Arcelor, Tudela Veguín y EdP deberán reducir sus emisiones en Gijón entre un 40% y un 70%

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el consejero, Fernando Lastra. / AURELIO FLÓREZ.

El consejero Fernando Lastra destaca, durante un debate sobre la calidad del aire del concejo, que en la actualidad «todos los contaminantes que mide la red oficial están por debajo del límite legal, y eso es una buena noticia»

Iván Villar
IVÁN VILLARGijón

El Principado pretende que en los próximos años tres de las principales industrias radicadas en Gijón -la factoría siderúrgica de ArcelorMittal, la cementera de Tudela Veguín y la central térmica de EdP- reduzcan sus emisiones contaminantes entre un 40% y un 70%. Así consta en las comunicaciones remitidas a estas empresas en el marco de la tramitación de unas nuevas autorizaciones ambientales que la administración regional prevé aprobar en un máximo de seis meses. El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, hizo este anuncio durante su participación en un debate público sobre la calidad del aire en el concejo, celebrado en la Escuela de Comercio y en el que también participaron la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el concejal David Alonso, de Xixón Sí Puede.

Lastra destacó que aunque las políticas en materia de medio ambiente deben ir orientadas a «tratar de tener las emisiones más bajas posibles», en la actualidad «todos los contaminantes que mide la red oficial están por debajo del límite legal, y eso es una buena noticia». Recordó que en los últimos años se han puesto ya en marcha varios planes con medidas concretas y se han realizado estudios para conocer las fuentes de emisión «y actuar sobre el foco del problema» y aseguró que en lo que respecta a la contaminación de origen industrial se ha optado por buscar soluciones «de forma dialogada, exigente y rigurosa, estableciendo una relación seria con las empresas». Consideró que «el dilema medio ambiente o empleo no es un planteamiento correcto, porque la respuesta debe ser medio ambiente y empleo».

Carmen Moriyón defendió la importancia del trabajo coordinado entre administraciones y advirtió que aunque la red oficial de vigilancia y control no detecta niveles fuera de lo permitido y sí un descenso de contaminantes en los últimos años, «los vecinos no lo perciben y no podemos mirar para otro lado». Recordó que la estación móvil instalada hace un año por el Ayuntamiento en El Lauredal sí registra más superaciones de las permitidas en lo que respecta a las partículas PM10 (menores de diez micras), si bien puntualizó que «ni se me pasa por la imaginación decir que el resto de datos se cocinan o que las estaciones estén trucadas, porque si lo pensara tendría que actuar. Y si alguien lo cree, que vaya a donde debe ir». Destacó los avances logrados en los últimos años en lo que respecta a la inspección más rigurosa de las empresas potencialmente contaminantes y el compromiso de inversiones por parte de la Autoridad Portuaria. Y fijó para «septiembre u octubre» la aprobación del nuevo plan de movilidad sostenible, que pretende reducir las emisiones procedentes del tráfico motorizado.

Por su parte David Alonso, promotor de este debate público, reclamó «rigor» a la hora de hacer cumplir «a todos» con la legislación ambiental vigente y remarcó cómo los principales picos de contaminación se dan «por las noches». Hizo hincapié en los efectos que tiene sobre la salud, especialmente entre niños y adolescentes. «Nos llevamos las manos a la cabeza si vemos a unos chavales fumando, pero no con el aire que respiran cuando se disparan las PM10». Y reclamó, en línea con las recomendaciones recogidas en los estudios realizados al respecto, «incorporar los elementos de salud en todas las políticas».

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