El alquiler de parcelas municipales para uso agrario, por un máximo de 20 años

La duración de los contratos dependerá del uso agrícola que se pretenda dar a cada parcela. Las que se vayan a utilizar para pastos o huerta al aire libre se adjudicarán por cinco años, prorrogables dos años más. En las que se plantee la instalación de invernaderos que ocupen al menos el 25% de la finca, se entregarán por diez años, con opción a una prórroga de cinco. Y los que se destinen al cultivo de «pequeños frutos» se otorgarán por veinte años, no prorrogables.

Las parcelas que tengan la calificación urbanística de núcleo rural solo podrán destinarse a huerta al aire libre y pastos. En este último caso, además, en cada hectárea de terreno solo se permitirán un máximo de «cuatro unidades de ganado mayor o su equivalencia en ganado menor» -cuatro vacas adultas, 26 ovejas o cabras, 16 cerdas reproductoras, 13 potros, etcétera-. En las parcelas que se destinen a cultivos, éstos deberán tener una finalidad económica. Estarán prohibidas «la silvicultura y cualquier plantación arbórea», aunque sí se permitirán las especies arbustivas. Los arrendatarios no podrán realizar ninguna construcción en estas fincas, con la salvedad de las instalaciones de riego, invernaderos y casetas de aperos, que precisarán en todo caso de autorización municipal.

La renta de alquiler se pagará por años completos en los quince primeros días de cada ejercicio. Cuando se abra la convocatoria, los interesados en estas parcelas podrán presentar ofertas al alza a partir de un precio mínimo de 250 euros por hectárea al año. En los criterios que se tendrán en cuenta para adjudicar los arrendamientos el importe de la renta de alquiler tiene un valor equivalente al 20%. Otro 10% irá en función del número y formación de los empleados y autónomos que trabajarán en la parcela, un 30% al proyecto de explotación, otro 30% a mantener una orientación «exclusivamente ecológica» y un 10% al proyecto de comercialización.

El borrador de las bases quedó abierto a sugerencias del consejo sectorial. Xixón Sí Puede, promotor del proyecto, pidió incluir entre los posibles cultivos los árboles frutales, cuestión que Patrimonio se comprometió a estudiar, aunque podría obligar a concesiones más amplias.