea constitucional con la adhesión de un centenar de socios. Son parte de las 3.378 familias que pelean, algunas desde 2011, contra el Gobierno regional por el cobro de la estancia de sus parientes en la red pública geriátrica asturiana. Reclaman porque en las facturas emitidas, de hasta 92.000 euros y que les llegaron casi cuatro años después del fallecimiento de su familiar, no figura aplicada la ayuda a la dependencia concedida.

Unas irregularidades que ha reconocido el propio Ejecutivo de Javier Fernández. Sobre todo después de que todos los grupos con representación en la Junta, incluido el PSOE, votaran en marzo pasado una moción que obliga a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales a revisar cada caso. Porque los afectados aseguran que se les había dicho que, con la ayuda a la dependencia y el aporte del 75% de la pensión del usuario, el coste de la plaza quedaba cubierto. En un primer cálculo, la consejera socialista Pilar Varela habló de una devolución superior a los 90 millones de euros.

«No están haciendo nada»

Además de aprobar por unanimidad iniciar esa demanda colectiva contra el Gobierno regional, los socios de la Plataforma de Afectados por el ERA también dieron el visto bueno al inicio de acciones legales contra el Ejecutivo de Javier Fernández «si no aplica la ley aprobada por la Junta al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA)».

Ángel Rodríguez, presidente de la entidad, se refiere a lo adelantado por EL COMERCIO: el Principado ha decidido no aplicar la denominada Ley de Suspensión de las Reclamaciones por el ERA a las Deudas de Ancianos Fallecidos. La presentada por Podemos y que, con los votos favorables de PP e IU, la Junta General aprobó el viernes.

El PSOE encontró el respaldo a su negativa en los portavoces de Foro y Ciudadanos. Pedro Leal y Diana Sánchez, ambos letrados, confirmaron el dictamen del Consejo Consultivo y del letrado de la Cámara. «La ley es inaplicable porque invade competencias». En un paso más allá, el portavoz socialista, Fernando Lastra anuncio que «lo que han votado hoy no se va a hacer, no es legal. El Gobierno hará lo que dice el Consejo Consultivo, que es modificar el decreto de copago para aplicar la retroactividad».

Declaración que confirmó la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, al finalizar la votación. «El 14 de noviembre presentaré en la Junta la modificación del decreto que supondrá que a todas las personas se les aplicará la Ley de la Dependencia».

Unas palabras, sin embargo, que no encontraron ayer respaldo en la asamblea celebrada en Gijón. Los asistentes aseguran que desde el Principado «no están haciendo nada» para frenar los cobros de las deudas presuntamente erróneas. «No sabemos de ninguna familia a la que le hayan paralizado el cobro o le hayan revisado el caso», aseguró Ángel Rodríguez. Algo que confirmaron muchos de los asistentes. «Nosotros seguimos pagando la deuda que nos marcaron mes a mes sin que nadie nos haya llamado». Otros, como Xosé Nel Riesgo, exdirector de la Fundación Municipal de Cultura, tampoco saben nada del Principado, pese a haber pagado la deuda reclamada, en la que se incluía un sepelio ya sufragado.

Suspender, auditar y contratar

Unos cobros que «ahora deberán parar», aseguró Rosa Espiño. La diputada de Podemos participó en la asamblea para explicar el contenido de la ley. Sus tres artículos obligan al Principado a suspender los cobros, auditar las facturas, contratar el personal necesario para hacer todo eso y a incorporar a todos los residentes en el ERA a la Ley de la Dependencia. Salvo lo último, «que sí nos consta que han hecho», de lo demás «no tenemos constancia de que hayan hecho nada, por mucho que la consejera haya dicho que están trabajando desde la aprobación de la moción el 4 de marzo».

De hecho, confirmó que «no se han parado los cobros» y cree que el problema radica «en que no han cumplido con la parte referida a la dotación del personal y los medios necesarios al ERA para llevar a cabo todas las revisiones y auditorías».

Espiño calificó lo vivido en la Junta el viernes de «insólito». En su opinión, «es insólito que en este país y en esta comunidad no solo nuestro gobierno incumple las mociones, sino que tiene la osadía de decir, incluso durante la aprobación de la ley, que no va a cumplirla. No obstante, hay mecanismos jurídicos para obligarle».

Respecto a la modificación del decreto anunciado por Varela, Espiño insistió: «Nuestro objetivo es que ponga manos a la obra ya, que no pierda más tiempo. Nunca nos opusimos a resolver con otras fórmulas las reclamaciones de las familias. Solo decimos que lo haga ya».