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Instalaciones del Fundoma que acogen de forma temporal la Unidad de Primera Acogida (UPA) de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
Con paga y permiso para salir: el nuevo perfil de los adolescentes conflictivos

Con paga y permiso para salir: el nuevo perfil de los adolescentes conflictivos

«Somos un servicio de diagnóstico y abierto. No tenemos autoridad para impedir la fuga de un menor del centro», dicen los profesionales

CHELO TUYA

Domingo, 26 de febrero 2017, 02:01

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«¿Qué puedo hacer si un crío se me enfrenta y dice que se va? Nada. Así de claro. La Unidad de Primera Acogida (UPA) es un servicio de diagnóstico y abierto. No tenemos autoridad para impedir la fuga de un menor del centro». No quiere dar su nombre. Ni ella ni el resto de compañeros que han hablado con EL COMERCIO. Defienden su profesionalidad, pero prefieren hacerlo desde el anonimato. «Todos queremos lo mejor para los menores a los que atendemos. Pero tenemos las herramientas que tenemos».

QUÉ ES LA UPA

  • Acceso.

  • La Unidad de Primera Acogida (UPA) es la puerta de acceso de los menores al sistema de protección del Principado. La Consejería de Derechos y Servicios Sociales tiene habilitadas tres UPA diferentes para bebés hasta 3 años, en el Materno; para adolescentes de 12 a 18, en Fundoma, y para menores de 4 a 11 en diferentes dispositivos.

  • Plazos.

  • Está fijado un máximo de 45 días para residir en una UPA. El tiempo necesario para que los expertos diagnostiquen la situación del menor y decidan qué servicio es más adecuado para sus intereses.

  • Deberes.

  • En el caso de la UPA de adolescentes, los menores de 16 años están obligados a asistir a clase durante las mañanas. Los mayores, no.

  • Derechos.

  • Tienen una paga de 8 euros semanales que solo se les recorta si causan daños en la UPA. Los mayores de 16 pueden salir del centro de 16 a 22 horas, salvo viernes y sábado que se les permite llegar a la una de la madrugada. Pueden tener móvil, pero no fumar.

Unas herramientas que dotan de más derechos que deberes a los usuarios. Una UPA es la puerta de acceso de los menores desamparados al servicio de protección del Principado. La Consejería de Servicios y Derechos Sociales tiene habilitados tres modelos: la de bebés hasta 3 años, en el Materno; la de menores entre 4 y 11 años, distribuidas en varios centros; y la de adolescentes. La que acoge a niños y niñas que han cumplido los 12 y no tienen los 18 y que, de forma temporal, está ahora en las instalaciones que la Fundación Docente de Mineros Asturianos (Fundoma) tiene en Oviedo.

Esa es la que está en el punto de mira en los últimos días, después de que madres de menores allí alojados denunciaran la falta de control que sobre la vida de sus hijos realiza la Administración regional. Ellas cedieron la tutela temporal al Principado, debido a los problemas de conducta y adicciones de sus hijos, y se encuentran con que los jóvenes siguen repitiendo su peligrosa rutina diaria de fugas y consumos.

No son desamparados

«Porque la UPA no es un centro de menores: es una unidad de diagnóstico. Llegan aquí para que evaluemos su caso, decidamos qué medida les conviene y sean traslados a otros centros. Todo en menos de 45 días». Unos plazos que se superan ampliamente, porque, como explicaba esta misma semana el Colegio Profesional de Educadores y Educadores Sociales del Principado de Asturias (Copespa), «la realidad de las familias ha cambiado. Ahora no nos encontramos con niños desamparados. Hay otro perfil», en referencia a estos menores, hijos de familias 'normalizadas', sin aparentes problemas que, al llegar a la adolescencia, comienzan una espiral de violencia familiar y consumo de drogas que descoloca a los adultos.

A principios de milenio, los menores extranjeros que llegaban al Principado sin familia, sobre todo africanos, copaban la UPA. Ahora son españoles, hijos de familias no desestructuradas. «Esa nueva realidad ha sobrepasado a la Administración, que responde con las estructuras de siempre. Hay que repensar los servicios», insiste el Copespa.

Una apreciación que hizo suya la consejera de Servicios y Derechos Sociales. Pilar Varela reconoció que este nuevo perfil, estos adolescentes conflictivos, «necesita otra respuesta» y que es necesario «apostar por centros especializados», como los que entidades sin ánimo de lucro como Proyecto Hombre o Fundación Cruz de los Ángeles ofrecen.

Pero, mientras llegan a esos dispositivos cerrados, los adolescentes permanecen más de los 45 días fijados en una UPA en la que solo están obligados a acudir a clase los menores de 16 años. «Los mayores se pueden pasar la mañana sin hacer nada. Y por la tarde salen». Es decir, desde las cuatro de la tarde a las diez de la noche «pueden entrar y salir, ir a donde quieran», un horario que se amplía, para los que ya han cumplido los 16, hasta la una de la madrugada los viernes y sábados.

Unas salidas a las que llegan con apoyo monetario. «Tienen derecho a una paga semanal de 8 euros. Solo se les recorta si causan daños en la UPA». ¿Y los causan? «Sí. Son menores que vienen con muchos problemas, que necesitan terapia. A veces hay conflictos». Como también droga. «Se les requisan las que encontramos, pero no les podemos cachear. Tampoco está permitido fumar ni tener mecheros. Pero sí móvil, así como acceso a la sala de ordenadores: no es un centro de internamiento».

De ahí las fugas.«Nada les impide salir. Si no vienen en el horario fijado, declaramos al menor en fuga. Se avisa a las familias y a la Policía». Un aviso que las familias no solo niegan, sino que dudan de su eficacia. «Si los policías no tienen una foto del crío o la cría, ¿cómo van a localizarlos?». Son la propias familias las que les buscan y encuentran drogados en los mismos parques de los que quisieron sacarlos cediendo la tutela al Principado.

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