La Alamedilla, el hilo del que tiró el inspector gijonés en el 'caso Nicolay'

Finca de La Alamedilla, en Toledo, que el 'pequeño Nicolás' pretendía vender. / TOLEDONEWS
Finca de La Alamedilla, en Toledo, que el 'pequeño Nicolás' pretendía vender. / TOLEDONEWS

La propiedad, valorada en doce millones de euros, fue considerada una empresa pantalla de Mario Conde y Arturo Romaní tras el escándalo Banesto

RAMÓN MUÑIZ / OLAYA SUÁREZ GIJÓN.

La finca de La Alamedilla, un palacete situado en la provincia de Toledo que en la actualidad se vende por doce millones de euros, fue la clave en la detención de Francisco Nicolás Gómez. El grupo IX de Asuntos Internos de la Policía Nacional, dirigido por el inspector gijonés Rubén Eladio López, arrestó al joven días después de que se reuniese con el empresario Francisco Javier Martínez de la Hidalga, uno de los dueños de la citada propiedad y de quien recibió 25.000 euros en concepto de depósito por un supuesto crédito que le conseguiría del Banco Nacional de Guinea de 20 millones de dólares.

Fue esa finca la que llevó a apuntar directamente al comisario Villarejo -en prisión desde hace dos meses-, quien presuntamente mediaba por Adrián de la Joya, amigo íntimo y uno de los propietarios en una amalgama de sociedades y que, según los investigadores, se usaba como aval para obtener financiación a través de créditos hipotecarios desde el mismo día de la constitución de la sociedad titular, Hacienda La Alamedilla, el 5 de abril de 1997. Es aquí donde aparecen en escena, como socios fundadores, Mario Conde (expresidente de Banesto y expresidiario) y Arturo Romaní (exvicepresidente de Banesto), fundadores de Inversiones Rondonópolis que le compró la finca en octubre de 1994 a la financiera de Banesto y se la vendió en 1997 a Hacienda La Alamedilla.

La comisión judicial del caso, liderada por el inspector Rubén Eladio López, «ha dirigido contra el señor Villarejo la investigación desde el inicio». Así lo exponía el fiscal adscrito al 'caso Nicolay' al recibir un informe firmado por el agente gijonés proponiendo dar un salto cualitativo en el caso. El asturiano y sus hombres se habían pasado meses tirando de un hilo aparentemente secundario de esta historia y que tiene a una misteriosa grabación del protagonista. Seis días después de detener al 'pequeño Nicolás', el inspector gijonés y el comisario al frente de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, se reunieron con dos espías del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para discutir cuestiones del operativo; la cita tiene lugar en el despacho del comisario y, sin que lo sepan ninguno de los cuatro, lo que allí se dice es grabado por una persona sin identificar. Ese quinto oyente se las arreglará para hacer llegar el audio a los medios de comunicación y al propio Francisco Nicolás Gómez. Tanto el sospechoso como los primeros periodistas que difunden la grabación, sugieren que en ese encuentro se habló de «lavar pruebas». El audio es de baja calidad y los análisis periciales de la Policía Científica no confirman el uso de tal expresión.

Informe de alto riesgo

El magistrado-juez al frente del caso, Arturo Zamarriego, ordena a los agentes que dirige el inspector gijonés que averigüen quién y cómo se realizó la grabación. Tras meses de trabajo, ponen sobre la mesa un informe de alto riesgo. La tesis es que un periodista asturiano llamó al teléfono de Martín Blas durante esa reunión y, mediante algún tipo de programa espía, registró las conversaciones. El redactor trabaja en un medio digital cuya sociedad matriz pertenece a José Manuel Villarejo. Los agentes creen que este comisario es dueño de un conglomerado de catorce empresas, dedicadas a los medios de comunicación, la abogacía, al informática o el espionaje, todo acumulando un patrimonio millonario. También presentan indicios según los cuales el mismo mando estuvo reunido con el periodista Eduardo Inda y otros que difundieron detalles clave de la investigación. Por todo ello solicitan permiso para detener a Villarejo, a su mujer y al periodista asturiano. Y también para interrogar a Inda y a diez informadores y oficiales de la Policía.

Es en ese momento cuando el fiscal rompe la baraja. La comisión judicial que a las órdenes de Rubén Eladio López ha investigado el asunto «ha dirigido contra el señor Villarejo la investigación desde el inicio», valora. «En la causa se han practicado numerosas diligencias encaminadas a acreditar su presunta participación en la grabación ilícita y su difusión», agrega. El fiscal recrimina, sin embargo, que las pruebas que unen a Villarejo con el entramado empresarial proceden de oficios de Asuntos Internos, en lugar de haber sido recabadas específicamente para este procedimiento; también cuestiona que se dé por hecho que el mando policial se reunió con Inda y otros periodistas por el mero hecho de que sus teléfonos móviles entraran en el radio de acción de la misma antena. El fiscal, en definitiva, «no considera que existan indicios de entidad suficiente» como para actuar contra Villarejo, dice.

Denuncias archivadas

La versión del polémico excomisario es la de que el inspector gijonés y su superior «han falsificado pruebas» para implicarle en la 'operación Nicolay'. En las denuncias que cursa contra ambos compañeros argumenta que todo es una venganza del CNI. El motivo es que, asegura, su red de confidentes en Siria le habían asegurado que parte del dinero que el Gobierno español puso para pagar un rescate en ese país no llegó a los terroristas, sugiriendo su sustracción por el propio Centro. Los magistrados archivan las denuncias del comisario contra el gijonés y la partida parece quedar en tablas hasta noviembre. Fue entonces cuando la Fiscalía Anticorrupción ordena la detención de Villarejo y otro mando policial.

Los acusa de haber recibido ingentes sumas de dinero en paraísos fiscales de políticos guineanos a los que supuestamente proporcionaban informes, protección y les dejaban pasar por la frontera sin permiso para ello. La pista fue una denuncia anónima que llegó a la Fiscalía Anticorrupción con el contrato firmado con esos guineanos y los documentos que les habría entregado Villarejo. Una vez salta la detención, David R. Vidal se mostrará ante los medios de comunicación como el autor de la denuncia anónima. En su currículum está haber trabajado trece años para el CNI.'

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