El abogado del Estado confunde Tudela Veguín y HC al pedir un juicio a El Musel

El abogado del Estado confunde Tudela Veguín y HC al pedir un juicio a El Musel
La cantera de Aboño, en plena extracción de piedra, en 2007. / UCHA

Dice que el sobrecoste de la obra del puerto se debió a que la cementera impidió el uso de la cantera de Aboño para utilizar otras más caras

Marco Menéndez
MARCO MENÉNDEZGijón

El abogado del Estado Roberto Fernández ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, cuya titular es Carmen Lamela, su escrito de oposición a que se decrete el sobreseimiento de las diligencias que se siguen por supuestas irregularidades en la obra de ampliación del puerto de El Musel. La treintena de investigados en este asunto habían solicitado el archivo del caso, pero el abogado del Estado solicita que se abra juicio sobre la base de «la existencia de indicios racionales de criminalidad».

Pero en su razonamiento basa esos indicios en un error, pues considera que Hidroeléctrica del Cantábrico (HC) y Tudela Veguín son la misma empresa. Así, indica que el sobrecoste de la obra se debió a un importante incremento del precio del material pétreo necesario. El abogado del Estado dice que «la elección de las canteras para la ejecución de las obras de ampliación dependía exclusivamente de los licitadores y con base en el acuerdo de intenciones firmado por la Autoridad Portuaria de Gijón y la propietaria de la cantera de Aboño (HC, es decir, Tudela Veguín), que ponía a disposición de los licitadores la citada cantera y que incluía una cláusula: en el supuesto de que HC lo necesitase, el adjudicatario de la ampliación dejaría de utilizar la cantera de Aboño».

Pero va más allá en su razonamiento: «Sin embargo, aquellos criterios diferenciadores que dieron lugar a la adjudicación del contrato en favor de la UTE Dique Torres no se cumplieron: la cantera de Aboño no fue utilizada inicialmente en la ejecución de la obra por imposibilidad, supuestamente sobrevenida, del empresario titular de la misma, Cementos Tudela Veguín (casualmente, posteriores beneficiarios indirectos del problema, ya que fueron ellos mismos quienes suministraron, por contratación directa de la UTE Dique Torres, el material pétreo necesario para la obra pero a través de sus canteras comerciales y, por tanto, más caras en comparación con el precio del material pétreo según proyecto)».

El abogado del Estado ahonda más en su error al decir que el BOE había publicado en 2004 la licitación por parte de HC, «en definitiva, como se muestra en la instrucción, Tudela Veguín», para la construcción de una planta desulfuradora que impedía el uso de la cantera de Aboño. Sí tiene razón el escrito del abogado del Estado en otra cuestión diferente, como es en el hecho de que no se construyó la cinta transportadora que debía unir la cantera de Aboño con El Musel, lo que abarataría el coste de las obras.

El modificado

Además, el escrito afirma que «altos cargos» de las empresas integrantes de la UTE Dique Torres «instaron» a la Autoridad Portuaria de Gijón y a Puertos del Estado a aprobar el modificado del proyecto, estableciendo nuevos precios para los materiales de las canteras y que se pagaron retroactivamente desde mayo de 2005. «Todo parece indicar que en la citada reunión se negociaron los cambios necesarios en el contrato para el pago de los nuevos precios. Hay que insistir que no es hasta casi dos años después cuando se aprueba la modificación técnica del proyecto en diciembre de 2007», dice el abogado del Estado.

Pero también basa su oposición al archivo de la causa en que el juez instructor «no puede rebasar las funciones propias de la instrucción y adentrarse en cuestiones que afecten a elementos objetivos o subjetivos del tipo salvo casos de absoluta y manifiesta falta de fundamento». Concluye que, «existiendo como existen indicios de participación en el fraude, los mismos impiden que se pueda decretar el sobreseimiento solicitado», y aporta numerosa jurisprudencia en ese sentido.

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