El Comercio

El peso de la cantera de Aboño

Inicio de la explotación de la cantera de Aboño, en febrero de 2007, dos años después de iniciada la ampliación del puerto.
Inicio de la explotación de la cantera de Aboño, en febrero de 2007, dos años después de iniciada la ampliación del puerto. / PALOMA UCHA
  • La versión que acaba de aportar a la Audiencia Nacional contradice los argumentos que impulsaron el sobrecoste

  • HC asegura que problemas ajenos causaron el retraso en la explotación para El Musel

La utilización de la cantera de Aboño o, más bien, el retraso de dos años en su explotación para suministrar piedra para la obra de ampliación del puerto de El Musel centró parte de las declaraciones de testigos la pasada semana en la Audiencia Nacional en el caso que se instruye por los sobrecostes de la obra portuaria. Defensas y acusaciones han puesto el ojo en Hidroeléctrica del Cantábrico (HC) como supuesta 'culpable' de que no se explotara la cantera y fuera ese uno de los motivos por los que hubo un sobrecoste final de 123 millones de euros. Incluso, el informe emitido por la Oficina Europea Antifraude (OLAF) dice expresamente que HC comunicó a las partes «que le era imposible respetar el acuerdo alcanzado ni asegurar al adjudicatario UTE Dique Torres el pleno acceso a la cantera de Aboño» debido a su proyecto para construir una planta de desulfuración en la central térmica, muy cerca de la cantera. ¿Fue en realidad así? En HC lo negaron rotundamente en la Audiencia Nacional. Es más, aseguran que los inspectores de la Olaf ni siquiera les visitaron.

Un informe del Puerto de Gijón sobre las circunstancias que motivaron el sobrecoste las achaca, entre otras cosas, a «las dificultades que tuvo HC para dar cumplimiento al acuerdo, principalmente por el inicio de la construcción de una planta de desulfuración en las inmediaciones de la zona a explotar. Esta inversión de HC no estaba prevista al firmarse el acuerdo de intenciones ni al licitarse el proyecto». Es más, explica que esa obra «ocasionó que HC pospusiera la autorización para iniciar la explotación de la cantera a que las obras estuvieran muy avanzadas para que se redujese el personal ocupado en los trabajos, a fin de minimizar los riesgos».

En HC no están en absoluto de acuerdo con estas versiones. Sostienen que los problemas que surgieron con la cantera nada tuvieron que ver con ellos, pues la construcción de la mencionada planta era conocida y su incompatibilidad con la explotación de la cantera era mínima. Y de todo ello aportaron documentación en la Audiencia Nacional.

Unidad 2 de la térmica

HC había comprado la cantera en 1989, tras la desaparición de Constructora Internacional, para una futura ampliación de la central térmica. En 2002, SATO compró otras fincas colindantes ya que preveía optar a la obra de ampliación del puerto, de la que ya se venía hablando.

El 23 de enero de 2004, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó un anuncio de HC sobre el contrato para la construcción de seis plantas de desulfuración en varias centrales térmicas, entre ellas la unidad 2 de la de Aboño, con un plazo de ejecución no superior a 30 meses y una inversión de 56 millones de euros. Este proyecto fue reflejado en un reportaje publicado por EL COMERCIO el 21 de marzo de ese mismo año, a lo que siguieron informaciones posteriores. Es por ello por lo que en HC no se acaban de creer que este proyecto no fuera conocido en el Puerto de Gijón.

Unos meses más tarde, el 26 de julio de 2004, HC y la Autoridad Portuaria firman un acuerdo de intenciones para poner la cantera de Aboño a disposición del adjudicatario de las obras de ampliación. La intención era extraer de ella 20 millones de toneladas de piedra de las 26 que se estimaban necesarias. El puerto quería iniciar la explotación a la firma del contrato de la ampliación, en febrero de 2005. Pero no pudo ser.

¿Cuál fue la responsabilidad de HC en el retraso de dos años que se produjo? En la eléctrica aseguran que ninguna, pues los problemas fueron otros. Y eso es lo que ha quedado fielmente reflejado en las actas del comité de gerencia de la UTE Dique Torres que obran en poder de la Fiscalía Anticorrupción. El único desacuerdo que hubo entre HC y la adjudicataria correspondió al canon a pagar a la eléctrica por el uso de la cantera. Esos documentos indican que HC comenzó pidiendo 0,2 euros por metro cúbico (1,13 euros por tonelada). En marzo de 2005 ya estaba listo el primer borrador del contrato, aunque seguían las negociaciones entre las partes. Hay que tener en cuenta que HC no era el único propietario de la cantera, ya que otra parte pertenecía a una de las empresas que integraban la UTE, en concreto a Sociedad Anónima de Trabajos y Obras (SATO), y una tercera a la familia Suárez del Villar. Esta última acabaría rompiendo las negociaciones.

Si ya era complicada la negociación del canon, apareció un nuevo problema: la concesión por parte del Principado a la empresa Exma de un permiso de investigación. Al tiempo, la UTE negocia con la empresa Cobra, que acometía la construcción de la planta de desulfuración, para compatibilizar esa obra con la explotación de la cantera. Entre tanto, ya es septiembre de 2005 y la UTE utiliza otras canteras, entre ellas las de Carreño propiedad de Tudela Veguín.

Séptimo borrador

Así pasa prácticamente el año 2005, entrando también en las negociaciones la Dirección General de Minas del Principado de Asturias, pero la situación sigue sin desbloquearse. A todo esto, Exma presenta alegaciones a todos los trámites que se realizan. En abril de 2006 ya se va por el séptimo borrador del contrato entre HC y la UTE, que en agosto de ese año está listo para la firma, pero falta la concesión de la licencia municipal del Ayuntamiento de Gijón. Además también hay que terminar de negociar la parte de la cantera perteneciente a SATO. El acuerdo final llega en enero de 2007 y se recibió la licencia que faltaba, con un canon a HC y SATO de 1,65 euros por metro cúbico. HC cobró un total de 2,6 millones de euros, más IVA. La primera voladura tuvo lugar el 14 de febrero de 2007.

En todo este tiempo, HC mantiene que nunca impidió la explotación de la cantera, aunque sí es cierto que hubo un momento en el que parecía que las posturas eran irreconciliables. Eso ocurrió en noviembre de 2005 y fue cuando se envió una carta al presidente del puerto, Fernando Menéndez Rexach, indicando que «parecía imposible desarrollar el acuerdo de intenciones», debido al enfrentamiento entre la UTE y Cobra por la posibilidad de compartir viales en la zona de la cantera. Fue una reunión muy tensa en la que participó el director de Infraestructuras del puerto, Miguel Villalobos. No obstante, unos días después se remitió otra misiva a la UTE asegurando que no había inconveniente en el uso de la cantera.