El Comercio

Edificio de la depuradora del Este construido en El Pisón.
Edificio de la depuradora del Este construido en El Pisón. / J. PAÑEDA

El Principado critica la «parsimonia» del ministerio para legalizar la depuradora

  • «La pasividad ante esta situación es grave e inaceptable», critica Belén Fernández tras la multa de 46,5 millones propuesta por la UE

La consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado, Belén Fernández, criticó ayer la «parsimonia» del Ministerio de Medio Ambiente en el procedimiento que ha iniciado para intentar legalizar la depuradora ya construida en El Pisón sobre la que pesa una orden de paralización judicial. Se trata de un procedimiento en el que el Ejecutivo central volverá a comparar la ubicación anexa a la 'Plantona' en Somió con El Rinconín, Peñarrubia y La Cagonera.

Según Fernández, por la falta de diligencia del departamento que encabeza Isabel García Tejerina «hay acumulado, al menos, un retraso de cinco meses en los trámites previos a la evaluación ambiental, y un consiguiente incumplimiento de los plazos de la legislación de evaluación ambiental». «El ministerio debe poner remedio de inmediato», añadió.

La consejera hizo hincapié en que esta actitud pasiva cobra mayor gravedad, si cabe, tras la reciente decisión de la Comisión Europea de solicitar al Tribunal de Justicia de la UE una multa a España de 46,5 millones de euros por el incumplimiento del tratamiento de las aguas residuales en 17 aglomeraciones urbanas, entre ellas Gijón, y de una multa diaria de 171.217 euros mientras dure el incumplimiento. Fernández destacó que en esta solicitud «se ha excluido la depuración de Llanes, ya que el Principado acometió las obras necesarias para la remodelación de la depuradora que, con una inversión de más de 6 millones, concluyeron a finales de 2014».

Recargo a los contribuyentes

«La pasividad del Gobierno de España ante esta situación es grave e inaceptable», recriminó la titular regional de Medio Ambiente. «El Estado es el responsable de dar solución legal urgente a la depuración de la zona Este de Gijón, declarada por ley de interés general, y, por tanto, debería apresurarse a tramitar la declaración de impacto ambiental que establezca la ubicación más adecuada de la depuradora», remarcó. «La diligencia estatal es aquí una obligación, a fin de evitar pérdidas de tiempo innecesarias que pueden significar, por cada día de retraso, un desembolso del dinero de los contribuyentes», concluyó.

La consejera y la alcaldesa esperan desde septiembre una respuesta de la ministra García Tejerina a su petición para entrevistarse con ella para buscar, aunque sean soluciones paliativas, a los vertidos de aguas residuales de la zona Este.