El Comercio

Servicios Sociales paralizó el corte de electricidad a 29 familias desde enero

Una joven enciende una vela en la concentración de protesta que se celebró ayer en Reus. Los manifestantes exigieron responsabilidades por el fallecimiento de una octogenaria el lunes, tras el incendio de su casa por una vela con la que se calentaba.
Una joven enciende una vela en la concentración de protesta que se celebró ayer en Reus. Los manifestantes exigieron responsabilidades por el fallecimiento de una octogenaria el lunes, tras el incendio de su casa por una vela con la que se calentaba. / EFE
  • El convenio firmado con EdP obliga a la eléctrica a avisar a los clientes con problemas para pagar la factura de que existen prestaciones municipales

Rosa tenía 81 años. Vivía en un piso de alquiler, del que no podía pagar la renta. Tampoco contaba con recursos para hacer frente a otros gastos básicos, como la electricidad. Por eso, hace dos meses Gas Natural le cortó el suministro. Durante todo ese tiempo, Rosa, que también tenía graves problemas de movilidad, se alumbraba y calentaba con velas. Una de ellas cayó sobre su colchón y provocó el incendio que en la madrugada del pasado lunes acabó con su vida.

Mientras ahora en Reus -donde residía Rosa-, Ayuntamiento, Generalitat y Gas Natural se enzarzan en acusaciones para repartirse la culpa de lo sucedido, en Gijón la Fundación Municipal de Servicios Sociales evitó, en lo que va de año, que 29 familias sufrieran un corte de suministro eléctrico. Lo hizo gracias al acuerdo que el consistorio ha suscrito con EdP y que obliga a la eléctrica a advertir a los consumidores con problemas económicos de la existencia de ayudas públicas para poder costear la factura. Según explicaron fuentes de la compañía, el mecanismo es sencillo: «Tras el primer recibo devuelto se pregunta al cliente si se trata de un problema puntual con el pago o tiene alguna circunstancia añadida. En ese caso, se le informa de que existen ayudas sociales».

Es decir, en Gijón no hay un corte de suministro unilateral. «Es la administración con la que tengamos suscrito el convenio la que se hace cargo del coste de la factura. La compañía asume los gastos que conlleve la gestión del caso», explicaron las mismas fuentes.

Casi 3.000 peticiones

Los 29 cortes de electricidad evitados en lo que va de año no son los únicos casos de pobreza energética a los que ha tenido que hacer frente el Consistorio gijonés. En 2015 ya financió 1.415 ayudas a familias, dentro del plan habilitado, consistentes en un aporte único de 350 euros por hogar solicitante. Ese dinero tiene como objeto exclusivo el pago de la energía necesaria para la vida diaria. Es decir, para tener la vivienda a la temperatura adecuada, disponer de nevera, poder utilizar la cocina y contar con agua caliente.

El plan de pobreza energética ya ha desbordado las previsiones para este año. Hasta el 31 de octubre se presentaron 2.973 peticiones de ayuda, lo que ha obligado al Ayuntamiento gijonés a aprobar una partida extraordinaria para poder contratar a personal temporal para atender todas las solicitudes.

Los 33.750 euros destinados a nueve contratos que anteayer aprobó el pleno municipal se suman a los 1,4 millones que conlleva el plan de pobreza energética. Por el momento, tal y como adelantó EL COMERCIO, se han aprobado 732 de las 2.973 solicitudes presentadas. Solo se rechazaron 81, mientras que el resto permanecen a la espera de revisión.

Un plan estatal

No obstante, los profesionales de los servicios sociales no lo consideran suficiente. Si desde el Colegio Oficial de Trabajo Social apuntan que «por fin la partida autonómica destinada a pobreza energética se ha incluido en el plan concertado, para que los ayuntamientos la distribuyan», la Plataforma en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales dice, claramente, que hace falta «cambiar la política energética».

Así, recuerda la plataforma que el acuerdo firmado por el Ayuntamiento de Gijón con EdP y Viesgo, que también ha suscrito el çGobierno del Principado, «no es suficiente, puesto que en Asturias operan otras compañías, como Endesa o Fenosa, con la que no se ha firmado ese convenio». Es decir, usuarios de esas otras compañías pueden sufrir cortes de electricidad sin que los servicios sociales sepan de la situación de crisis que vive el usuario. Desde EdP también se apunta la idea de que «se apruebe una iniciativa común en todo el país, para evitar discriminaciones».

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