El Comercio

El Grupo asume conforme al Supremo las altas de socios y la compra de La Torriente

Parte de la finca La Torriente que el Grupo quiere permutar por la ya adquirida.
Parte de la finca La Torriente que el Grupo quiere permutar por la ya adquirida. / DAMIÁN ARIENZA
  • La directiva de Corripio entiende que las últimas elecciones son válidas porque se convocaron y celebraron tras la entrada de los socios del Centro

«Como se ha dicho en reiteradas ocasiones, esta junta directiva seguirá velando por los intereses del Club apostando por el diálogo y por la conciliación a los efectos de poder dotar de tranquilidad y estabilidad a la Entidad. Para ello, de forma inminente, se convocará a representantes de la plataforma y a los miembros de la anterior directiva para el inicio de conversaciones. Lo que antecede es el último párrafo de un comunicado dirigido a los socios por la directiva grupista que preside Antonio Corripio tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula todas las asambleas celebradas tras el 30 de junio de 2011 y las votaciones del 24 de marzo de 2012 que supusieron el segundo mandato de Enrique Tamargo, pero que salvaguarda los derechos adquiridos por terceros de buena fe.

La directiva de Corripio quiere trabajar por el entendimiento y contra la crispación, a riesgo de cosechar un nuevo varapalo, y sitúa en el alero de los otros dos colectivos la decisión y responsabilidad de hacer lo mismo o avanzar en sentido contrario. En el momento de efectuar la convocatoria, la actual directiva grupista no sólo no tiene garantías de que la reunión que pretenda alcance sus objetivos, sino tampoco que llegue a celebrarse.

Aunque el mismo comunicado defiende que el «último proceso electoral es plenamente válido», porque «los demandantes mayores de edad ya eran socios de pleno derecho del RGCC, merced a la Ejecución Provisional instada judicialmente, a la fecha de celebración de la Asamblea General para la convocatoria y aprobación del calendario electoral correspondiente a las elecciones celebradas en el año 2016 y participaron en el proceso para la elección del presidente y junta directiva actual», la solución de los problemas derivados de la sentencia del Tribunal Supremo no dependen exclusivamente de la actual directiva.

¿Cuáles son esos problemas? La propia sentencia del Supremo garantiza los derechos adquiridos por terceros de buena fe y el comunicado hecho público ayer se aleja de cualquier interpretación que añada complejidad o incertidumbre al asunto, al afirmar que «las altas de socios producidas durante el segundo mandato de Enrique Tamargo, incluidas las de los socios del extinto Centro Asturiano de La Habana de Gijón, son plenamente válidas». También asume que «la compraventa de la finca La Torriente es plenamente eficaz y válida».

En realidad, ambas aceptaciones no suponen concesión alguna, pero aclaran, para evitar dudas o suspicacias, que no dedicará tiempo a intentar demostrar que el vendedor pudiera haber cometido algún tipo de irregularidad al cerrar un trato que Corripio calificó en más de una ocasión como infructuoso para el Grupo, en función de que se trata de un jardín catalogado.

Hay que tener en cuenta, también, que el Grupo negocia alguna permuta por terrenos más útiles, así que abrir nuevos frentes no sólo aumentaría la litigiosidad que Corripio quiere evitar, sino que acabaría con ese diálogo.

En todo caso, el acuerdo a tres bandas evitaría algunas complicaciones derivadas de la sentencia, como la repetición de las asambleas. La nulidad implica, por ejemplo, que las actualizaciones de cuotas no están vigentes. Repetirlas sin un acuerdo previo, a la vista de la crispación evidente de la última asamblea general, podría provocar una situación muy grave para el Grupo, no sólo por la pérdida de ingresos que supondría, sino también porque obligaría a devolver dinero ya gastado.

Indemnizaciones

A la dificultad de poner de acuerdo a tres partes con heridas abiertas en el pasado se añade la pretensión de la plataforma de antiguos socios del Centro Asturiano de reclamar indemnizaciones por los derechos indebidamente negados durante cerca de cinco años, según la sentencia del Supremo. Se trata de un conflicto aún no planteado, pero que sin duda saldría a colación en una hipotética negociación a tres bandas.

De ello nada dice el comunicado de ayer, referido exclusivamente al último fallo judicial, pero Antonio Corripio se ha comprometido a defender las arcas del Grupo. Los dardos de la plataforma que encabeza Gabriel Pérez, según sus portavoces, van especialmente dirigidos al expresidente Enrique Tamargo, sin renunciar a derivarlos hacia la anterior directiva. Además, pretenden que los actuales dirigentes actúen también contra sus antecesores, así que sentar a la misma mesa a las tres partes es improbable, pero alcanzar un acuerdo para adaptar la situación a las exigencias de la sentencia parece poco menos que imposible.

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