Apta dice que la deuda del Principado le impide crecer y le abocará al cierre

Apta dice que la deuda del Principado le impide crecer y le abocará al cierre
Joaquín Fernández Bárcena, Susa Nuño y Francisco Delmiro, en las instalaciones de Apta. / AURELIO FLÓREZ

El centro especial de empleo, con un 85% de plantilla con discapacidad, aguarda por los 600.000 euros de 2017. «Nos sentimos ninguneados»

LAURA MAYORDOMO GIJÓN.

«Se nos acabó la paciencia». En el centro especial de empleo de Apta crece el desaliento. La directiva de la Asociación de padres y tutores de antiguos alumnos del Sanatorio Marítimo que fundó la empresa hace tres décadas advierte de que ésta afronta un escenario crítico debido a la demora del Principado en abonar la subvención del 50% del salario mínimo interprofesional a la que le obliga la ley por cada persona con discapacidad empleada. Las ayudas correspondientes a 2017 y aún no percibidas ascienden a 600.000 euros. «¿Quién puede resistir todo un año sin recibir el dinero correspondiente? En una empresa como ésta, en la que se trabaja sin ánimo de lucro, es demasiado», se queja el presidente de la asociación, Joaquín Fernández, respaldado por los miembros de la directiva Susa Nuño y Francisco Delmiro.

A eso se suma «una serie de promesas incumplidas» por parte de las consejerías de Servicios y Derechos Sociales y de Empleo, Industria y Turismo. Como que el complemento salarial a la gran discapacidad del 25% que ya aplican algunas comunidades autónomas y se les prometió inicialmente acabara después rebajado al 10%. «Y ni eso, porque al final la ayuda correspondiente a 2016 fue del 5%. Nos prometían 200.000 euros y acabamos recibiendo 58.000», exponen. Las ayudas correspondientes a 2017 aún no han sido convocadas.

Es, dicen, la peor situación a la que se enfrenta Apta en los diez últimos años. Una situación que lastra su presente y complica su futuro precisamente en un momento en que la llegada de un nuevo cliente garantiza la carga de trabajo, hasta el punto de haber incorporado recientemente a cuarenta empleados más para poder hacer frente a sus encargos.

La cuestión es que esa ampliación de personal juega en su contra. ¿La razón? Al haberse producido después de la certificación de plantilla con discapacidad, la empresa no percibió esa subvención del 50% que correspondería a los salarios de estos cuarenta trabajadores. No lo hará hasta la siguiente regularización. Y al haber cambiado recientemente las reglas -a mediados del año pasado se decidió que las convocatorias pasaran de semestrales a anuales- su inclusión en las ayudas aún se demorará más, apuntan.

Dividiendo la ayuda autonómica correspondiente a 2016 entre todos los empleados con discapacidad de Apta, el resultado es que en lugar de sufragar el 50% de las nóminas, la ayuda solo alcanzó el 39% de esa partida. Así las cosas, la empresa ha podido continuar con su actividad recurriendo a su remanente. El problema es que esos fondos propios no darán para más allá de tres o cuatro años, según sus cálculos.

162 trabajadores

En la actualidad, Apta cuenta con 162 trabajadores en activo -el 85% de ellos con una discapacidad- y otros 50 afectados por un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE), que ya no perciben ninguna prestación. Es el mayor centro especial de empleo de la región. «Pero nos sentimos engañados y ninguneados porque solo recibimos buenas palabras, pero los hechos son nefastos. Las administraciones no tienen ningún interés en que Apta siga existiendo», afean al Principado y al Ayuntamiento de Gijón.

«Es vergonzoso. Nadie entiende que se trata de un problema social. Si estas personas no trabajan aquí no lo harán en ninguna otra empresa, porque su rendimiento no es el mismo que el de personas con una discapacidad física. Es mucho menor, pero económicamente reciben el mismo trato por parte del Gobierno», se quejan.

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