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Una draga rellena los cajones con los que se hizo el muelle de la ampliación de El Musel.
La Intervención del Estado cree que no se debió admitir a la UTE Dique Torres

La Intervención del Estado cree que no se debió admitir a la UTE Dique Torres

Un informe remitido a la Audiencia Nacional dice que incumplió los requisitos establecidos por el pliego de cláusulas administrativas de la ampliación de El Musel

MARCO MENÉNDEZ

Jueves, 23 de febrero 2017, 03:10

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Un informe pericial elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado, remitido el 31 de enero al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, asegura que la UTE Dique Torres no debió ser admitida en el proceso de licitación de la obra de ampliación de El Musel. En concreto, el documento dice que «el no cumplimiento de los requisitos establecidos por el pliego de cláusulas administrativas particulares hubiera debido ser causa de inadmisión de la empresa».

Las autoras del informe ven varias irregularidades en el proceso. Una sería que el pliego de prescripciones técnicas fue firmado por la adjudicataria en mayo de 2004, mientras que el anuncio de licitación fue publicado en el BOE el 22 de julio de ese año. Otro problema sería el relativo al gasto previsto, pues la documentación que obra en el juzgado indica que se aprobó el 14 de diciembre de 2004, lo cual el informe pericial considera que «no sería coherente con el hecho de que con fecha 3 de enero de 2005 se había efectuado la retención del crédito por importe de 499.346.171 euros. En consecuencia, la obra, por importe de 579.241.558 euros, se adjudicó sin que existiera crédito suficiente para ello».

Otra irregularidad pasaría por las pólizas de seguro de las empresas licitadoras, que no reunían, según el informe, los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas. Se apunta que «el contrato fue adjudicado a pesar de que la documentación del seguro aportada por la empresa adjudicataria no era conforme a lo establecido en dicho pliego». Abunda en que más de un año después de adjudicado el contrato, la Autoridad Portuaria de Gijón insistió a la UTE Dique Torres en la necesidad de que esas pólizas se adecuasen a lo dispuesto en los pliegos. Es más, el 31 de octubre de 2006 se ha constatado que esa situación aún no había sido regularizada.

Por otro lado, el informe apunta a que en el proceso de licitación, las empresas que competían con la UTE Dique Torres se encontraron con distintas valoraciones negativas, mientras que a la adjudicataria se le redondeaban las puntuaciones: «Las posiciones relativas de las ofertas se mantienen de manera que la variante de la UTE Dique Torres sigue siendo la oferta más ventajosa», se explica en el documento.

También hace referencia dicho informe a los morros de invernada construidos para proteger las obras de los temporales y que no estaban previstos en el proyecto inicial: «La ejecución real de la obra de ampliación del Puerto de Gijón ha incluido la construcción de morros de invernada, con el consiguiente sobrecoste».

Finalmente, indica que el presupuesto presentado a Puertos del Estado «no puede ser el mismo que el presentado a licitación», en tanto que incluye un subcapítulo más por unos seis millones de euros.

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