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COLPISA / P. L.
Sábado, 25 de febrero 2017, 01:22
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El conflicto de los estibadores dista mucho de estar solventado. Pese a ello, el Gobierno aprobó ayer el polémico decreto que reformará la actividad de carga y descarga en los puertos aunque no cuenta todavía con respaldo parlamentario suficiente, pues solo el PP lo apoyará seguro mientras Podemos ha expresado ya su rechazo «más rotundo». PSOE y C's, por su parte, abogan por agotar el diálogo, pero no han mostrado una negativa tajante al texto.
En esta tesitura, el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, argumentó tras la reunión del Consejo de Ministros que ya habían apurado los plazos para cumplir con el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a liberalizar el sector. «Hemos ido hasta el límite máximo que nos permite la Comisión Europea -que lleva meses insistiendo a España para que adapte su normativa a la directiva comunitaria sobre estiba- para favorecer a los empleados», se justificó De la Serna ante los críticas de los sindicatos. A este respecto, el Ejecutivo ha previsto que el Estado (a través de las respectivas autoridades portuarias) sufrague los costes de la subrogación entre empresas concesionarias e incluso de posibles despidos a causa de la reforma a razón de 20 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades. Los sindicatos, sin embargo, entienden que el decreto, que tachan de «norma autoritaria y abusiva», «esconde un expediente de regulación de empleo» para los 6.156 trabajadores registrados en el sector. Los últimos datos oficiales son de 2014. También consideran que «excede con mucho los límites y condiciones» establecidos por la sentencia del TJUE de diciembre de 2014, que en su opinión ha sido utilizada «torticeramente» por Fomento para iniciar una «desregulación salvaje».
La reforma gubernamental elimina la obligación de las adjudicatarias de los servicios de estiba de pertenecer, y pagar la cuota correspondiente, a una de las actuales Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios (Sagep), de las que existe una en cada puerto y que hasta ahora controlan a quienes contratan aquéllas. Se pretende acabar con ese monopolio en un plazo de tres años, en los que perderá gradualmente su peso para convertirse finalmente en una empresa de trabajo temporal (ETT) y operar solo como agencia de colocación.
Jornadas de paro
El problema es que la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Asneco) -que actúa como patronal del sector- «ha cambiado de criterio», según los sindicatos, y ya no está dispuesta a aceptar algunas modificaciones a las que hasta ahora no se había opuesto. El martes próximo volverá a sentarse con las centrales representativas para entregarles un informe con las necesidades reales de empleo tras la liberalización. Por eso, ante la «intransigencia» del Gobierno al decretar «a las bravas» la reforma y su «nula voluntad de consenso», los sindicatos ven «gravemente comprometidas» las negociaciones y ayer advirtieron de que, «en este nuevo escenario, nuestro legítimo derecho a la huelga aumenta por momentos». De momento, tienen convocadas nueve jornadas de paro desde el 6 de marzo. El Gobierno trabaja ya con el probable escenario de huelga, asegurando el suministro de productos básicos mediante los servicios «mínimos», que serán del 100% en las operaciones que afecten a determinadas mercancías y pasajeros.
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