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Agentes de la Policía introducen en el coche en la calle Adaro a un hombre con una enfermedad mental que se atrincheró en casa con su madre y sus sobrinas, a las que amenazaba con un cuchillo.
La Policía reclama un protocolo para intervenciones con enfermos mentales

La Policía reclama un protocolo para intervenciones con enfermos mentales

«Nos enfrentamos a situaciones desagradables y peligrosas y la plantilla tiene que estar lo más preparada posible», afirma el portavoz local del Sipla

OLAYA SUÁREZ

Domingo, 15 de enero 2017, 01:47

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En 2012 el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dictaba una sentencia pionera con un problema que, sin embargo, no lo era. El máximo órgano obligaba al Principado a indemnizar a la familia del niño Borja Solar, degollado por un enfermo mental en el Parque de Isabel la Católica ocho años antes. Consideraba al Servicio de Salud Mental responsable del crimen por no haber hecho durante cinco años un seguimiento médico del paciente calificado «de alta peligrosidad» y le obligaba a pagar 70.000 euros a los padres de la víctima por los daños y perjuicios derivados de esa desatención sanitaria que abocó al grave suceso por un descontrol en su tratamiento.

El Supremo ratificó el fallo judicial impulsado por el abogado José Joaquín García en representación de los padres de Borja. Pero, pese a ese precedente, la situación, lejos de mejorar, parece ir a peor. «Raro es el turno de trabajo en el que no tengamos una intervención con un enfermo mental para trasladarlo a la Unidad de Psiquiatría de Jove o al centro de salud», señala Ildefonso Rodríguez del Río, secretario general del Sindicato Unificado de la Policía Local (Sipla-CSL).

Los agentes municipales han solicitado recientemente al Ayuntamiento la puesta en marcha de un protocolo de actuación para enfrentarse a los servicios cada vez más habituales con personas que sufren alguna patología mental. Se trata de garantizar su propia seguridad, pero también la del paciente y personas que se encuentren en su entorno. «La mayor parte de las actuaciones que hacemos son traslados a centros médicos por órdenes judiciales o por dictamen de un facultativo médico que ha sido requerido bien por la propia persona o por sus familiares y que determina que tiene que ser llevado al Hospital de Jove o a un centro de salud. Eso, o que la persona enferma protagoniza algún incidente de seguridad ciudadana», señala. «Nos enfrentamos a situaciones desagradables y peligrosas y la plantilla tiene que estar lo más preparada posible», dice el portavoz del Sipla en la ciudad. Por ello, en los cursos de formación para funcionarios municipales que se ofertan para este año han solicitado que los policías locales puedan recibir formación de trabajos en altura. Esto se debe a que en muchas ocasiones los agentes tienen que subir en la escalera del camión de los bomberos para poder acceder a través de la ventana a un domicilio en el que hay una emergencia protagonizada por una persona con problemas psiquiátricos. Fue el caso de un hombre con una grave patología mental que retuvo en la calle Adaro a su madre y a sus sobrinas, a las que amenazaba con un cuchillo de cocina, y que tuvo que ser reducido por los agentes de la Policía Nacional que entraron a un cuarto piso con la ayuda de los bomberos.

«No existe un protocolo, más allá de la labor policial y de la mano izquierda que pueda tener cada agente», explica Ildefonso Rodríguez del Río, que considera «indispensable» contar con una línea estipulada de actuación diseñada por las fuerzas de seguridad del Estado en colaboración con el personal médico.

En Gijón, según los datos del último Plan de Salud Mental del Principado de Asturias, hay aproximadamente 15.000 personas diagnosticadas con alguna patología mental y se estima que entre el 35 y el 50% de los enfermos no recibe ningún tipo de tratamiento. Solo un pequeño porcentaje protagoniza algún episodio violento derivado de su estado, si bien el hecho de no recibir medicación o hacerlo de forma descontrolada, eleva los índices de forma notable.

Los últimos episodios violentos ocurridos en la ciudad, como el parricidio de Monteana, en el que un joven enfermo mental asfixió a su madre y se entregó en la Comisaría, o el ataque a machetazos a un policía jubilado por parte de un perturbado vecino suyo en el Polígono de Pumarín, han vuelto a poner sobre la mesa la controversia de la voluntariedad a la hora de someterse a tratamientos psiquiátricos por parte de los afectados y los problemas de seguridad ciudadana derivados de ese vacío existente en el control de los mismos.

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