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Destrozos en una luna de Marqués de San Esteban.
«Tiene mucho más calado reparar una acción contra la sociedad que pagar una multa»

«Tiene mucho más calado reparar una acción contra la sociedad que pagar una multa»

Adrián Arias y 'Floro' respaldan el cambio de la ordenanza de convivencia, mientras el jurista Díaz Dapena alerta de «trabas burocráticas inasumibles»

PALOMA LAMADRID

Miércoles, 10 de mayo 2017, 01:32

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«Me parece que tengo un 'déjà vu' con la ordenanza de convivencia». Esta sensación de vivir algo ya ocurrido la tiene Adrián Arias, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de la zona urbana respecto a la modificación que ahora plantea el Conseyu de Mocedá y respaldan los grupos municipales. Un cambio que propone rebajar el poder sancionador de la norma para potenciar, en su lugar, las terapias y los trabajos en beneficios de la comunidad. Arias hacía alusión así a las negociaciones que tuvieron lugar para la confección de la ordenanza, aprobada en 2013.

«Recuerdo que la propuesta del movimiento vecinal era que la normativa no fuera sancionadora, sino que, en primera instancia, buscara la reeducación», señaló ayer el presidente de la FAV que, por aquel entonces, era secretario del colectivo. En este sentido, indicó que se sentía «reconfortado» porque la realidad les da la razón cuatro años después. «Todo lo que sea asumir posiciones, en aquel momento, eran adelantadas es positivo», dijo. A su juicio, el carácter punitivo de la ordenanza no es suficiente para arreglar «los problemas consustanciales a una ciudad de 270.000 habitantes».

Los comportamientos incívicos suponen algunas de estas trabas. Arias quiso destacar que «se pone mucho el acento en criminalizar a la juventud cuando muchísimas conductas son intergeneracionales». Es decir, que no solo los adolescentes hacen pintadas, orinan en la vía pública y destrozan el mobiliario urbano. «La juventud, no solo en Gijón, sino en Asturias, ya está muy machada y criminalizada», concluyó. Asimismo, aseguró que «tiene mucho más calado que, si realizas una acción contra la sociedad, tengas que repararla», subrayó.

Entender la norma

Una opinión similar manifestó el director de Proyecto Hombre, Luis Manuel Flórez, conocido por todos como Floro. «Creo que siempre es más importante lo educativo que lo punitivo, y máxime a edades tempranas porque, para cumplir la norma, primero hay que entenderla. Y, si es vivenciable, mucho mejor», declaró. Así las cosas, le parece oportuno que las personas que cometan infracciones de este tipo se comprometan a repararlas de un modo más eficaz para ellas mismas y para el conjunto de la sociedad.

Por ejemplo, que el ciudadano que haga una pintada deba limpiarla él mismo. No obstante, Floro apuntó la necesidad de mantener ciertos topes a la hora de aplicar este tipo de castigos. «Lo punitivo también tiene que llevar una idea clara. Y es que los jóvenes necesitan unos límites muy claros y eso es importante. Aunque si esas normas tienen como consecuencia una labor educativa, para mí sería ideal. Pero lo educativo no puede eliminar los límites claros que todo joven debe tener», destacó.

Desde el punto de vista social, lo justo, para el director de Proyecto Hombre, es «pensar que el dinero que administran los políticos sale del bolsillo de todos y la libertad de uno acaban donde empieza la de los demás, tanto en adultos como en jóvenes». En una reciente jornada de debate organizada en el Museo de Ferrocarril, todos los grupos con representación municipal dieron el visto bueno a la propuesta lanzada por el Conseyu de Mocedá. En ese foro, el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, aseguró que la nueva normativa permite ahora incluir este tipo de trabajos en beneficio de la comunidad.

Gestión de las medidas

Sin embargo, su aplicación podía encontrarse con varias trabas. «La idea puede parecer atractiva, pero se enfrenta a multitud de problemas que no han contemplado los ideólogos de esta situación. En primer lugar, no parece claro que una Corporación pueda imponer trabajos en beneficio de la comunidad, pues sus poderes coercitivos solamente pueden desplegarse sobre el ámbito patrimonial y no personal», señaló Javier Díaz Dapena, abogado penalista.

Ni tan siquiera un juez, apuntó el letrado, «puede imponer esa sanción sin el consentimiento del penado, como recoge el artículo 49 del Código Penal». Pero no es éste el único obstáculo que encuentra Díaz Dapena. Existe otro de mayor gravedad, que es la gestión de estas medidas, «que se me antoja imposible». En sede penal, la gestión se encomienda al servicio de gestión de condenas que depende del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que se encuentra preparado para ello. «Pongamos un ejemplo: ¿cuándo se considera incumplida esta pena y quién lo decide? El tratamiento actual exige para determinarlo la denuncia del servicio de gestión de penas, darle audiencia al condenado, que el juez de Vigilancia Penitenciaria decida si, en efecto, se incumplió y después existe el control vía recurso de la Audiencia Provincial», indicó el abogado.

De este modo, la gestión de todo ello «encontraría unas dificultades burocráticas inasumibles desde el punto de vista del control del eventual incumplimiento». Dapena no duda de su efectividad, sino de la posibilidad de llevarlo a la práctica. Además, advierte, se corre el riesgo de que esto «se convierta en una 'pena para pobres', puesto que, desde el momento en que el interesado ha de aceptarlo, nos podemos encontrar ante la situación de que el rico pague la multa y el pobre vea restringida su libertad mediante la prestación de unos trabajos que no hubiera efectuado de gozar de capacidad económica para afrontarla».

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