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María (nombre ficticio) prefiere mantener el anonimato para preservar la intimidad de su hija.
El fiscal ordena al Principado que dé mayor protección a la menor gijonesa bajo su tutela

El fiscal ordena al Principado que dé mayor protección a la menor gijonesa bajo su tutela

«Mi hija está tirada en un parque colocada», critica la madre que cedió la custodia al Principado para frenar sus problemas de conducta y adicciones

CHELO TUYA

Jueves, 23 de febrero 2017, 03:12

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«Un centro con mayores medidas de contención». Eso es lo que ha decretado la Fiscalía de Menores de Asturias para el caso de la adolescente gijonesa ingresada en la Unidad de Primera Acogida (UPA) que la Consejería de Servicios y Derechos Sociales tiene en el Fundoma. La adolescente de la que, tal y como adelantó EL COMERCIO, su madre cedió la tutela al Principado el pasado 5 de diciembre. Tras denunciar María (nombre ficticio) que su hija protagoniza una fuga tras otra del centro y que no está sometida a ningún tratamiento, la Fiscalía aseguró ayer que comunicará «al Principado para que proceda, si no lo han hecho ya, el ingreso de la menor en un recurso de mayor contención». Se refiere a los dispositivos que ofrece en Oviedo la Cruz de los Ángeles y al de Miraflores, en Noreña. Son centros especializados en menores que no tienen condena judicial, pero necesitan terapia por problemas de conducta.

«Eso es lo que pedí desde el principio», dice esta empresaria gijonesa que, insiste, cedió la tutela de su hija «por desesperación, para que ellos me ayudaran a curarla, porque yo no puedo». Lo hizo en un intento de frenar los problemas de conducta y adicciones de su hija, de 17 años, diagnosticada de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). Una patología agravada desde 2014, cuando la menor entró en relación con una pandilla vinculada con el tráfico de estupefacientes a pequeña escala.

Ahora ella, que en septiembre cumplirá 18 años, es consumidora de marihuana y alcohol, una adicción que la ha llevado a agredir a su madre en varias ocasiones y a fugarse de casa habitualmente. «Como ahora hace de la UPA. Hoy mismo (por ayer) se ha pasado la tarde drogada en un parque de Gijón. El Principado no está haciendo nada por mi hija, pese a que su seguridad y su salud están en riesgo extremo».

El fiscal de menores coincide con esa apreciación del riesgo a que está sujeta la adolescente. Según aseguraron fuentes oficiales a este periódico, «se acordó el ingreso de la menor en la UPA y se le impuso una medida de libertad vigilada con la obligación de realizar un tratamiento para prevención del consumo de drogas, medida a la que la menor prestó su conformidad». Sin embargo, tal y como contó la madre, la menor protagoniza «una fuga tras otra». La Fiscalía reconoce que «debido a estas fugas no ha podido comenzar a ejecutarse» el tratamiento para controlar sus adicciones.

Enun paso más allá, deja claro que si la menor incumple la medida judicial impuesta, que es asistir a terapia, «ésta puede sustituirse por otra de internamiento en un centro de reforma».

«Casi era lo mejor. Que la ingresaran en un centro. Yo no cedí su custodia por capricho, lo hice porque estoy muy preocupada por ella. Lo hago todo por su bien, porque sé que tiene un problema de salud, como lo diagnosticaron los médicos ya muchas veces, que se agrava con el consumo».

«Temo por su vida»

Asílo repitió ayer laempresaria gijonesa que quiso contar su historia, siempre preservando la intimidad de su hija, «porque temo por su vida». No comprende ella cómo es posible que, pese a ceder la tutela a la Administración regional, el Principado no evite «sus fugas, ni la busque. La última, en febrero, estuvo cinco días desaparecida. La encontré yo en una casa abandonada de Grado. Y fui yo la que tuve que llamar a la Guardia Civil. A mí nadie me avisa de que mi hija se fuga ni de que la buscan», aseguró.

Una versión que no coincide con la facilitada por el Principado. Según fuentes de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales -de la que dependen los centros de menores sin condena judicial-, «cuando un menor se ausenta de un dispositivo residencial sin autorización se pone en marcha un protocolo». Consiste en que «se pone en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad, por vía telemática, el estado de ausencia no autorizada para que el menor sea localizado y reintegrado al centro». Un protocolo que, especifica la consejería, «incluye el aviso a la familia del menor».

Sin embargo, María insiste en que «a mí no me avisan. Me entero de que se ha fugado cuando llamo por la noche. Y, desde luego, soy yo la que la busco. La que recorro parques y bares hasta el amanecer, hasta que doy con ella y aviso a la Policía Nacional. Tengo la suerte de que ellos son todos encantadores».

En su reproche a la actuación del Gobierno regional, incluye la falta de atención «a los problemas de salud de mi hija. Ella ha seguido drogándose y emborrachándose sin control. Y de la medicación que tiene que tomar, cuatro pastilla diarias, no se sabe nada».

Algo que tampoco comparte la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Dice que cuando asume la guarda provisional y la ingresa en la UPA, lo hace «con el compromiso de atender todas las necesidades de salud, seguridad, formativas, de integración social y emocionales del menor mientras determina el tipo de recurso que precisa».

Bajo la lupa

Sin embargo, permanecer en la UPA más de dos meses, cuando el plazo máximo son 45 días, es criticado por la madre. Sobre todo cuando se trata de un centro «provisional, que debería estar ya trasladado al Materno», según recordó ayer el comité de empresa. Algo que reforzó la diputada de Ciudadanos Diana Sánchez. En su opinión, «es un centro que no reúne condiciones. Se le debe dotar de personal».

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