El Comercio

Gijón urge al Principado la reposición de 120.000 euros para ayudas a la vivienda

Eva Illán, ayer, en el programa 'La Lupa', de Canal 10.
Eva Illán, ayer, en el programa 'La Lupa', de Canal 10. / P. CITOULA
  • Eva Illán se lo planteará a la consejera de Servicios y Derechos Sociales, a la vez que la necesidad de «agilizar las revisiones de los casos de salario social»

El Consistorio gijonés quiere más aporte del Principado. En concreto, la reposición de la partida de 120.000 euros con las que el Gobierno regional reforzaba las ayudas a la vivienda que gestiona la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa). «Es una partida que se eliminó cuando todavía estaba al frente de la empresa mi antecesora, la concejala de Foro Lucía García», explicó Eva Illán. La presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales dio también la fecha de la petición formal: «En la próxima reunión que tendremos con la consejera de Servicios y derechos Sociales, Pilar Varela».

Así lo aseguró ayer la concejala de Foro durante la entrevista que Juan Neira le realizó en el programa 'La Lupa', de Canal 10. Explicó Eva Illán que la partida de 120.000 euros, que desapareció de las cuentas municipales en 2012, «se trasladó, casi de forma paralela, a la empresa de vivienda que tiene Avilés».

Porque el Consistorio gijonés insiste en mostrar las cuentas que demuestran el dispar comportamiento del Gobierno regional con las tres principales ciudades. Especialmente, entre Gijón y Avilés. Tal y como adelantó EL COMERCIO, mientras en la villa de Jovellanos, el Principado aporta dos de cada diez euros destinados a gasto social, en Avilés llega a seis de cada diez. El triple.

«Eso ha ocurrido desde tiempo inmemorial», recordó Eva Illán quien, no obstante, se mostró contraria a ese posicionamiento. «Gijón es la ciudad que más invierte en políticas sociales y donde más demanda de ayuda recibimos». No quiso hablar ella de que esa condición, de ciudad solidaria, haya provocado un efecto llamada «hay un periodo de carencia mínimo de un año de residencia», pero sí anunció el estudio que ha encargado a la Universidad de Oviedo «para analizar la situación económica de los gijoneses. Porque la demanda de ayudas no ha bajado, pese a que se ha agilizado el salario social».

Argumentación que sustentó en cifras. «Hemos recibido casi 3.000 peticiones de ayuda para paliar la pobreza energética. El doble que el año pasado». No eludió la concejala las críticas que la aplicación de este programa suscitó el año pasado.

«Se nos acusó de mala gestión cuando, en realidad, lo que ocurrió es que las bases de las ayudas no estaban bien. Dejaban fuera a personas que cobraban el salario social, lo cual es un contrasentido. Hicimos caso a los técnicos y, este año, hemos cambiado las bases». Dispone el Consistorio de 1,4 millones de euros para atender las peticiones, de las que 800 ya están valoradas.

El estudio encargado a la Universidad de Oviedo también analizará cómo una ciudad en la que cae anualmente la natalidad, en la que se cierran unidades escolares, se ha tenido que duplicar la partida destinada a becas de comedor. «Estamos en 1,4 millones y se agota. Es verdad que ahora todas las becas que damos son completas, no medias, y, también, que se han tenido que ajustar los costes, pero es una de las partidas que más demanda genera y que siempre agotamos».

Igualmente, el descenso del paro no se ha traducido en un descenso de las demandas de ayudas de emergencia. La partida destinada a dar ayudas puntuales a familias que no tienen fondos para afrontar gastos básicos, como la renta, la electricidad o alimentación, se ha multiplicado por diez en los últimos años.

«Estamos en 1,4 millones este año, una cifra que se mantiene pese a que, reconozco, se ha agilizado el salario social», dijo la concejala.

«Error cobrar a los mayores»

Un asunto, el de la prestación que llega a las personas con menos recursos y que gestiona el Principado, que volvió a suscitar sus críticas. «La Consejería de Servicios y Derechos Sociales debe agilizar las revisiones de los casos de salario social. Estamos viendo casos de personas que renuncian a trabajar porque saben que, tras un empleo temporal, tardarán dos años en volver a tener salario social. Eso hay que cambiarlo».

Como, en su opinión, también debería cambiar el Gobierno regional su política respecto a la Ley de la Dependencia. Al igual que con el servicio de ayuda a domicilio, cuyo uso ha disminuido «porque los mayores tienen miedo a que les suponga un gran coste», Eva Illán aseguró que «hay bajas en teleasistencia. El Principado decidió implantar el copago que, aunque algunos casos se quedaban en 20 euros, para determinadas personas es mucho dinero». Illán exigió al Gobierno central una política de ayudas «común para todos y no discriminatoria».