Afronta una multa de 6.000 euros por un supuesto abuso sexual a su asistenta

La acusación particular eleva la petición de condena a los dos años y medio de cárcel por besarla y obligar a tocarle sin su consentimiento

OLAYA SUÁREZ GIJÓN.

La Fiscalía solicita la condena de un hombre de 71 años por un supuesto caso de agresión sexual a la mujer que realizaba labores del hogar en su domicilio. La acusación pública pide para el procesado, alto ejecutivo de una empresa gijonesa, el pago de una multa de 6.000 euros. Considera probado que «le puso la mano encima de la pierna a la víctima y a continuación le introdujo la lengua en la boca sin su consentimiento, al tiempo que le agarraba la mano a la mujer y se la ponía encima de los genitales».

Según el relato de la denunciante, logró zafarse «al decirle que su marido le estaba esperando abajo en el coche». La Fiscalía explica en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, que la mujer acudió al domicilio del acusado para hacerle entrega de la ropa que le había lavado y planchado. En ese momento, le preguntó al presunto agresor «si le podía conseguir un trabajo para su marido en la empresa en la que él trabaja». Además de la multa, solicita una indemnización de 250 euros para la presunta víctima en concepto de daños morales.

Los hechos denunciados tuvieron lugar la tarde del 31 de enero 2017. El juicio está pendiente de señalar en el juzgado de lo Penal número 1.

La defensa, ejercida por el abogado Alberto Rey, pide la libre absolución y apunta que el relato de la denunciante no es veraz. Por su parte, la acusación particular, ejercida por el letrado Javier Díaz Dapena, solicita para el procesado una condena de dos años y medio de prisión, además de la imposición de la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la denunciante, así como comunicarse con ella por cualquier medio. La prohibición deberá extenderse durante el tiempo de la condena, en opinión de la representación legal de la presunta víctima, que pide también 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

«Además de sufrir el propio daño moral por verse despreciada y avasallada sexualmente a raíz de los hechos, ha precisado tratamiento farmacológico y médico, permaneciendo en la actualidad bajo control del Servicio Médico de Salud Mental del Principado de Asturias», señala la acusación particular de la denunciante.

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