La administradora de una gasolinera, condenada por apropiarse de 73.800 euros

El Tribunal Supremo ratifica la condena de un año y diez meses impuesta por la Sección Octava de la Audiencia Provincial

O. SUÁREZ GIJÓN.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por una mujer de 72 años, M. C. M. F., condenada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial a un año y diez meses de prisión por apoderarse de 73.800 euros de las arcas de la gasolinera de la avenida de la Constitución, en la que figuraba como administradora única. El máximo órgano judicial ratifica la condena impuesta por el presidente de la Sección Octava, Bernardo Donapetry, quien la consideró autora de un delito continuado de apropiación indebida. El juicio se celebró en 2017.

La procesada se habría apropiado de esa cuantía entre los años 2008 y 2009, mientras ejercía como administradora única de la sociedad, que tenía por objeto la explotación de una estación de servicio para el suministro de carburantes y lubricantes. La estación está arrendada desde marzo de 2014 a la cadena Cepsa.

Fueron los descendientes de su hermana, socia en el negocio, los que la denunciaron tras heredar las participaciones y contratar una auditoría que acabó revelando las graves anomalías en las cuentas de la empresa familiar. Durante el procedimiento judicial, negó tajantemente las imputaciones que pesaban sobre ella y excusó el dinero que no figuraba en las cuentas como «atribuciones personales y de beneficios repartidos». En el juicio, se acogió a su derecho a no declarar, ni siquiera lo hizo a preguntas de su abogado. Sí lo hicieron las denunciantes para explicar: «Detectamos pagos que no tenían nada que ver con el negocio, como de peluquería, guardería e incluso compra de cremas... Vimos muchas cosas raras al analizar la documentación».

Durante la vista oral también declararon varios trabajadores de la estación de servicio y de la sociedad, que tenía contratado al hijo de la acusada. «No solía cumplir de forma habitual su horario de trabajo», coincidieron al testificar.

La fiscalía solicitaba para la mujer una condena de tres años de prisión. La acusaba de apoderarse de 328.000 euros por un delito de estafa. Señalaba que, «simulando que su hijo era trabajador de la empresa, percibió en concepto de salarios 198.608 euros durante el periodo de tiempo en el que era administradora única de la empresa». La Audiencia Provincial la encontró autora de un delito de apropiación indebida y fijó la cuantía sustraída en 73.800 euros.

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