Bruselas advierte de que España no se librará de la multa por la estiba

El ministro De la Serna defendió en el Congreso la postura del Gobierno sobre la estiba.
El ministro De la Serna defendió en el Congreso la postura del Gobierno sobre la estiba. / EFE
  • Los trabajadores de los puertos asturianos mostraron su satisfacción por que el Congreso no convalidara el decreto

«Habrá multa sí o sí. A lo único que puede aspirar el Gobierno de España es a minimizar el impacto de la sanción, cuyas cuantías son aún provisionales a la espera de la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia de la UE». Así de contundente se mostró ayer una alta fuente de la Comisión, que parece haberse dado por vencida ante la secuencia de despropósitos políticos que se están produciendo en España desde hace años en lo relativo al espinoso contencioso de los estibadores.

Ahora, la oposición se cierra en banda en busca de réditos políticos, pero la legislatura pasada el PP tenía mayoría absoluta y no hizo nada. El mosqueo es considerable. «Depende de ellos. Nosotros lo único que podemos hacer es advertirles de las consecuencias. Aquí no se trata de saber si habrá multa o no, sino de cuánto será la multa», dicen las mismas fuentes.

Ayer, 24 horas después del varapalo sufrido por el Gobierno de Rajoy en el Congreso, volvió a hablar Bruselas. No hay real decreto. No hay reforma para liberalizar la estiba. España, por lo tanto, sigue incumpliendo la legislación comunitaria. ¿Hasta cuándo? Por poder, podría hacerlo 'sine die', pero eso le costaría un pico a todos los españoles. En este tipo de procedimientos, la Comisión siempre gana por mucho que la parte afectada insista en el 'no es no'.

«A pesar del rechazo al decreto, es esencial que España reforme el sistema de trabajo portuario, que no está en línea con la legislación europea. También es una cuestión de competitividad para los puertos. Invitamos a España a cumplir con la sentencia de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia y con sus obligaciones como Estado miembro de la Unión Europea», recalcó la portavoz de Transportes del Ejecutivo comunitario, Anna-Kaisa Itkonen.

Hay quien sugería que España podría librarse de cualquier multa o que la Comisión es la que decide el importe final. También se ha dicho que la sentencia está al caer. No es así. Como muy pronto, llegaría en julio, aunque lo lógico es que lo haga pasado el verano.

Sin cumplir desde 2014

La polémica acaba de estallar pero viene ya de muy lejos. La Comisión abrió este expediente de infracción en noviembre de 2011, aunque fue en 2013 cuando Bruselas llevó a España ante el Tribunal de la UE, al considerar que la legislación que regía la estiba era contraria a las normas europeas.

El Gobierno tenía hasta febrero de 2015 para modificarla pero siguió mirando hacia otro lado. El 13 de julio de 2016 el tribunal hace suya la propuesta de la Comisión Europea con dos tipos de multas en función de unos parámetros técnicos comunes a este tipo de procedimientos.

La primera, de 27.552 euros al día, desde el momento de la primera sentencia, es decir, desde 11 de diciembre de 2014. Ya van más de 22,8 millones y subiendo. La segunda sería 134.107,2 euros diarios que comenzarían a contar desde el día en que se dicte la segunda sentencia y hasta que el Gobierno acate el fallo de 2014. Pero nadie salvará a España de la primera sanción. No basta con aprobar el decreto para ser indultada por Bruselas. «Ahora, siempre se paga, siempre», zanja la citada alta fuente.

«La responsabilidad es mía»

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, está dispuesto a retomar «personalmente» los contactos con todos los grupos políticos para elaborar un nuevo decreto, según explicó ayer, pero avanzó que «es imposible que el nuevo texto sea muy distinto» del rechazado anteayer». De la Serna apuntó que «se nos paga por estar a la altura y ejercer nuestra responsabilidad, y la responsabilidad es mía y de nadie más», aunque conminó a sindicatos y patronal a que intensifiquen las negociaciones para «cerrar un acuerdo».

Pero no ven igual la situación desde los sindicatos. Los estibadores de los puertos de Gijón y Avilés mostraron ayer su satisfacción porque el real decreto no fuera convalidado por los grupos políticos en el Congreso, lo que hace pensar al secretario general de UGT, Josep María Álvarez, que el Gobierno «tiene la oportunidad de rectificar» en este conflicto. Y es que cree que el Ejecutivo de Mariano Rajoy «se ha ganado a pulso» la sanción de la UE.