La regasificadora podría quedar desbloqueada «en cuatro meses»

La Autoridad Portuaria de Gijón confía en que la regasificadora pueda quedar desbloqueada en un plazo de «cuatro meses», a través de una legalización por la vía del Consejo de Ministros similar a la que permitirá la puesta en marcha de una instalación similar en El Ferrol que también había sido tumbada por el Tribunal Supremo. Aunque el asunto no se trató en el consejo de administración celebrado ayer en el Puerto, algunos de sus miembros están convencidos de que el Gobierno central dará este paso de forma casi inmediata, lo que permitiría a Enagás iniciar la explotación de la planta. Hace un mes, el Pleno municipal aprobó un acuerdo para pedir al Ejecutivo que buscara una vía para salvar la instalación, una propuesta impulsada por el grupo socialista que contó con el apoyo de Foro y Ciudadanos. Está previsto que pasado mañana un representante vecinal intervenga en el Pleno precisamente para pedir la revocación de ese acuerdo.

Ayer, la plaza Mayor fue el escenario de una concentración convocada por varios colectivos para exigir la ejecución de la sentencia del Supremo y que la regasificadora no entre en marcha. «Me gustaría saber cómo actuarían si hubiera ocurrido al revés y el fallo fuera a favor de la administración. Se llenarían la boca pidiendo cumplir la ley. Pues que se atengan a lo que dicen. La planta se tiene que desmontar y punto. Pedimos a los políticos que recapaciten, porque cuando los jueces dicen que no se ponga en marcha no es porque sea fea, es porque es peligrosa», señaló José Luis Rodríguez Peón, de la federación de asociaciones de vecinos de la zona urbana (FAV). José Luis Fernández, 'Aguirre', de Les Caseríes, recuerda que «no existe ningún resquicio legal, por lo que no se pueden saltar una decisión judicial como ésa». Y Ángel Piñera, de la asociación de vecinos de El Muselín, recuerda que «las sentencias están para cumplirlas. Y si no lo hacen con la del Supremo, habrá que ir a otros sitios de más altas esferas».

Falta de planificación

Entre el centenar de manifestantes se encontraba el diputado regional de Podemos Héctor Piernavieja, quien destacó: «Estamos viendo la consecuencia de una política energética que no estuvo planificada y que no respondía a los intereses de la mayoría social. Ahora hay multitud de regasificadoras y ninguna en funcionamiento. Antes de lanzarnos a la legalización de esta planta necesitamos debatir sobre un modelo energético bien planificado y que responda más al abaratamiento de la factura de los ciudadanos que a engordar los beneficios de las grandes empresas energéticas».

La posible legalización fue objeto de crítica de entidades vecinales y ecologistas durante la reunión del consejo sectorial de Medio Ambiente celebrado ayer.

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