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I. VILLAR
Domingo, 11 de diciembre 2016, 00:59
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La consejera de Servicios y Derechos Sociales del Principado, Pilar Varela, advirtió ayer de la importancia de regular bien la nueva ayuda social que prevé poner en marcha el Ayuntamiento de Gijón, para evitar que pueda entrar en colisión con el salario social básico que gestiona la administración autonómica y, por tanto, perjudicar a sus perceptores. «Es un debate que se está manteniendo en el ámbito de un presupuesto local y Gijón es competente para hacer lo que entienda que debe de hacer. Si encuentran algún modo de regularla, por mi parte no tengo nada que decir. Simplemente pido que tengan en cuenta la regulación autonómica. Y me consta que la concejala de Bienestar Social es consciente de ello».
Varela se refirió a una reciente reunión con Eva Illán en la que «salió esta cuestión y me dijo que tendrían que afinar mucho cómo hacerlo». Señaló en este sentido que «no sé si lo plantean como algo complementario o como ayudas puntuales de emergencia. Porque si lo hacen como renta, computará como renta y lógicamente habrá personas que dejarán de percibir el salario social por haber visto incrementados sus ingresos».
Varela defendió el funcionamiento del salario social básico del Principado, que actualmente llega a 20.600 familias asturianas y supone un desembolso de 109 millones de euros, y aseguró que «si excluimos las regiones con régimen foral, somos la comunidad autónoma que más esfuerzos está haciendo». Apuntó, no obstante, que el escenario ideal sería la puesta en marcha de una renta mínima a nivel estatal que permitiera a las autonomías liberar recursos para otros fines. «Es lo que debemos exigir, siendo inteligentes. No tiene sentido que en unas comunidades autónomas exista un salario social y en otras no, o que en algunas hagamos más esfuerzos que en otras». Si se alcanzara este objetivo, asegura que su consejería no dedicaría el dinero ahorrado «a complementar la renta estatal, sino a políticas activas de empleo». A este respecto miró de nuevo a Gijón e indicó que «si alguien quiere hacer un instrumento complementario, que lo haga. Está en su derecho. Pero tiene que estudiar bien que los intereses de las personas no colisionen».
Por otra parte, a raíz de las críticas de Xixón Sí Puede, la consejera lamentó «que para poner en marcha algo tengan que criticar lo que ya existe». Aseguró que las solicitudes del salario social «se están resolviendo en el plazo legal, que son tres meses» y con respecto a la cuantía indicó que su revisión está vinculada a los índices de inflación. «El último incremento importante se hizo en 2010, y por ahora cubre los cambios del IPC, que han sido negativos. El próximo año creo que habrá revisión. Pero es la propia ley del salario social la que dice cómo se hace. No se improvisa».
Enseñar a pescar
También el concejal Esteban Aparicio se refirió ayer a la exigencia de Xixón Sí Puede e IU de incrementar en 4,5 millones la dotación de la partida prevista en el proyecto de presupuestos para la renta social, condición que señalan como indispensable para no votar en contra de las cuentas de 2017. «El gobierno de Foro es dialogante, pero estamos llegando ya casi hasta el extremo. Hay cantidades que se piden cuyo destino, legalmente, es la amortización de deuda». Aseguró que su partido ha demostrado en los últimos años su «preocupación por el gasto social», por lo que «no se puede hablar de falta de sensibilidad». Puso como ejemplo que en su área se han recortado «casi dos millones» para dedicar a otros fines.
Según Aparicio, «hay que ver si estamos en condiciones físicas de poder atender el incremento sustancial que piden para esa partida. Con las enmiendas de la izquierda, a lo mejor llegamos al absurdo de que no haya partidas para inversión, lo que sería una puñalada a la economía social. Lo más importante en este momento es crear empleo, y una forma de hacerlo es la obra pública». Añadió que «a lo mejor están enfocando mal el gasto social con el 'café para todos' y dándole a la gente el pescado en el plato. Creo que los presupuestos lo que deberían intentar es enseñar a pescar».
Por su parte, el socialista César González indicó que «los temas sociales exigen rigor y planificación, no más ocurrencias» y consideró que «quienes hacen 'corta y pega' de las medidas de otras ciudades -en referencia a La Coruña- ignoran el contexto de Gijón», con herramientas como el salario social.
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